Los hijos de los mayores que sufrieron el triaje en las residencias de Leganés recurren el archivo de su querella

Los familiares que se han querellado contra cuatro hogares de mayores de Leganés (Madrid) y las autoridades madrileñas por discriminación durante la primera ola de coronavirus han recurrido el archivo de su causa por una jueza de primera instancia. El recurso contra el auto del 13 de julio es parte de la batalla en distintos juzgados madrileños de cientos de hijos contra los protocolos que dejaron a 52.000 mayores de residencias en el último lugar de la fila de atención sanitaria.

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En su auto de archivo, la jueza Mónica Boticario Martín razona que los directores, geriatras de hospital y autoridades de la Comunidad de Madrid hicieron todo lo posible para proteger las vidas de los mayores. Destaca que se trataba de un virus desconocido y culpa al virus de las muertes, usando expresiones como “dolorosa situación” o “desgraciados acontecimientos”.

“Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estas personas, y no la actuación de los directores de residencias o de los consejeros querellados”, dice la jueza. El auto afecta a dos querellas de 35 familiares que acusan a los participantes en el triaje de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación. Los mayores vivían en cuatro residencias de Leganés: Parque de los Frailes, Amavir El Encinar, DomusVi Leganés y Vitalia Leganés.

Los dos grupos de querellantes han dado a conocer este viernes que han presentado recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Ambos grupos alegan que la jueza no investigó suficientemente los hechos. La jueza exculpa a los querellados sin entrar a valorar los protocolos de triaje de la Comunidad de Madrid.

Los familiares dicen que el razonamiento de la jueza Boticario excluiría de toda responsabilidad a las personas en cualquier situación de fatalidad. “Viene a ser algo así como decir que son las carreteras las que provocan víctimas de accidentes de circulación”, aduce uno de los dos recursos, patrocinado por la asociación Marea de Residencias.

Las familias recurrentes protestan porque la jueza dictó su auto de archivo sin haber llamado a declarar a los directores de las residencias de Leganés afectadas, a la geriatra del Hospital Severo Ochoa (que aplicó el triaje en Leganés), o a los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos.

A mediados de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad encargó al director de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, la puesta en marcha de un triaje a las 474 residencias de mayores de Madrid con el fin de evitar el colapso de los hospitales madrileños, según ha quedado acreditado por investigaciones de prensa y de la Asamblea de Madrid. Mur y un grupo de geriatras de hospital elaboraron hasta cuatro documentos que fueron distribuidos a hospitales y residencias. Los protocolos pedían negar el traslado a hospital a mayores con dependencia, que son el grueso de la población que vive en esos hogares. En la práctica en muchos casos se produjo un tapón absoluto entre mediados de marzo y mediados de abril.

Durante la primera ola de coronavirus murió una quinta parte de la población de las residencias madrileñas: 11.389 personas. La negación del derecho a la asistencia sanitaria ha sido denunciada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras.

Las familias que piden justicia en Madrid mantienen su esperanza en el frente judicial, después de haberse cerrado la investigación política en la Asamblea. PP y Vox dieron carpetazo este mes a la comisión que durante nueve meses indagó sobre los hechos y que no había concluido sus labores.

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