El Gobierno central blinda Ifema contra los efectos de la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus no se llevará por delante a la Institución Ferial de Madrid (Ifema). La posibilidad de cerrar 2020 y 2021 con pérdidas abocaba al consorcio a cambiar su forma de operar, en aplicación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido una disposición en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que le permitirá continuar como hasta ahora, si se aprueban las nuevas cuentas públicas. Fruto del trabajo Más Madrid, Más País, y el PSOE regional, el cambio supone un alivio para el segundo motor económico de la comunidad, solo superado por el aeropuerto: Ifema cerró 2019, último año sin pandemia, generando una riqueza valorada en 5.000 millones de euros, lo que representó el 3,8% del producto interior bruto (PIB) de la capital y un 2,2% en la región.

“De no haber pedido esta moratoria hubiera sido muy grave para este consorcio y por tanto para Madrid, pues Ifema hubiera pasado a depender de los presupuestos de la Comunidad de Madrid y su actividad se vería muy mermada, prácticamente no podría hacer nada de lo que hace ahora”, expone Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, sobre una entidad en la que la presidencia es rotatoria. “Esto afectaría de forma muy importante a todo Madrid (casi 30.000 puestos de trabajo, el 4% del PIB de la región)”, añade. “Habría sido un desastre”.

“Ifema es un consorcio en el que está el Ayuntamiento, la Comunidad y la Cámara de Comercio, y que funciona con arreglo al derecho privado, que es lo que le da flexibilidad para competir en el mercado”, explica Enma López, concejal del PSOE en el Ayuntamiento. “La ley de 2013 establece que no puede tener pérdidas dos años seguidos, una disposición diseñada, de alguna manera, para evitar que lo público se dedique a tener negocios ruinosos mientras compite con lo privado”, describe. “De hacerlo, en aplicación de la normativa vigente, Ifema abandonaría el régimen de derecho privado y se sometería al de derecho público, y así es imposible montar, por ejemplo, FITUR”, añade. “Sin terminar una feria ya tendrían que estar licitando la siguiente. Hubiera sido una excusa para que la derecha intentara privatizarlo”.

Nada de eso ocurrirá si el Gobierno logra sacar adelante los Presupuestos que presentó este miércoles en el Congreso de los diputados. En ellos se incluye la siguiente disposición adicional: “A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en cuanto al requisito de no incurrir en pérdidas durante dos ejercicios consecutivos, no se considerarán los ejercicios 2020 y/o 2021 cuando en ellos se haya incurrido en pérdidas”.

Ese balón de oxígeno, que también había solicitado el propio consorcio al Gobierno, es el resultado de largos meses de trabajo político y parlamentario.

Más Madrid se movilizó para exponer la situación a la que se enfrentaba Ifema, que ya cerró con pérdidas 2020 y podría volver a hacerlo en 2021 (hizo un ERTE a sus 432 trabajadores). Además, llevó el asunto al pleno del Ayuntamiento de la capital, donde también se votó a favor de que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso pagara más por haber usado la instalación para montar el hospital de campaña con el que combatió la primera ola del coronavirus. Finalmente, Más País, la marca nacional del partido regional que fundaron Íñigo Errejón y Manuela Carmena, hizo lo mismo en el Congreso.

“En el contexto de la pandemia del COVID-19 muchos de estos consorcios no solamente han visto su facturación congelada en el presente y futuro inmediato, si no que se enfrentan los próximos dos semestres a un contexto de gran incertidumbre, que eventualmente podría poner en riesgo la viabilidad de los mismos de acuerdo con la citada Ley”, expuso ya en junio de 2020 Errejón en una comunicación dirigida al Gobierno de Sánchez. “Esta situación está dificultando enormemente la planificación y gestión adecuada de estas empresas de derecho público en el contexto de la citada legislación”, subrayó. “Para evitarla, se podría habilitar una disposición legislativa con el objetivo de proteger el mantenimiento de su status actual atendiendo a la situación excepcional que estamos viviendo, que exima a estas entidades del cumplimiento del precepto de beneficios positivos para el ejercicio 2020 y, si fuera necesario, para 2021″.

Eso justamente es lo que acaba de incluir el Gobierno central en su proyecto presupuestario. Las cifras lo dicen todo sobre la importancia del cambio y de IFEMA para Madrid: en 2019 generó una facturación de 187,2 millones de euros, con un beneficio neto de 22,5 millones de euros. Un volumen de negocio por el que el consorcio podrá seguir trabajando en 2022 con las mismas herramientas que hasta ahora, si se aprueban los Presupuestos nacionales.

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