Inyección de capital para investigar el coronavirus

Los teléfonos de la Fundación Mutua Madrileña no dejaron de sonar desde que se decretó el estado de alarma a mediados de marzo. Esta organización con 18 años de historia se convirtió en el paraguas de decenas de organizaciones no gubernamentales, de residencias de mayores y hasta de sanitarios en una época en la que conseguir una simple mascarilla resultaba una misión imposible. Eso sí, fiel a su trayectoria, sus responsables vieron que no podía dejar de lado una de las cuatro patas sobre las que asienta su labor social: la investigación. Por ello, pusieron en marcha una convocatoria para luchar contra las contradicciones que hubo y que todavía persisten alrededor de la covid-19.

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Uno de los que más sufrió los embates de las llamadas continuas durante la pandemia fue el director general de la fundación, Lorenzo Cooklin Díaz (Madrid, 56 años), un periodista que también es director de Comunicación, Identidad Corporativa y Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Mutua Madrileña. Casado y con cuatro hijos, su jornada comenzaba a las ocho de la mañana y terminaba a las nueve de la noche, con tan solo 20 minutos para comer. “Fue brutal el volumen de llamadas y de trabajo que tuvimos esos días, pero era lógico. Las personas que nos llamaban tenían necesidades y sabían que nosotros podíamos ayudarles. Toda la organización se volcó”, reconoce el directivo. De hecho, a la convocatoria anual para ayudas a ONG dotado con dos millones de euros concurren más de 450 colectivos. De ahí, la fama de que goza en el sector, según Cooklin.

Una de las primeras Administraciones que les llamó fue el Ayuntamiento de Madrid para el que adquirieron 70.000 mascarillas y material de protección procedente de China y 21.000 test de diagnóstico rápido para el Samur-Protección Civil. Después, atendieron la llamada del Foro de Empresas por Madrid y financiaron con 70.000 euros un estudio que inició de manera inmediata el Instituto de Investigación del hospital La Paz, dirigido por el doctor Eduardo López Collado. Su objetivo era establecer criterios de clasificación de los enfermos de la covid-19 en el momento de llegar al centro sanitario.

“Aquellos días los recuerdo con un enorme desasosiego por las imágenes que veíamos en los medios de comunicación que reflejaban que la pandemia no era tan grave, como los aplausos o la solidaridad entre los vecinos. Pero detrás de las cifras tan frías de contagiados y de muertos, sabía por mis relaciones familiares y mis amistades en el ámbito médico que era un auténtico drama”, recuerda el director de la fundación.

Para aportar su granito de arena, los responsables de la organización decidieron sacar una convocatoria extraordinaria de ayudas a la investigación médica, que se sumarían al millón de euros que reparten para este fin todos los años. Era necesario inyectar capital a los científicos españoles. Dos de los tres proyectos financiados se quedaron en la región. El primero, coordinado por el jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del hospital 12 de Octubre, el doctor José María Aguado, busca determinar el alcance y la duración de la inmunidad adquirida por los pacientes de coronavirus. El otro, en el que participan el hospital La Paz y el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid -junto con organismos vascos y valencianos-, quiere crear un banco nacional de terapia celular (linfocitos) de pacientes donantes que han superado la enfermedad.

La situación de personas necesitadas se fue agravando conforme avanzaba el estado de alarma. Cada vez había más personas dentro de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o autónomos que se habían quedado sin clientes y, por tanto, sin ingresos. La Fundación Mutua Madrileña decidió sacar una convocatoria especial de ayudas por un montante de 300.000 euros, del que se beneficiaron 22 iniciativas, en su mayoría de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, el albergue de San Juan de Dios, Cáritas, Banco de Alimentos, Cáritas Diocesana de Getafe y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otros. Unos 20.000 madrileños se beneficiaron de estas iniciativas.

Con ese dinero, se compraron alimentos; bienes de primera necesidad, como productos de higiene personal, o se contrató personal ante la falta de voluntarios. Todo ello destinado a personas sin hogar y a familias en situación vulnerables. También se adquirió material de protección contra el covid-19.

“Todo ello lo pudimos hacer en un tiempo récord, como lo requería la situación, porque teníamos el músculo, el nervio y los brazos necesarios para hacerlo. Adjudicamos todo en días para evitar que unos salieran beneficiados en perjuicio de otros. Las asociaciones tuvieron su dinero casi de un día para otro, lo que también creó que la plantilla de Mutua estuviera muy motivada”, recuerda con orgullo Cooklin. Su teléfono móvil recibió esos días muchas imágenes de profesionales de sanitarios y de auxiliares que se protegían con los equipos facilitados por la fundación. El 17% de los 1.500 empleados del grupo (unos 250) son voluntarios de la fundación.

Los que sí tuvieron que quedar aparcados fueron los otros dos puntales sobre los que se asienta la labor de la Fundación Mutua Madrileña: La parte de difusión cultural -con conciertos en la sede de la aseguradora y las visitas guiadas a museos y exposiciones, entre otras- y los programas de seguridad vial para jóvenes de 18 a 25 años. El cierre de toda actividad fuera de los domicilios hacía imposible cualquier acto.

Ya fuera de la fundación, el Grupo Mutua Madrileña también tuvo iniciativas para luchar contra los efectos de la covid, como destinar 20 millones de euros para pagar a 1.700 pymes y autónomos proveedores, disponer de otros 25 para ayudar a pagar el seguro de automóvil o moto a sus mutualistas que fueran despedidos o se quedaran sin actividad, en el caso de los autónomos o prorrogar dos meses la póliza a los asegurados que no dieron ningún parte durante el estado de alarma, entre otras.

Tabletas para los mayores y centros de menores

Mayores en habitaciones solos, completamente aislados y sin poder comunicarse con sus familiares o amigos. Ese es el panorama que sufrieron bastantes ancianos en residencias de la tercera edad de toda la región. Para acabar con esa tristeza, la Fundación Mutua Madrileña repartió en 156 geriátricos 1.100 tabletas a través de entidades como Cáritas o Mensajeros de la Paz. “Acudimos a residencias en las que los mayores tenían una economía y una situación peores que el resto”, reconoce el director general, Lorenzo Cooklin.

Otras 600 tabletas se donaron a centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid para que los jóvenes pudieran asistir a sus clases en línea y comunicarse con sus profesores. “El departamento comercial contactó con varias entidades comerciales y consiguieron comprarlas en un tiempo récord y a un precio razonable. Después se distribuyeron también muy rápidamente”, añade Cooklin.

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