El alcalde de Madrid calcula en al menos 1.398 millones de euros el impacto del temporal en la capital
La presidenta regional pedirá la declaración de zona catastrófica en toda la comunidad autónoma
El Ayuntamiento de Madrid valoró ayer en 1.398 millones de euros los daños y consecuencias económicas del temporal Filomena, en el ámbito público y en el privado. Mil millones corresponderían a las pérdidas económicas de la capital, especialmente en el sector de la hostelería y el comercio. Y los casi 400 restantes, a desperfectos en servicios e infraestructuras municipales que no detalló. La Junta de Gobierno extraordinaria aprobó pedir al Ejecutivo central la declaración de la capital como “zona catastrófica”, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere que se haga extensiva a toda la región.
El temporal Filomena comienza a alejarse dejando tras de sí una larga estela de daños y helor. Llegado el momento de cuantificar los desperfectos, las distintas administraciones comienzan a hacer sus evaluaciones para acogerse a las ayudas que puedan estar establecidas en la Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, y reales decretos complementarios como el aprobado en 2019 tras el paso de la gota fría que asoló el sureste peninsular entre los días 9 y 14 de septiembre de ese año. La interpretación de los textos legales será crucial en el reparto de, previsiblemente, muchos millones.
En otros episodios graves, con pérdida de vidas humanas, que ocurrieron en Baleares y Málaga por lluvias torrenciales, el Gobierno aprobó un paquete de ayuda de 130 millones de euros. Una cifra muy inferior a la avanzada ayer, sin apenas detalle ni desglose, por el alcalde de Madrid, José Luis Marínez Almeida, que el martes habló de manera inconcreta de “cientos de millones”, y ayer elevó la cifra a 1.398 millones. Todo ello en medio de la pólémica por la gestión de la limpieza de las calles de la capital cinco días después de la gran nevada del fin de semana.
La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, prevé ayudas para “contribuir al restablecimiento de la normalidad” cuando se haya producido una emergencia que haya requerido la intervención de la Administración General del Estado, como ha sido el caso de la borrasca Filomena. Para ello, el Consejo de Ministros debe antes declarar una zona como “afectada gravemente por una emergencia”. Los daños materiales habrán de ser “ciertos, evaluables económicamente y referidos a bienes que cuenten con la cobertura de un seguro, público o privado”, recoge la norma.
“Según la ley, la Comunidad de Madrid cumple con los requisitos para acogerse a esta declaración de [zona catastrófica]”, se apresuró a decir la presidenta regional, que en esta ocasión coincidió con Ignacio Aguado, su vicepresidente y socio gubernamental de Ciudadanos (Cs), en la necesidad de contar con ayudas para paliar el desastre. “La comunidad ha sido gravemente afectada por la borrasca y esta atención supera a los propios medios disponibles de la Administración y ha paralizado los servicios públicos esenciales”, argumentó. “Y no son solo en los municipios, sino en sectores como el ganadero, los agricultores, comerciantes o los transportistas”, señaló Ayuso. El Gobierno regional no ofreció una cifra provisional de los daños.
“La situación es muy preocupante y son necesarias ayudas de forma inmediata”, dijo Aguado, que avanzó que el Gobierno regional va a destinar una parte importante del Programa de Inversión Regional (PIR), 30 millones de euros, “para paliar las consecuencias del temporal”.
El Ejecutivo central, como advirtió la vicepresidenta Carmen Calvo, se reserva su derecho a solicitar y evaluar los informes de las administraciones regionales y locales para hacer la declaración que corresponda. Ante la inclusión, en el caso de Madrid, de las presuntas perdidas económicas causadas por la paralización de la ciudad en negocios, Interior se limitó a decir que “se estudiará en los cauces legalmente establecidos”. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, se comprometió a mirar el asunto “con sensibilidad”.
Esa no es la única vía para que las administraciones locales de Madrid financien la lucha contra los efectos del temporal. Los alcaldes socialistas, por ejemplo, se plantean reclamar a Díaz Ayuso que cree un fondo de contingencia independiente de las ayudas estatales.
Castilla-La Mancha, otras de las regiones más afectadas por la borrasca, estudia también pedir la declaración de zona catastrófica. En concreto, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón (PSOE), enviará un informe al presidente regional el próximo martes con la situación de la ciudad para solicitarla. Aragón y Guadalajara comenzaban ayer también a evaluar los daños sufridos por el temporal.
