La Policía busca a mujeres a las que un enfermero grabó a escondidas en la universidad Carlos III

Agentes de la Policía Nacional de Madrid buscan desde hace semanas a las posibles víctimas de un enfermero que supuestamente grabó a dos centenares de empleadas de la Universidad Carlos III de Madrid sin su consentimiento. El sanitario tomó las imágenes mientras realizaba revisiones médicas anuales en los campus de Getafe y Leganés y fue detenido en julio, según ha adelantado elDiario.es y ha confirmado a este periódico un portavoz de la Jefatura Superior. Según los primeros pasos de la investigación, se sospecha que el enfermero podía almacenar material de alrededor de 200 víctimas.

El hombre fue denunciado por su esposa después de que esta descubriera el contenido almacenado por el hombre en varios dispositivos. La mujer se topó con imágenes de decenas de mujeres desnudas y primeros planos de partes íntimas y acudió a notificarlo a la comisaría de Aranjuez, donde reside. “En esta fase de la investigación el objetivo es tratar de localizar a las mujeres que aparecen en las imágenes para que interpongan la denuncia”, explica el portavoz policial. Por el momento todavía no se ha presentado ninguna, añade.

La universidad explica en un correo que está “ofreciendo apoyo y representación” en el proceso de forma gratuita a “aquellas trabajadoras que, voluntariamente, así lo deseen” y que pone a disposición de las posibles afectadas su asistencia jurídica. El detenido, explican desde la institución, pertenece a una “empresa externa proveedora de servicios sanitarios”. Según los datos de los que disponen en la universidad, las imágenes no han sido compartidas ni difundidas por ningún medio. “La Universidad se ha personado esta mañana en las diligencias previas abiertas como acusación particular en defensa de los intereses de la comunidad universitaria y en apoyo de las trabajadoras afectadas”, especifican.

El detenido tiene unos 50 años, es de nacionalidad española y no constan antecedentes policiales. La policía cree, según los primeros indicios, que podría haber estado recopilando este tipo de contenido desde 2014. Al enfermero se le acusa de un delito contra la intimidad, que puede estar penado con hasta cinco años de cárcel, dependiendo del uso que se dé a las imágenes, aunque sigue habiendo disparidad en el criterio. Algunos jueces lo consideran una falta leve si a las víctimas no se les ve la cara, pero la Fiscalía contra la Criminalidad Informática cada vez pide penas más contundentes.

Esta semana, un juez ha archivado la denuncia de un centenar de mujeres de Lugo que fueron filmadas mientras orinaban en un callejón durante una feria en 2019. El magistrado Pablo Muñoz Vázquez alega que las imágenes clandestinas se tomaron en la vía pública y no en un lugar cerrado. Vázquez asegura además que “no se aprecia el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral”. Las grabaciones a estas mujeres se realizaron desde varios ángulos, con nitidez y acabaron colgadas en una web porno. El magistrado ha tomado esta decisión en contra del criterio del fiscal.

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