La Iglesia gastará 48 millones en la compra de terrenos en Madrid para dedicarlos al negocio inmobiliario

Según expertos consultados por este periódico, ambas operaciones se realizaron por debajo del precio de mercado. Con estas dos enajenaciones, casi 400 familias han sido perjudicadas. La primera venta corresponde a la fundación Fusara, una de las 71 que controla el Arzobispado madrileño. Esta operación está siendo investigada por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de la plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, por si los administradores han podido cometer los delitos de estafa, corrupción y administración desleal. La venta de siete de los 14 inmuebles no ha sido inscrita por los responsables del Registro de la Propiedad.

La Iglesia argumentó que con las ventas crearía una “gran ciudad de la misericordia” en El Cañaveral, al sur de la capital. Pero este plan, de momento, no está en marcha. Según las fuentes consultadas, las actas y los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, destinarán casi 50 millones para comprar una parcela de 9.844 metros cuadrados que la inmobiliaria Metrovacesa posee en Valdebebas. La intención del Arzobispado es construir un bloque de oficinas para obtener rentabilidades más altas.

24 de abril de 2019. Estas dos enajenaciones eclesiásticas tienen un punto en común: el bufete Chávarri Abogados. Este despacho intermedió entre ambas operaciones con unas comisiones del 5%, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. “Solemos trabajar mucho con ellos”, dicen fuentes del Arzobispado. Este gabinete creó una fundación bajo el nombre de Chávarri por el Bien Común en 2018 que tiene como director ejecutivo a David López Royo y como vocal a Julio Lage, que dimitió hace un año, según su versión. López Royo pilotó las dos ventas en representación de la Iglesia, como delegado episcopal de fundaciones desde 2016. Ese año también delegó en Lage la gestión de las cuentas del Arzobispado. Tanto Lage como López Royo no ven conflicto de intereses, pese a estar en ambos lados de la operación.

La mañana del 24 de abril de 2019 se reunió el patronato de la fundación Fusara, una de las 71 que controla el Arzobispado. Asistieron David López Royo, en representación del arzobispo Carlos Osoro; dos sacerdotes, el secretario de la fundación y el gerente. No asistieron el concejal Mauricio Valiente (IU), en nombre de la alcaldesa de entonces, Manuela Carmena y la delegada del Gobierno, Paz García Vera, pero delegaron sus votos en un sí.

Ese día se aprueba por unanimidad que el bufete Chávarri Abogados sea el encargado de buscar los compradores para la venta de los 14 inmuebles. El despacho elabora un informe en el que tachan de “cargas reales” y “cargas personales” a las 200 familias que viven en estos edificios y que se enteraron por un burofax, ocho meses después de la venta, de que tenían que abandonar sus casas.

Fusara es un acrónimo de Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio. Su objeto es “educar a menores de edad carentes de medios económicos con enseñanza católica”. Con las mensualidades de las 200 familias se mantienen los centros educativos. Hasta ahora.

Aquella mañana, el director general de la fundación, Ignacio Olmos, expuso un informe de “Riesgo Reputacional”: “Las rentas de las familias se han doblado después de la crisis inmobiliaria de 2008. La fundación nunca ha salido en prensa por un tema de administración de los inmuebles. […] Nunca ha existido una política agresiva de desahucios contra los inquilinos. […] Para la fundación, el objetivo como gestión no ha sido la máxima rentabilidad, sino la estabilidad de la masa de inquilinos”.

Sin embargo, la fundación se contradice en otro informe y expone los motivos de la venta: “Los activos inmobiliarios ya no servían adecuadamente a los fines fundacionales por su escasa rentabilidad. […] Existen contratos con cláusulas leoninas para Fusara (esto es, beneficiosas en exceso para los arrendetarios)”. El Patronato aprueba la venta y encarga al bufete la búsqueda de un comprador “cuanto antes” con una comisión para el despacho del 5%.

24 de mayo de 2019. El Patronato se vuelve a reunir 30 días después. Jesús Merino, en representación de Chávarri Abogados, expone a los presentes que en menos de un mes ha localizado a dos compradores y que estos dos exponen que sea Chávarri quien les asesore: “Así se garantiza mejor la discreción de las operaciones de venta”.

La primera oferta llegó el 14 de mayo de 2019. Prado Advocats, un despacho de Barcelona, ofreció 62 millones por los 14 inmuebles. La segunda vino el 21 de mayo a través de Tapiamar SL, un entramado de 14 sociedades creadas entre el 2 de abril y el 13 de junio de 2019 con un capital de 3.010 euros cada una y entre cuyos accionistas se encuentra Ahorro Corporacion Financiera, una de las grandes firmas de inversión en España. Este armazón empresarial ofreció 74 millones a pagar en dos plazos, 37 millones el 21 de junio de 2019 y 37 el 21 de junio de 2020.

En la oferta se explica que entre sus accionistas se encuentra un “alto ejecutivo de Barclays Bank”,   Alvaro Portanet (marido de Ana Agag y hermana de Alejandro Agag, yerno del expresidente Aznar). El 30 de julio de 2019 se ejecuta la venta con una transferencia de 37 millones procedente de Luxemburgo y cuyo ordenante es Cio Spanish Finance Lux. Durante todo este tiempo los 200 inquilinos reciben burofaxes con amenazas para que abandonen sus casas cuanto antes.

La operación de los alrededores del Bernabéu. El Arzobispado aprobó la venta de la parroquia de San Jorge y de la residencia de ancianos de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada en la calle Padre Damián 22, a cinco minutos del Santiago Bernabéu, por 37 millones a la Universidad Nebrija. Según las escrituras, se pagará en tres plazos. Aquí residen 18 monjas, 163 ancianos y 29 trabajadores. Todos ellos deberán abandonar las instalaciones, como muy tarde, el 8 de noviembre de 2021. Más de 5.000 vecinos han recogido firmas y han intentado hablar con el arzobispo Osoro para explicarle que están en contra de la venta de la parroquia de San Jorge. Osoro no se ha reunido con ellos. 

Esta operación también fue orquestada por Chávarri Abogados, que se llevó otro 5% de comisión. El pasado 8 de enero, según distintas fuentes, el Patronato de la fundación se volvió a reunir. El representante del bufete informa de que con la venta de los 14 inmuebles de Fusara, la parroquia y la residencia de ancianos se invertirá en una parcela de 9.844 metros cuadrados situada en la Avenida de las Fuerzas Armadas 322, en Valdebebas, propiedad de Metrovacesa, una de las grandes inmobiliarias de España. El precio se fijó en 47.676.000 euros. La intención es construir un bloque de oficinas.

“La fundación se convertiría en promotora de un nuevo edificio, moderno y que cumple toda la normativa actual en edificación. El beneficio del promotor es mayor. La vida útil del edificio más larga y la posibilidad de obtener mejores condiciones de alquiler y menores costes de mantenimiento”. Para la construcción de la obra la Iglesia destinará 62.354.640 euros. El valor que estiman del edificio terminado es de 170 millones de euros. “No se entiende que la fundación acometa una inversión de este importe y con tan elevado riesgo, dado está poniendo en peligro el propio funcionamiento de la misma”, dicen los expertos inmobiliarios consultados.