La politización de la Policía Municipal de Madrid

Igual que los Contratos Integrales de Limpieza son el elemento de gestión municipal clave de la limpieza de las calles, el Acuerdo Laboral de la Policía Municipal de Madrid es la piedra angular de la gestión en materia de seguridad ciudadana. Y Martínez-Almeida tiene su negociación abierta en canal, produciendo un enorme daño al Cuerpo y a la ciudad. Este debate debe ser cerrado, con consenso general, para dar paso a lo que de verdad importa a la ciudadanía: el papel y el servicio de Policía Municipal. En Más Madrid tememos que esto no esté ocurriendo por intereses exclusivamente partidistas.

Al igual que pasó con la limpieza, la seguridad ciudadana fue otro de los debates de gran intensidad durante el mandato de Manuela Carmena. Sin embargo, con la llegada de Almeida Madrid sigue igual de sucia, y todo a pesar de haber sido él el que ha renovado los Contratos Integrales de Limpieza metiendo 80 millones de euros más al año para lograr un resultado parecido a los anteriores confeccionados por Ana Botella; y, de igual manera, los datos de seguridad ciudadana son básicamente iguales. Misteriosamente, ambos debates se han diluido por arte de magia.

Mientras que Carmena no podía renovar la gestión de la limpieza, pues los contratos vencían en 2021, el vigente Acuerdo de Policía Municipal fue elaborado durante su mandato. Sin embargo, el debate no pudo ser cerrado nuevamente debido a la política de tierra quemada practicada por Almeida en la oposición. De hecho, prometieron negociar uno nuevo y ahí andan enredados. Porque había un problema, como ahora todos los actores reconocen, el Acuerdo pactado siendo Javier Barbero delegado de Seguridad era difícilmente mejorable. Hoy vemos el resultado de tamaña irresponsabilidad: manifestaciones de Policía Municipal contra Almeida porque lo propuesto por el PP empeora las condiciones previas, algo que mantendrá este debate abierto eternamente mientras continúe el PP en el poder.

Para defenderse, el PP se ha sacado de la manga, cómo no, un argumento con el que ocultar su incapacidad de gestión con su ya clásico ventajismo partidista dañino para la ciudadanía: las tasas de reposición. Esa norma del Estado que instaló el ministro del PP Cristóbal Montoro para impedir la incorporación de personal a las administraciones públicas. Bajo esa misma situación, en el mandato pasado, Almeida entonces en la oposición, se negó a ayudar a Carmena a promover cualquier modificación. Por supuesto que las tasas de reposición deben ser reevaluadas, y además debe hacerse cuanto antes, porque en Madrid faltan policías (y médicas, enfermeras, bomberos, psicólogas, profesores...) desde hace muchísimos años.

Hay varias cuestiones en las que el actual Acuerdo puede ser, más que mejorado, actualizado, tal como aprobó el Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de diciembre, con los votos en contra del PP y de Cs. Establecer la jornada de 35 horas (cuando se firmó el actual no era la norma para todos los funcionarios, pero ahora lo es); mantener que la productividad se calcule trimestralmente (el PP pretender hacerlo anualmente); pagar el ejercicio de responsabilidades superiores no solamente a Comisarios de libre designación, sino también al resto del escalafón; o reconocer intereses de demora en el retraso del pago de horas extra (el PP lleva financiando al Ayuntamiento con el salario de Policía Municipal desde que volvió a Cibeles).

En cambio, lo que vemos a diario es una sucesión de episodios de clientelismo partidista que comprometen el buen funcionamiento de Policía Municipal. Oposiciones plagadas de irregularidades para incorporar “amiguetes” al Cuerpo, y que Más Madrid ha llevado al Contencioso Administrativo; una gestión de compras sospechosa, que Más Madrid denuncia en cada Comisión de Vigilancia de la Contratación; la connivencia de Almeida con Ayuso ocultando 400 actas de Policía Municipal que describían punto por punto el abandono de la Comunidad de Madrid de las residencias durante los meses de marzo y abril de 2020; meter en un cajón un informe interno de Policía Municipal que pudo haber evitado que la extrema derecha desfilase por Chueca; hasta ignorar el Plan Director de Policía Municipal de Madrid, que enfoca sus labores a las que le son propias: la prevención y la policía de cercanía.

Para perseguir el crimen o hacer de antidisturbios ya está la Policía Nacional, y duplicar las funciones solo tiene como objetivo seguir politizando a la Policía Municipal, a costa de restarles capacidad en sus competencias exclusivas: hacer cumplir las Ordenanzas Municipales.

Es imprescindible que una ciudad como Madrid termine con el debate populista, más propio de la Antigua Roma, de tener las condiciones de trabajo de la Policía Municipal permanentemente encima de la mesa. Hay que cerrarlo y debatir sobre un modelo de seguridad consensuado, alineado con las funciones que le son propias y dedicado al reequilibrio territorial (la presencia policial en los barrios del Sur sigue siendo un mal endémico de la gestión de la seguridad del Ayuntamiento de Madrid).

Sin seguridad ciudadana, no hay libertad. Sin la convivencia que exigen las Ordenanzas Municipales, tampoco, y poner en el centro intereses partidistas que solo agitan el sectarismo, es exactamente lo contrario.

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