Operación ladrillo en el Canal de Isabel II

El Canal de Isabel II quiere cambiar ladrillo por dinero vendiendo 46 propiedades inmobiliarias que tiene distribuidas por toda la Comunidad de Madrid. La mayor empresa pública de la región, que también gestiona o comercializa agua en otras zonas de España, y en distintos países americanos, ha sacado a concurso un contrato de casi 500.000 euros para valorar los bienes antes de su subasta. Los solares, pisos, locales comerciales y fincas rústicas que el Canal quiere poner en el mercado ya fueron valorados en unos 30 millones de euros en 2012, y la compañía descartó comercializarlos en 2020 por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

“El objeto del contrato es la prestación de unos servicios de due diligence o auditoría legal, y due diligence de los inmuebles patrimoniales de distintas tipologías (solares, locales comerciales, fincas rústicas) ubicados en distintos términos municipales de la Comunidad de Madrid, de los que es titular el Canal de Isabel II”, explicita la documentación oficial, publicada en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid. “La finalidad de ambas due diligences será facilitar la información a los posibles interesados en la compra de los bienes mediante sistema de subasta pública”.

Las 46 propiedades se distribuyen por los municipios de Madrid, Leganés, Navalcarnero, San Fernando de Henares, Pinto, Buitrago de Lozoya, el Molar, o Colmenar Viejo. La compañía ya intentó convertir esos ladrillos en dinero con un proceso que inició en 2018, y que debía culminar en 2020. Pero se detuvo. ¿Por qué? Por la crisis del coronavirus.

“En 2020, en los presupuestos de Canal de Isabel II, estaba previsto vender una serie de activos inmobiliarios, que no estaban afectos a la actividad de Canal, y lo lógico era que se vendieran para generar recursos y para seguir invirtiendo”, explicó Pascual Fernández, consejero delegado de la empresa, durante una comisión parlamentaria celebrada en noviembre en la Asamblea. “No lo hemos hecho, evidentemente, en el año 2020, ¡porque no era un momento oportuno!, ¡eso no significa que los activos no tengan valor!”, exclamó. “Realizar esa operación en este momento sería malvenderlos, ¡hay que buscar los momentos oportunos para hacer estas cuestiones!”.

“[Se persigue] dar valor y uso a los inmuebles patrimoniales que son improductivos y tienen carácter extrafuncional, no estando afectos a la gestión del ciclo integral del agua, que es la actividad principal de Canal de Isabel II”, abunda una portavoz de la compañía.

Fuera del proceso, por lo tanto, quedan algunas de las propiedades más preciadas de la empresa. Por ejemplo, la Residencia Santillana, en Manzanares el Real, un chalet de lujo de más de 2.000 metros cuadrados que ha recibido todo tipo de usos privados por los distintos gobiernos regionales desde los años 80: se han celebrado reuniones de trabajo, fiestas y retiros privados de políticos, y se ha alojado discrecionalmente a distintas personas. Ese fue el caso de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, a su paso por Madrid a inicios de 2020.

Que el Canal retome ahora el deseo de vender esas 46 propiedades, obtenidas en su día porque le correspondía un porcentaje de aprovechamientos urbanísticos en suelos que sustentan infraestructuras, refleja su intención por volver a convertir a la compañía en una empresa centrada exclusivamente en la gestión del agua.

Porque hubo un tiempo en el que el Canal se alejó de esa misión. A lo largo del último decenio, el Canal ha hecho negocios en Brasil, Colombia, República Dominicana, Argentina, Panamá, México, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela. En 2017, el consejo de Administración del Canal aprobó iniciar el proceso para vender su negocio en América, así como la gestión del servicio de agua de Cáceres (Extremadura) y Lanzarote (Islas Canarias).

Aquellos días de expansión internacional sin freno se investigan ahora en el caso Lezo, que afecta a la adquisición por parte del Canal de la sociedad brasileña Emissão por 27 millones de euros: la investigación ha puesto de relieve un supuesto sobrecoste de entre 6,4 y 9,6 millones de euros y un presunto reparto de mordidas de 5,4 millones.

“No se ha realizado ninguna venta y en este momento también le comunico que tampoco está previsto que se produzca ninguna venta”, reconoció Fernández durante su comparecencia parlamentaria. “Estos no son momentos, si me lo permite, para hacer ventas de ninguna empresa, porque los mercados están absolutamente hundidos. Sería el momento más inoportuno para ello”, añadió. Y citando a San Ignacio de Lozoya, sentenció: “En tiempos de tribulaciones, no hacer mudanzas”.

Ahora, el Canal se da una nueva oportunidad iniciando el largo proceso administrativo, pese a que la incertidumbre sigue siendo máxima: el coronavirus sigue golpeando con dureza, y nadie se atreve a ponerle fecha a la vuelta a la normalidad.