La alcaldesa de Alcorcón, inhabilitada cinco años para dirigir compañías

Un juez la considera culpable de que la empresa municipal del suelo entrara en concurso de acreedores

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, en su despacho durante una entrevista en mayo de 2020.
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, en su despacho durante una entrevista en mayo de 2020.ADOLFO BARROSO

La alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, ha sido condenada este martes a cinco años de inhabilitación para dirigir empresas. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, el magistrado Francisco Javier Vaquer Martín, ha sentenciado que hubo una mala gestión en la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa, dependiente del Ayuntamiento alcorconero), lo que provocó que entrara en concurso de acreedores. Otros ocho consejeros de esta entidad, incluido el exalcalde Enrique Cascallana con 10 años de inhabilitación, también han sido condenados. La regidora ha adelantado a EL PAÍS que recurrirá el fallo, ya que todas las decisiones se tomaron con los preceptivos informes técnicos y se cumplió “a rajatabla” la legislación vigente.

El concurso de acreedores comenzó hace casi 10 años, con la victoria del PP en Alcorcón y de David Pérez ―el actual consejero de Transportes― a la alcaldía. Los populares cifraron entonces el pasivo de Emgiasa en unos 330 millones de euros, por lo que pidieron el concurso de manera voluntaria. El principal acreedor era el Ayuntamiento, que había destinado las plusvalías de la venta de pisos, plazas de aparcamiento y de locales comerciales a la construcción del macroproyecto del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA).

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, que consta de 58 folios, recoge que fue inadecuado el reparto de 16,1 millones de beneficios al Ayuntamiento, así como el traspaso de una partida de reservas voluntarias de otros 19,4 millones. Y eso, pese a que los nueve integrantes del consejo de administración tenían que pagar los 114 millones de las obras del Creaa. Emgiasa tampoco reflejó en sus cuentas que había sentencias que la condenaban a pagar mayores cantidades por las expropiaciones del barrio del Ensache Sur (donde se levantaron 7.000 viviendas sociales). Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a la devolución de los beneficios, con intereses incluidos ―unos 20 millones de euros en total, por parte del Consistorio a la empresa pública―.

Otro punto que también refleja el fallo es que Emgiasa contrató con Gesmansur, pese a no contar con un contrato válido. Se prescindieron de los trámites administrativos que recogía la legislación en materia de contratación. Hubo, según la fiscalía, un sobreprecio en la facturación con esta compañía de 1,5 millones. El Ministerio Público de hecho pidió que el concurso fuera declarado como culpable y que se determinaran “las sanciones y responsabilidad civil”, basadas en los hechos y alegaciones que constan en su dictamen. Habló de una gestión “negligentes” y de una “conducta dolosa” que desencadenó “la situación de insolvencia”.

El fallo del Juzgado de lo Mercantil también condena a tres años de inhabilitación para dirigir empresas al entonces director de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento, José Jiménez Nistal; a la exconcejal de Seguridad, Salomón Matías Matías; a la exedil de Salud y Consumo, Tatiana Ercolanese Muñoz, y a los concejales socialistas Manuel Lumbreras, Francisco Siles Tello y Antonio Elviro Arroyo, junto con la edil de IU Adela Otero Juidiaz.

La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Alcorcón ha emitido un informe en el que queda reflejado que la sentencia no afecta a Natalia de Andrés como alcaldesa. Por una parte, no se trata de una sentencia firme ya que cabe recurso contra la misma. De hecho, la propia regidora ya ha anunciado que apelará el fallo al entender que hubo la máxima transparencia en su gestión. Por otro lado, la sentencia solo restringe su participación en la dirección y gestión de empresas mercantiles ―actividad privada―, por lo que no se refiere en ningún momento a su actividad política ―propia del ámbito público―, según dicho informe al que ha tenido acceso EL PAÍS.

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Sobre la firma

F. Javier Barroso

Es redactor de la sección de Madrid de EL PAÍS, a la que llegó en 1994. También ha colaborado en la SER y en Onda Madrid. Ha sido tertuliano en TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, está especializado en Sucesos y Tribunales. Además, es abogado y criminólogo.

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