Operación Padilla: así opera la trama oculta de la Iglesia que expolia fundaciones millonarias en Madrid

— Buenas tardes, en mí están viendo al arzobispo de Madrid.

El 30 de junio de 2016, un zaragozano de unos 50 años, de estatura baja, nariz achatada, con don de palabra y que llegó a ser director de El Correo de Andalucía, entró por sorpresa en un bajo de la calle Núñez de Balboa 93, de Madrid. El hombre en cuestión acababa de ser nombrado por el arzobispo de la capital presidente de las 74 fundaciones de la Iglesia madrileña. El arzobispo (que también ostenta el nombramiento de cardenal) Carlos Osoro le encomendó la misión de dirigir una especie de ministerio madrileño con más de 1.000 empleados a su cargo. El creyente desconocido se llama David López Royo y es uno de los personajes principales de esta historia. “Es como un encantador de serpientes”, cuenta una exempleada suya.

Aquella tarde, Royo entró por la puerta de la Fundación Molina Padilla con don de mando; ejecutar las órdenes del arzobispo desde el principio. En ese local se encontraba sentada una mujer en su despacho. Gema Molina, de mediana edad, cuenta ahora que se levantó sorprendida ante esta visita inesperada. Ella gestionaba la fundación desde los años ochenta. Toda una vida dedicada a cuidar la herencia de su tío-abuelo. A fin de cuentas, pertenece a una familia que roza la aristocracia. Es sobrina del malagueño Alfonso Molina Padilla, un reputado abogado del siglo pasado que llegó a codearse con el rey Alfonso XIII y con el cardenal Tarancón.

El tío Alfonso murió sin descendencia en 1957 a los 82 años. Sin hijos, firmó en su testamento la creación de una fundación con su nombre. La idea era muy simple. Ofrecer becas a los estudiantes más necesitados de su querida provincia de Málaga con una parte del dinero recaudado de su patrimonio. Los dos grandes bienes de la fundación son, entre otros, dos bloques de pisos de cinco plantas ubicados en el corazón del acomodado barrio de Salamanca de Madrid. Aquí viven alrededor de 70 familias en alquiler. Con la renta de estas casas, la fundación revierte el 70% de los beneficios en ayudas para alumnos malagueños de pocos recursos. Un círculo de gran auxilio para los más vulnerables.

La Fundación Molina Padilla ha estado gestionada por su linaje. En sus estatutos siempre ha figurado que el administrador sea familia del fundador. Con la condición, eso sí, de que el presidente sea el arzobispo de Madrid. De ahí que la Iglesia tutele esta fundación civil. Y de ahí que el zaragozano Royo se presentara en aquel bajo la tarde de junio de 2016 como representante del arzobispo Osoro. Royo lo tenía muy claro desde el principio. Según fuentes cercanas al cardenal, él mismo dijo al arzobispo que había que fusionar la mayoría de las fundaciones de Madrid. Qué era eso de tener 74 pudiendo tener cuatro o cinco grandes. Aseguraba que la mayoría estaban muy mal gestionadas. Un argumento que niega a este diario Adolfo Lafuente, el que fuera anterior presidente de las fundaciones. “Royo ha metido la mano en casi todas”, asegura un conocido sacerdote de la región.

Entre 2016 y 2018, Royo se dedicó a reunirse con los patronos de las 74 fundaciones de la Iglesia. La mayoría de los consultados reconocen ahora que tenía mucha prisa por ejecutar su ansiado plan de fusión. Su idea escondía la venta de los patrimonios de las fundaciones más jugosas de Madrid para, después, comprar un inmenso solar. Su plan era levantar una “Ciudad de la Misericordia” en un rincón de la capital de España tras contar con el visto bueno del arzobispado. Una especie de mini-Vaticano, que contaría con residencias de mayores, de estudiantes y de colegios católicos. Una quimera.

Entre 2016 y 2018 sucedió un hecho clave en toda esta historia. Mientras Royo gestionaba las 74 fundaciones de la Iglesia, fichó también como director por la fundación privada Chávarri Por el Bien Común, una fundación ajena a la fe que pertenece al despacho madrileño Chávarri Abogados. Este bufete es otra pata fundamental de esta trama eclesiástica. Royo, que ha confesado a este periódico que trabajaba de manera altruista para la Iglesia, empezó a recibir un salario mensual de este despacho. Royo, por tanto, comenzó a trabajar a la vez para la Iglesia y para estos abogados.

Actas de la fundación

El 25 de abril de 2018, el aragonés Royo volvió a la sede de Molina Padilla en el bajo del barrio de Salamanca. Había convocado una reunión del patronato de la fundación. Aquí, tal y como consta en las actas a las que ha tenido acceso este diario, dijo que la sobrina-nieta del fundador, Gema Molina, no podía ser patrona y percibir, a la vez, un salario de la fundación de su tío. “[Si no dimite], la fundación Molina Padilla será intervenida inmediatamente por el Protectorado de Fundaciones del ministerio”, vociferó. El Protectorado de Fundaciones estatal se encarga de velar por el buen funcionamiento de estas. Gema, asustada, dimitió de inmediato. La amenaza de Royo pilló al resto de patronos por sorpresa. Tiempo después, el Protectorado de Fundaciones del ministerio negó esto a la familia. Es más, les dijeron que su fundación era “modélica”. Pero ya era demasiado tarde.

La amenaza de Royo tenía escondida una jugada maestra. Si los patronos se marchan, hay que reponerlos. De modo que empezó a colocar a gente de su confianza para ganar todas las votaciones del patronato. La operación Molina-Padilla ya estaba en marcha. A su lado sentó a José Cobo, actual obispo auxiliar de Madrid, a la religiosa Antonia López y a Antonio Chávarri, el socio fundador del despacho Chávarri Abogados y presidente de la fundación Chávarri por el Bien Común, donde aún trabaja el propio Royo.

Ninguno de los tres nuevos patronos conocía de cerca los orígenes de la fundación Padilla. Pero eso era lo de menos. La composición del nuevo patronato iba viento en popa. En febrero del pasado año, los nuevos patronos se volvieron a sentar. El abogado Chávarri propuso la creación de una comisión interna con un nombre muy pomposo. “Comisión de gobierno con facultades de decisión para configurar el patrimonio [de Padilla]”. Es decir, un plan para vender los dos edificios de la fundación donde viven las 70 familias cuyo alquiler financia a niños sin recursos de Málaga.

Había mucha prisa por vender los inmuebles. Al mes siguiente, los patronos se juntan de nuevo. Lo tenían clarísimo: “Ante la baja rentabilidad de los activos de la fundación es preciso cambiar la estructura del patrimonio de la misma y transformarla en un edificio de oficinas”. La fundación, sin embargo, arrojaba siempre cuentas positivas.

De pronto, otro hombre clave llama a las puertas de esta trama. El zaragozano Royo y el abogado Chávarri deciden avisar al letrado urbanista y asesor de urbanismo para la Comunidad de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre Manuel Fernández Clemente. Querían que él también formara parte de la fundación, como secretario. La hemeroteca de Clemente cuenta que ha dado charlas sobre derecho fiscal en una jornada organizada por el Banco Sabadell en Madrid como “abogado colaborador de Chávarri Abogados”. Chávarri, Royo, Clemente y sus patronos afines tenían ya plenos poderes para manejar a su antojo la fundación.

Tomaron el control de las cuentas. El abogado Clemente se impuso un salario como secretario de la fundación Molina de 3.000 euros al mes. En su contrato consta hasta una cláusula para los próximos diez años. Si es despedido, la fundación deberá indemnizarlo con 27.000 euros por cada año que falte. La fundación, además, contrata a más personas afines para llevar la gestión del día a día. Todas cercanas a Royo, Chávarri y Clemente. Y todas con un salario por encima de los 1.500 euros al mes.

La sangría de la fundación seguía su curso. También se acuerda la venta de las acciones que la fundación tiene en Bolsa “para afrontar pagos a corto plazo” por un valor de 128.000 euros. En esta misma reunión, los patronos aprueban que sea el bufete de Chávarri Abogados el encargado de pilotar la venta de los dos edificios de la fundación.

El día de la tasación y la venta de inmuebles

Cien días después, Chávarri Abogados entrega un informe a la fundación con la tasación de los dos bloques de viviendas y con una oferta millonaria de dos compradores. En esta cita, que tuvo lugar en octubre de 2019, entra en escena un miembro de la familia Molina. Carlos Herrero es patrono de la fundación y marido de Gema Molina, la sobrina del fundador. Herrero ha sido el único miembro que ha votado siempre en contra de todas las medidas llevadas a cabo por el resto de patronos. Según cuenta, resistió las embestidas y las presiones de toda la trama. “Estaba harto de ver un expolio en directo”, cuenta ahora.

En aquella reunión, y tal como consta en las actas, él mismo expuso al resto de patronos que vender los dos edificios iba en contra de los propios orígenes de la fundación. Pero el nuevo secretario, el abogado Manuel Fernández Clemente, levantó la voz y le contestó: “La fundación no es de nadie, ni del arzobispado, ni de su esposa ni de usted”. La tensión, según las actas, era máxima. Estuvieron a punto de llegar a las manos. El alegato de Herrero no sirvió para nada. La votación arrojó una mayoría contundente. “Sí a las ventas”.

Chávarri, abogado, patrono y encargado de los informes de la venta, anunció en este encuentro su marcha de la fundación. Dio por finalizado su trabajo. ¿Quién sustituyó a Chávarri en el patronato? Jesús Merino Merchán, que también trabaja en el despacho Chávarri Abogados y que también es el vicepresidente de la fundación del propio bufete, donde también trabajan Royo y Clemente.

Los patronos leyeron en voz alta el informe de Chávarri Abogados. Los letrados contrataron a dos empresas para tasar los dos edificios. Una dijo que valían 16.640.470 euros y la otra 16.828.967 euros. El informe de Chávarri incluía, además, una oferta de la empresa Building The Next Success SL. Esta sociedad ofrecía 13 millones de euros por los inmuebles. La mayoría del patronato accedió a vendérselos.

¿Quién está detrás de esa empresa? Según ha comprobado EL PAÍS, Building The Next Success está relacionada con otra sociedad en la que figura como consejero Raúl Chávarri Aricha, hermano de Antonio Chávarri, propietario del bufete de abogados que hizo el informe de la venta y, además, expatrono de la propia Fundación Molina Padilla. En el momento de la compra su capital social era de 3.000 euros.

Ante estos hechos, el único patrono que sigue el linaje familiar acudió al arzobispado de Madrid hace justo un año. El marido de Gema Molina, la mujer que abrió la puerta del bajo al zaragozano Royo hace ya cuatro años, solicitó una reunión urgente con el arzobispo Osoro en noviembre pasado. El arzobispo, según los testigos, se asombró por lo que estaba escuchando. Osoro pidió a su entorno más cercano que había que revertir esta venta eclesiástica como fuera. La promesa, sin embargo, no llegó a materializarse.

Mientras se desarrollaba la enajenación de los bienes de la Fundación Molina Padilla, que se conoce ahora, EL PAÍS destapó en 2019 dos ventas más de la Iglesia. Una, de 14 edificios en el centro de Madrid de la Fundación Fusara por 74 millones de euros a un entramado opaco de 14 empresas. Y otra, de una parroquia y una residencia de ancianos de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada en los alrededores del Bernabéu, por 37 millones de euros a la privada Universidad de Nebrija. Las dos por debajo del precio de mercado, según los expertos inmobiliarios consultados. Los tres personajes clave de la operación Molina-Padilla, Clemente, Chávarri y Royo, también han formado parte de las otras dos ventas donde, según fuentes de las operaciones, se han repartido comisiones millonarias.

El zaragozano Royo dimitió como presidente de las fundaciones tras las publicaciones de EL PAÍS. Ni Clemente ni Chávarri han querido atender a este periódico. Entre las tres fundaciones hay movimientos y préstamos bancarios de cientos de miles de euros, además de pagos mensuales al arzobispado y más personajes afines cobrando a la vez de las tres fundaciones. Anticorrupción y tres juzgados de Madrid están investigando ahora todas las operaciones.

El Vaticano, al enterarse de estas noticias, envió en junio a un abogado para asesorar al cardenal ante este mayúsculo escándalo. El enviado de Roma ha encargado a un bufete de Madrid revertir todas las operaciones ante el acecho de la justicia. “Es todo muy complicado”, explica el propio letrado por teléfono.

Los edificios de la Fundación Molina Padilla no serán vendidos por el momento. En la última reunión del pasado mes de mayo, el arzobispo ordenó revertir de nuevo la venta para, dos días después, anunciar su marcha de la fundación. El resto de los patronos continúan. Han ordenado un último golpe. Tras la marcha del arzobispo quieren cambiar los estatutos para renovar al 50% de los patronos en 100 días. Es decir, para echar al único miembro de la familia Molina que aún queda en la fundación. Mientras tanto, los niños de Málaga se han quedado sin becas por primera vez este año porque las cuentas están ahogadas. “Lo peor”, cuenta ahora Carlos Herrero, esposo de Gema Molina, “es que personas que deberían haberse dedicado a hacer el bien, se han querido enriquecer con engaños y mentiras”.

[Lea el perfil del cerebro de todas estas operaciones: López Royo, de director de periódico a cerebro de los pelotazos urbanísticos de la Iglesia].