Collado Villalba contrata para su oficina contra la ‘okupación’ a un empresario investigado por allanamiento

Mariola Vargas, alcaldesa popular de Collado Villalba, decidió utilizar a mediados de este año 15.000 euros del presupuesto municipal para abrir una Oficina Antiocupación que ofrece asesoramiento jurídico a propietarios de viviendas del municipio. El contrato se firmó sin concurso público con la empresa Desocupaciones Técnicas SL, cuyo administrador único es Salvador Palazón Marquina, el mismo que el de Desokupa Express, una firma con investigaciones abiertas por allanamiento de morada.

La okupación de viviendas no parecía ser un problema candente a la vista de los datos recogidos en las estadísticas oficiales del Ministerio de Interior, que señalan que durante el año 2020 el número de denuncias por este delito ascendieron a un total de 13.

Las cifras que ofrece el Ayuntamiento para justificar la creación de esta oficina no concuerdan con los datos del Ministerio del Interior en lo que respecta a otras poblaciones de la Comunidad de Madrid. Así, si en los últimos cinco años, se registraron un total de 35 denuncias por okupación o allanamiento de vivienda en la localidad de Collado Villalba, dicha cifra es notablemente inferior a la registrada en municipios similares en número de habitantes como Aranjuez (102), Valdemoro (60) o Arganda del Rey (45).

En el auto al que ha tenido acceso este diario contra la empresa de desocupaciones que comparte propietario con la adjudicataria de la oficina antiocupación de Collado Villalba, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Sevilla da orden a la fiscalía de Sevilla para que investigue la actuación de dicha empresa el día 28 de octubre en el barrio de Nervión. En el documento, la jueza solicita a la Policía Nacional que permita “en la medida de lo posible restaurar a los denunciantes en la situación que estaban y si no es posible, se les permita recoger sus enseres”. Finalmente, las familias pudieron regresar a las viviendas una vez que se constató que la actuación de esta empresa había sido irregular. La Policía ha advertido en varias ocasiones de que las prácticas de algunas de estas empresas contra la okupación rozan la ilegalidad. Este auto se archivó provisionalmente, aunque se ha recurrido.

La Asamblea de Vivienda de Villalba, colectivo que hizo pública esta situación, no se explica cómo se pudo adjudicar este servicio a una empresa con tales antecedentes. El portavoz de la Asamblea, Pablo López, afirma no saber si “se firmó este contrato a sabiendas de las actividades de Desokupa Express, en cuyo caso debería haber dimisiones y una investigación”.

El Ayuntamiento ni confirma ni desmiente estar en conocimiento de la situación jurídica de su adjudicatario. Una portavoz asegura que la actuación del Consistorio es “correcta” porque no hay impedimento legal actual, según su criterio, para la contratación pública. “Esta administración no entra ni debe entrar a valorar posibles situaciones jurídicas que mantenga el administrador de la sociedad contratada”, apuntan.

“Se solicitaron tres presupuestos y se optó por el de menor importe, en este caso el ofrecido por la mercantil Desocupaciones Técnicas SL, por importe de 15.000 euros”, señala la portavoz municipal. Sin embargo, estas declaraciones no coinciden con las de Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), y que forma parte del equipo de la Oficina del municipio. Tal y como él mismo explicó en una entrevista en el programa Más de Uno Sierra de Onda Cero que se puede escuchar en su web, “la alcaldesa se puso en contacto con nosotros para que gestionemos y demos el soporte para este tema”. Es decir, de sus palabras se deduce que no hubo concurrencia competitiva, y la contratación se cerró a dedo con Desocupaciones Técnicas SL. EL PAÍS ha intentado incorporar las explicaciones de la empresa de desocupaciones, pero esta no ha querido responder.

Cientos de atendidos

De acuerdo con la información que ofrece la portavoz de Collado Villalba desde el 15 de julio —fecha de apertura del servicio— y hasta el 15 de octubre “la oficina había atendido a 314 personas, lo que supuso la apertura de 121 expedientes. De esas 314 personas, el 100% correspondían a particulares”. Es decir, en tres meses de actuación de la oficina, se ha multiplicado por 24 el número de denuncias en el municipio. De momento, la Oficina permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre, fecha de fin de contrato, sin que se haya confirmado su prórroga.

Mientras tanto, en los últimos dos meses, cuando aún está en vigor el decreto antidesahucios estatal que se promulgó durante la pandemia y que se ha extendido recientemente, dos familias monomarentales con varios hijos y vulnerabilidad acreditada ante los servicios sociales de la localidad han sido desahuciadas de pisos de bancos, en este caso el Santander. “Estefanía, el 16 de septiembre con dos niñas a su cargo, y Fátima, con seis hijos el 19 de octubre, las dos fueron echadas a la calle y sin alternativa habitacional”, denuncia Pablo López. Ambas eran víctimas de violencia de género, pero ni aun así el juzgado paralizó la ejecución. Marta, otra vecina con una hija, tuvo más suerte y su desahucio fue evitado el 28 de octubre. De momento.

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