Madrid, obligada a proteger a un menor que vivía en la calle desde marzo

Una juez ha ordenado el reingreso inmediato de un menor que fue expulsado del sistema de protección de la Comunidad de Madrid por un dictamen de la Fiscalía, que consideraba que es adulto y por el que ha tenido que vivir en la calle en situación de abandono durante casi dos meses, coincidiendo con la crisis del coronavirus. El menor, que estaba en el centro de acogida de Hortaleza, fue expulsado de allí el 10 de marzo, pocos días antes de la declaración del estado de alarma que obligó al confinamiento de la población. La magistrada obliga a la Comunidad a reingresarlo en el sistema de tutelaje hasta que se pueda determinar con garantías su edad.

La Fundación Raíces solicitó una medida cautelar en la que recordaba la situación de desprotección a la que se vio abocado al quedar en la calle. En este sentido, ha explicado que, aunque solicitó plaza a varias organizaciones, ha sido rechazado por ser menor y por estar saturadas a causa del virus. Solo pudo refugiarse durante las últimas semanas en un piso ocupado, “en condiciones de extrema precariedad, sin luz ni agua, saliendo diariamente para acudir a los baños públicos a asearse y a conseguir comida de cualquier manera, a riesgo de ser sancionado por las autoridades”.

Según su pasaporte y acta de nacimiento, el menor, readmitido ahora, nació en Gambia y tiene 17 años. Sin embargo, la Fiscalía de Menores le impuso la realización de pruebas médicas a las que se negó a someterse, por lo que la Fiscalía decretó su mayoría de edad, por lo que fue expulsado del centro. La Fundación Raíces asegura que el menor vivió en Gambia hasta los 15 años y que, tras un recorrido de más de un año por diferentes países, llegó a España en mayo de 2019, cruzando en lancha desde Nador, en Marruecos, hasta Algeciras.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno ha ordenado asegurar la protección de los jóvenes tutelados que alcanzasen los 18 años o fueran declarados mayores de edad durante el estado de alarma y que la propia Comunidad de Madrid anunció el 24 de marzo que no expulsaría de sus centros residenciales a ningún joven en estas circunstancias. “Ninguna de esas decisiones llegó a tiempo de proteger a este menor, que ha tenido que acudir al auxilio judicial para ser protegido”, ha lamentado en un comunicado Paloma García, abogada de la fundación.

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