Vox activa los trámites para intentar derogar las leyes LGTBI pese a que Ayuso se opone

Vox ha activado este viernes en la Asamblea de Madrid la tramitación de su ley de igualdad, que incluye una cláusula para derogar las dos leyes LGTBI de la región, y cuya admisión a trámite se votará el jueves 16 de diciembre en el Parlamento regional. Si el PP se une a Vox en esa votación, el texto será remitido a la comisión correspondiente, donde los partidos pueden cambiarlo antes de que se intente su aprobación definitiva. Con todo por negociar entre los dos socios presupuestarios, dos cosas son seguras. La primera: el PP considera “manifiestamente inconstitucionales” diversos aspectos de una ley de igualdad que no menciona ni una sola vez la palabra “mujer”, aunque no avanza lo que votará el 16. Y la segunda: Isabel Díaz Ayuso ya ha dejado claro en sede parlamentaria que está en contra de derogar las dos leyes, y que su apuesta se restringe a modificarlas, principalmente para eliminar dos artículos.

Se trata del artículo 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y del artículo 66 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia. Los dos explicitan la inversión de la carga de la prueba: obligan al acusado de discriminar con “hechos o indicios razonables, fundamentados o probados” a aportar una justificación de lo hecho. ¿Razón suficiente para derogar las dos leyes al completo, como pide Vox?

“Lo que se debate el 16 [de diciembre] es la toma en consideración, el día 16 no se deroga ni se aprueba nada, se admite a trámite una proposición de ley, que a partir de ahí va a comisión, se enmienda, y quién sabe cuánto se tardará en aprobar, en su caso”, dice una fuente con muchos quinquenios en el PP. “Nosotros no hemos dicho qué vamos a hacer el pleno del 16, porque primero tenemos el del 9, pero desde luego nunca estaremos a favor de derogar esas leyes. Punto”.

Herramienta de presión

No es casual la falta de concreción con la que juega el PP con respecto a su decisión de admitir (o no) a trámite la ley de igualdad de la extrema derecha. El 22 de diciembre, Vox debe permitir de los Presupuestos de Díaz Ayuso vean la luz. Y justo en el pleno anterior, 16 de diciembre, pone a prueba al PP. Una forma de usar la aprobación de las cuentas públicas como herramienta de presión para intentar mantener viva una propuesta que la formación conservadora no ve clara. Aunque lo más fácil para el PP es permitir la tramitación, para luego diluir la ley en la comisión, o dejarla languidecer en una legislatura de lo más corta (hay elecciones en 2023), fuentes oficiales declinan avanzar el sentido del voto del partido de Díaz Ayuso.

Desde 2019, cuando aún no era siquiera presidenta regional, la líder conservadora ha explicitado constantemente tanto su compromiso con la vigencia de las dos leyes como su interés por modificar aspectos concretos de la misma. Su victoria del 4-M, en la que logró 65 diputados, ofrece la oportunidad perfecta. Y Vox, la mejor excusa. El partido de extrema derecha ya subrayó su deseo de derogar ambas normas durante la sesión parlamentaria de este verano en la que apoyó la investidura de Díaz Ayuso como presidenta. Y al poco, preguntado por este diario, el nuevo portavoz gubernamental, Enrique Ossorio, sorprendió abriendo la puerta a cambiar ambos textos.

“Como portavoz del PP, yo defendí esas leyes en el pleno, y coincido total y absolutamente con su objetivo”, dijo el 21 de junio. “Estoy muy orgulloso de lo que han logrado esas leyes, pero igual que les estoy diciendo eso, he de reconocer que su redacción no es precisamente la más afortunada”, siguió. “Muchos de los artículos de esa ley no son realmente artículos de una norma, de una ley, son declaraciones que no tienen contenido legislativo. Esas leyes tienen aspectos notablemente mejorables en su redacción”, ha añadido. “Eso siempre podría ser revisable. Los objetivos [que persigue la ley], no”.

Fue la constatación de una doble herida abierta en el PP. Las dos leyes fueron aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes (2015-2018). Sin embargo, eso no quiere decir que tengan el sello de la formación conservadora, que por aquel entonces era la minoría mayoritaria de la Cámara, y dependía de Cs para ganar o perder votaciones. Así, la ley contra la LGTBIfobia fue aprobada por unanimidad, mientras que la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación salió adelante únicamente con el apoyo de la oposición, ya que contó con la abstención del PP,

Esa es la base que explica la disposición de Díaz Ayuso a su modificación, expresada personalmente por la presidenta regional el 16 de septiembre en un pleno de la Asamblea autonómica.

“¿Están dispuestos a modificar las leyes vigentes en la Comunidad de Madrid que no respeten la presunción de inocencia?”, le lanzó Rocío Monasterio durante una sesión de control. “¿Va a ser coherente y derogarlas?”, insistió.

“Hace dos legislaturas, se vio con buenos ojos, por parte del Gobierno y de los grupos de la oposición, que se intentara buscar un consenso parlamentario para intentar acabar con la discriminación, sobre todo de las personas homosexuales y transexuales, para normalizar mucho más su presencia en todos los órdenes de la vida”, le contestó desde su escaño la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Sin embargo, esto no siempre es efectivo, estoy totalmente de acuerdo”, continuó. “(...) ¿Qué pasa? Que cuando estas leyes vienen al Parlamento y hay un rodillo parlamentario de todos los grupos contra otro, finalmente muchos de estos textos se acaban pervirtiendo”, siguió. Y remató: “Por tanto, veo bien que busquemos una manera de que entre todos los grupos de esta Cámara mejoremos esas leyes”.

Solo dos meses después, ningún asunto clave de este debate ha cambiado, aunque sí lo han hecho las circunstancias. Díaz Ayuso sigue pensando que derogar las dos leyes mandaría “un mal mensaje a la sociedad”, según una fuente de su máxima confianza. En paralelo, la presidenta ha encargado al magistrado Enrique López, consejero de Justicia, “que peine” ambos textos para estudiar posibles “mejoras”. Y Vox sigue presionando para apuntarse un tanto de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

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