LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La justicia madrileña condena a la Comunidad por no proteger a los médicos de los centros de salud

El alto tribunal considera que la región que preside Isabel Díaz Ayuso ha incumplido “con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales”

Varias personas esperan para vacunarse contra el coronavirus en el Centro de Salud Daroca. .
Varias personas esperan para vacunarse contra el coronavirus en el Centro de Salud Daroca. .Jaime Villanueva / EL PAÍS

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado que la Comunidad de Madrid “ha vulnerado los derechos de los médicos de Atención Primaria y pediatras, en materia de integridad física y salud, al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo”. En una sentencia fechada el pasado 23 de marzo, el Tribunal ha considerado en parte la demanda formulada contra la Consejería de Sanidad madrileña por el sindicato de Atención Primaria Se Mueve, a la que también se sumaron los sindicatos CC OO, UGT, Amyts, CSIT-Unión Profesional, AFEM y CSIF.

El alto tribunal madrileño considera que la región que preside Isabel Díaz Ayuso ha incumplido “sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo y de evaluación de los puestos de trabajo de los médicos de Atención Primaria y pediatras, evaluación de riesgos de los mismos y determinación de la carga de trabajo”, y que no hizo lo que debía en cuanto “al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma”.

Los magistrados condenan a la Comunidad de Madrid a elaborar “de forma inmediata un plan de prevención de riesgos laborales” que resuelva esos problemas. El plan, según el fallo del TSJM, deberá fijar los cupos, el número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y el tiempo mínimo de dedicación a cada uno. Contra la sentencia cabe recurso de casación que deberá presentarse en los cinco días siguientes a la notificación.

La portavoz del sindicato Se Mueve, Concha Herranz, ha señalado que las condiciones laborales tienen un impacto sobre la asistencia a los pacientes. La demanda fue presentada el el 3 de diciembre de 2020, pero la decisión de presentarla se adoptó en febrero, justo antes de la crisis sanitaria. “Sin la pandemia estaríamos en los tribunales y los tribunales habrían fallado igual”, ha señalado la portavoz. La justicia, asegura, ha dado “un tirón de orejas” a la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero en materia de prevención de riesgos laborales sobre la forma de proteger a sus trabajadores.

El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso está por debajo de la media española en el gasto sanitario público, es la comunidad con menor porcentaje sobre el PIB invertido, un 3,6%; es la segunda por detrás de Andalucía (1.212 euros) que menos gasta por habitante, 1.274 euros; y la tercera autonomía que menos invierte en las retribuciones de sus profesionales.


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