¿Cambiarlo todo para que nada cambie?

La nueva normalidad requiere de grandes consensos para asegurarnos un futuro digno. La reconstrucción de la región debe ser objeto de un firme compromiso compartido.

No parece que esta sea la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Una prueba de ello es el anuncio de Isabel Díaz Ayuso de la enésima modificación, ad hoc, de la Ley del Suelo regional, sin acordar con Ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, entidades sociales, profesionales del sector y sociedad civil.

Resulta difícil entender el porqué del empeño del Partido Popular en modificar algunos artículos de la ley, cuando todos sabemos que debe aprobarse un nuevo texto legal en materia de urbanismo y suelo en esta región. Las transformaciones urbanísticas perduran en el tiempo, afectando a los modelos de ciudad y, por tanto, al modo de vida de la ciudadanía. No debe ser fruto del capricho o de las prisas, sino de un amplio análisis conjunto.

Es necesario que la Comunidad de Madrid cambie radicalmente el paradigma legislativo de la ordenación del territorio. Adaptando su marco normativo al estatal, la Comunidad de Madrid puede, y debe, cambiar el rumbo de un urbanismo que no sirve a la ciudadanía. La nueva ley debe ser de principios básicos, aceptados por todos, y que ofrezcan seguridad jurídica y reglas objetivas y objetivables. La sostenibilidad debe impregnar todo el texto y la planificación urbanística debe ser el instrumento para el reequilibrio territorial en una región donde conviven realidades sociales antagónicas, fruto de 25 años de Gobiernos liberales y del laissez faire urbanístico. El desarrollismo del axioma “todo es urbanizable” ya no se sostiene.

La apuesta por la ciudad existente nos permitiría generar estructuras sólidas para proteger a la ciudadanía. Así, renovación y regeneración urbanas darían paso a nuevas áreas de centralidad social, con parques públicos de viviendas en alquiler. Necesitamos un plan de estrategia territorial donde conectemos los 179 municipios de la región con infraestructuras educativas, sanitarias, culturales y de oportunidad económica y laboral, fortaleciendo actividades vitales, como nuestro sector primario.

Seguir empoderando competencialmente a los Ayuntamientos que, como decía, no han sido consultados tampoco en esta ocasión, y también proteger nuestro rico patrimonio ambiental y cultural. El nefasto modelo urbanístico del PP ha influido notablemente en que nuestra región haya sido la más castigada por la crisis sanitaria de la covid-19.

Como han pedido nuestros líderes regionales, Ángel Gabilondo y José Manuel Franco, es hora del consenso y la reconstrucción pactada, siguiendo el modelo del Gobierno de España, que, entre otras medidas, ha presentado el proyecto de ley de Cambio Climático dentro del paquete de reconstrucción global.

Rafael Gómez Montoya es diputado y portavoz socialista de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad en la Asamblea.

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