Alquiler en negro, familias sin casa y un inversor iraní expropiado: el desahucio a cuentagotas de un palacio madrileño

Son las siete y media de la mañana cuando la Policía Nacional corta la calle de la Luna, en el madrileño barrio de Malasaña. Allí está situado el antiguo palacio de la Infanta Carlota, un edificio de titularidad municipal expropiado en 2011, en el que viven unos 230 vecinos sin ningún contrato de alquiler: son 190 adultos y 40 niños. Pero ayer finalizaba el plazo fijado por el juez para que nueve familias abandonaran el edificio, una decisión que afecta a unas 40 personas, que se han afanado durante toda la noche en sacar sus pertenencias del edificio. Unas tres horas después del cierre de la calle, llega la comitiva judicial que ha de certificar la salida de los afectados, pese a que no tienen otro lugar donde vivir.

Es el primer paso para desalojar el edificio por completo. El siguiente ya tiene fecha: una segunda orden judicial notificada ayer ordena marcharse el próximo 30 de noviembre a otras nueve familias. No se trata de un desalojo por impago de la renta, sino de que el Ayuntamiento de Madrid ha llevado a los juzgados la recuperación de un inmueble de su propiedad, en el que, asegura un portavoz del área de Urbanismo, “existen negocios ilegales de hospedaje en condiciones insalubres”.

El antiguo palacio de la Infanta Carlota comparte arquitecto con el Museo del Prado, Juan de Villanueva. Por eso, a mediados de los años 2000 la singularidad del inmueble atrajo a un inversor iraní, que lo adquirió. Sin embargo, pronto se desentendió del mantenimiento y la rehabilitación del edificio, que fue decayendo. En 2011, en un movimiento pocas veces visto en la capital, el Ayuntamiento lo expropió a este inversor, que cobraba a los vecinos por el alquiler 400 euros al mes en negro. Desde entonces, los inquilinos no han tenido un casero al que pagar y se han convertido, a efectos administrativos, en okupas. En la puerta, ahora custodiada por la policía, hay un cartel que atestigua que el edificio es de propiedad municipal.

“No entendemos cuáles son las prisas del Ayuntamiento para desahuciar a toda esta gente. Sin cerrar por escrito una solución habitacional, muestra su total falta de humanidad”, denuncia Jordi Gordon, presidente de la asociación de vecinos SOS Malasaña.

Ni la Junta Municipal del distrito Centro, ni el área de Urbanismo aclaran los planes que tiene el Consistorio para el edificio, aunque sí explican que será un edificio dotacional para el barrio. Además, un portavoz del área de Servicios Sociales es que, desde hace varios meses, están valorando la situación de todas las familias del edificio, especialmente de las que han recibido la notificación de desalojo de los juzgados. Eran en su mayoría de origen chino y no hablaban español, por lo que, desde la notificación de desalojo hasta ayer, no habían presentado ningún recurso, ni tampoco contaban con abogado de oficio. Por eso, explican fuentes municipales, no se ha activado la protección del decreto antidesahucios ampliado hasta febrero.

Los Servicios Sociales han emitido “informes de vulnerabilidad de la totalidad de las viviendas” —lo que habría permitido a los inquilinos mantener la protección del decreto, si así lo hubiera determinado el juez— y han tratado de citar, durante meses, a todos los desalojados ayer para ofrecerles un alojamiento alternativo.

De las personas que habían acudido a servicios sociales, agregó el mismo portavoz, “se han tramitado cinco prestaciones de alojamiento alternativo, de las que finalmente solo una ha querido acceder a ella”. El resto declinaron por tener otras opciones de alojamiento. Además, en el último momento, cuatro personas pidieron una plaza de emergencia y el Samur Social las tramitó. Entre ellas, la solicitó una mujer de 39 años con un bebé en brazos.

Tres meses

”Es inaudito que [el Ayuntamiento] vaya a dejar en la calle a familias en situación de vulnerabilidad a las que como mucho les ha ofrecido una habitación para tres meses”, afirmó la concejal de Más Madrid, Mar Barberán, que había acudido a apoyar a los desalojados. Como Dolores Sanchez, de 65 años, que vive sola. Se queja de dolores en todo el cuerpo, dice que con los años el sufrimiento cada vez le afecta más. Esta situación la tiene muy angustiada. Estuvo pagando durante años 300 euros por el alquiler y el agua. Ahora, no tiene un lugar donde vivir. “Yo me aguantaré aquí hasta que tenga fuerzas”, dice.

Otra inquilina, Ainhoa, de 27 años, no pudo pegar ojo en toda la noche. Sabía que en cualquier momento llegaría la comisión judicial y tenía miedo de que le tocará también a ella. Intentaba salir y pasar el cordón policial con los ojos enrojecidos y la voz nerviosa. Al final, ayer durmió en su cama, pero no sabe hasta cuándo. Ella y sus hijas viven en el edificio, porque no encuentran ningún lugar asequible que alquilar en Madrid. Quiere marcharse, pero no tiene trabajo y no se puede permitir pagar una casa. “Necesito un alquiler social para llevarme a mis hijas”, lamentaba.

El caso de esta familia es solo uno de las decenas que conviven en el antiguo palacio. Como Ramón Pino, de 55 años, que lleva nueve años viviendo en el edificio y tampoco tiene dónde ir. Vive con miedo, no sabe cuándo será el último día en su casa.

”Estos casos se seguirán dando, y si los vecinos y la sociedad civil organizada dejan de acudir y no son suficientes para paralizar en la puerta un desahucio frente a las patrullas policiales, se seguirán dando, y las familias quedarán en la calle como lleva pasando los últimos años”, afirma. ”Lo peor es que la futura Ley de Vivienda tampoco sería efectiva en el caso de que una familia vulnerable se quedara en la calle como es este caso. El parque público de vivienda es tan escaso y las previsiones son tan malas que no hay suficientes, ni una previsión de reserva para emergencias para casos como este”, afirma Fernando Bardera, portavoz del Sindicato Inquilinas e inquilinos de Madrid.

Mientras ve a sus vecinos hacer las maletas, Ezequiel, de nueve años, le escribe al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para pedirle que no lo deje sin casa: “Yo estoy en el cole aquí en el barrio y he nacido aquí, mis amigos y todo lo que tengo por favor no nos eche. Tengo miedo”.

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