La Fiscalía acusa de homicidio imprudente a una gerente y otra doctora de una residencia madrileña

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado por homicidio imprudente a la doctora y a la gerente de una residencia privada de ancianos al considerar que hicieron caso omiso al protocolo de actuación frente al covid-19, lo que provocó el fallecimiento de una mujer de 85 años. La denuncia, la primera de la Fiscalía por ese delito en la Comunidad de Madrid, llega tras conocerse ayer un auto del juzgado de instrucción número 50 de Madrid en el que, también por primera vez, se imputa por un delito de homicidio a la directora de una residencia de la capital por la muerte de una anciana con coronavirus que no fue derivada a un hospital.

Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar la muerte de nueve ancianos en residencias del municipio de Leganés. El escrito de la Fiscalía señala que la residencia disponía de un equipo sanitario compuesto de un médico y una terapeuta. Durante la crisis sanitaria del coronavirus, entre marzo y junio, la atención sanitaria a los residentes la siguió prestando la misma doctora -también está acusada de denegación de asistencia sanitaria- de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas y el resto del tiempo estaba disponible en su teléfono móvil.

Además, contaba con la colaboración del Centro de Salud Isla de Oza y, desde el 13 de marzo, con el apoyo de una geriatra de referencia. El protocolo de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en la Comunidad de Madrid, cuyo borrador fue remitido el día 19 de marzo a la residencia, establecía un sistema de comunicación con el hospital de referencia para que el geriatra de enlace decidiera si los pacientes se beneficiaban más de su traslado hospitalario o de la asistencia en el centro residencial.

La Fiscalía sostiene que “desatendiendo todas estas previsiones que le eran conocidas”, la doctora no contactó hasta ocho días con el servicio de geriatría del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en relación con la situación de una residente que había comenzado con problemas respiratorios el 22 de marzo. La Fiscalía sostiene que “desatendiendo todas estas previsiones que le eran conocidas”, la doctora no contactó hasta ocho días después. El 23 de marzo, la anciana fallecida presentaba un cuadro inespecífico, que incluía saturación de oxígeno en sangre por lo que la doctora denunciada le pautó gafas nasales, consiguiendo que aumentara la saturación. Sin embargo, en lugar de contactar con la geriatra de referencia, como establecía el protocolo, llamó a una doctora del Centro de Salud Isla de Oza, para que tramitara la derivación hospitalaria, lo que no fue posible porque, según este centro, el 061 estaba aplicando protocolos de priorización de pacientes en los traslados. “Lejos de llamar a la Fundación Jiménez Díaz para activar el protocolo de derivación que le correspondía, , procedió a tratar a la usuaria en la residencia”, según explica la Fiscalía.

Los días 28 y 29, “dado que era fin de semana”, no se le realizó ningún examen, pues la doctora no tenía servicio “y no dejó solicitada visita de los médicos de urgencia del centro de salud”. La gerente de la residencia tampoco se encontraba en las instalaciones esos días “dejando a la usuaria al cuidado de los gerocultores, que carecían de cualificación sanitaria”. Finalmente, el 30 de marzo, los familiares de la fallecida se pusieron en contacto con el servicio de atención al paciente de la Fundación Jiménez Díaz, donde realizaron la consulta urgente a la geriatra de referencia, “que nada sabía sobre la situación de esta usuaria”.

Pese al rápido traslado al hospital, no se pudo impedir su fallecimiento al día siguiente, como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. Según la denuncia, la gerente de la residencia, que está acusada de omisión del deber de socorro, además de homicidio imprudente, conocía la situación clínica de la paciente y las posibilidades reales de tratamiento médico que tenía en su centro. Pese a ello, “nada dispuso para asegurar la cobertura sanitaria” de la usuaria durante la ausencia de la doctora, especialmente el fin de semana anterior al fallecimiento, ni para alertar a las autoridades de la necesidad de tratamiento urgente de la usuaria.

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