Auditar la accesibilidad universal en la Justicia

― ¿Dónde lo colocarías?

— Aquí, con una banderola, para que lo veamos mejor desde lejos.

María Esteban, de 36 años, no tiene dudas. Entra decidida a un futuro juzgado en obras con un casco blanco y un plano del edificio bajo el brazo. Al cruzar la puerta, señala un punto abstracto en la pared entre decenas de albañiles que deambulan por los pasillos de este centro de la justicia de cuatro plantas. “Aquí, aquí”, apunta con el dedo índice sobre un muro de la primera planta. Así será. Ahí se ubicarán en las próximas semanas dos logos universales. Dos pictogramas tan básicos como el del hombre y el de la mujer que se pueden ver a la entrada de cualquier baño. “Soy evaluadora”, cuenta Esteban con una sonrisa que se le escapa por la mascarilla. “Soy muy cañera, no permito ningún fallo”. Esteban ha venido este jueves a San Lorenzo de El Escorial. Su labor es fundamental para su colectivo. Las personas con discapacidad cognitiva han permanecido olvidadas para la burocracia institucional durante muchos años. Para ellos, entrar a un juzgado puede ser un laberinto sin salida. La realidad a la hora de construir cualquier edificio público es muy testaruda. Hasta hace muy poco nadie pensaba en ellos.

“Nosotros siempre hemos funcionado al revés”, observa el trabajador social Javier Alonso, de 34 años. Alonso pertenece a la asociación Afanias, que nació en Madrid en 1964 y que ya es un referente en la discapacidad intelectual. “Hasta ahora trabajábamos en espacios en los que la cartelería ya estaba instalada. Nuestra labor era cambiarla y mejorarla, pero esto es nuevo. Venir a un edificio en obras y trabajar desde el principio es mucho mejor para ellos”. Una idea pionera en España que surge de un reciente acuerdo entre la Consejería de Justicia y Plena Inclusión Madrid, la organización que aglutina a las 116 asociaciones de la región.

“Hoy por hoy la legislación está muy parada en este asunto”, cuenta Óscar García, coordinador de proyectos de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Plena Inclusión Madrid. Desde 1993 existe una ley en la región que establece las condiciones que deben cumplir todos los edificios públicos para que sean accesibles. “El problema”, apunta García, “es que la normativa no específica que deban de ser ellos quienes los analicen desde un primer momento. Con este proyecto hacemos que las personas con discapacidad cognitiva vengan antes de la inauguración oficial y sean ellos mismos quienes detecten las barreras que para nosotros pasan desapercibidas”. La mayoría de los edificios públicos tienen una señalización implantada. “Muchas veces vamos a sitios con ellos y nos dicen asombrados: ‘¿Por qué está ahí ese rótulo?, ¡esto aquí no tiene sentido!’”.

Comprender y orientarse. Ahí está todo. Jorge Ignacio Aldevilleta, de 44 años, es el segundo evaluador y una de las 40.000 personas que tienen discapacidad cognitiva en la comunidad. “Nosotros esto de colocar la cartelería lo hacemos a ojo, porque para nosotros es algo innato. Hay museos, por ejemplo, que para gente como nosotros no están bien orientados”. Ser evaluador profesional equivale a un año de formación en distintos cursos. Aldevilleta, en mitad del ruido de taladros y pasillos repletos de tabloides enormes de madera, señala ahora dónde debe ir la cartelería de emergencias y las zonas privadas de la primera planta. “Esto tiene que ir colgado del techo, para que se vea desde la entrada”. El resto de coordinadores lo escucha y lo anotan atentamente. En los próximos días pasarán un informe a la Consejería de Justicia. El resultado se verá en las próximas semanas cuando se implante la cartelería donde ellos mismos decían. “Defendemos la necesidad de construir sedes judiciales cada vez más humanas, adaptadas al conjunto de la sociedad”, subraya el consejero Enrique López.

¿Cuántos días han trabajado estos voluntarios para llegar hasta aquí? “La clave de todo es que ellos mimos estén formados”, responde el coordinador García. Todo depende de la envergadura del edificio. Para el Museo del Prado, por ejemplo, fuimos cinco veces. Detectaron numerosas barreras. Meses después, el propio museo imprimió un plano con la ubicación de las mejores obras para personas con discapacidad con la idea que plasmaron los voluntarios. Ya nadie se perderá Las Meninas. Tanto María Esteban como Ignacio Aldevilleta trabajan en los centros ocupacionales. Las organizaciones de personas con discapacidad cognitiva de Madrid quieren que esto se convierta pronto en un puesto de trabajo para ellos.

El nuevo juzgado de San Lorenzo de El Escorial, que ha costado cerca de ocho millones de euros, se inaugurará a mediados de marzo. Dará servicio a los 86.000 vecinos que viven en los 12 municipios de la zona norte de la región. “Si se edifica bien el edificio desde el principio”, observa otro técnico que acompaña a los dos voluntarios con discapacidad cognitiva, “apenas hay encrucijadas. No es como los hospitales. Esto es nuevo para todos y tanto Ignacio como María están respondiendo mucho mejor de lo que yo esperaba. Hay que tener en cuenta que esto es un juzgado y no podemos poner toda la cartelería que ellos quieren. Informar de más a veces es menos. Hay que informar lo justo y bien y ellos lo saben”. El voluntario Ignacio Aldevilleta responde atentamente al monitor: “Claro. Nos sentimos útiles y, ya que te gastas el dinero público, que vengamos gente como nosotros para dar ideas de mejora para todos es genial”.