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Más de 1.000 trabajadores de residencias y centros de discapacitados usaron mascarillas defectuosas

15 centros de mayores y seis para personas con discapacidad recibieron material que no cumple la normativa europea

Traslado de un féretro desde la Residencia de Mayores Adolfo Suárez a un vehículo de intervención judicial el 2 de abril.
Traslado de un féretro desde la Residencia de Mayores Adolfo Suárez a un vehículo de intervención judicial el 2 de abril.Eduardo Parra (Europa Press)
Isabel Valdés

En algunos de los lugares donde más falta hacía la protección fue donde más falló. Hasta 15 residencias de mayores y seis centros para personas con discapacidad del sistema público llegaron las Garry Galaxy, las mascarillas que hace cuatro días Sanidad ordenó retirar porque no cumplían con la normativa europea ni con ninguno de los parámetros de la Asociación Española de Normalización.

En la respuesta que la Agencia Madrileña de Atención Social ha enviado al sindicato Csif, que pidió datos sobre a cuántos profesionales de estas áreas públicas había afectado el envío de estas mascarillas, confirman que las usaron 880 trabajadores de residencias, 224 de los centros para personas con discapacidad y tres trabajadores y dos voluntarios de los Servicios Centrales en la Unidad de Salud Laboral. “1.109 trabajadores que han solicitado la realización del análisis microbiológico mediante la técnica PCR”, reza el escrito; 337 se han programado para este martes.

Elena Moral, presidenta del sector de Administración General de la Comunidad de Madrid (AGCM) de CSIF Madrid, cuenta que se enviaron “a las residencias más grandes, donde hay más afectación, más número de fallecidos y más trabajadores infectados. Aunque esto es algo que hemos tenido que averiguar nosotros, porque la Comunidad no quiso darnos esa información”.

Moral apunta, por ejemplo, a “la reina de las residencias”, la Doctor González Bueno, la más grande Madrid con capacidad para 617 internos. También a El Carmen, a la Francisco de Vitoria, —“con una tasa alta de mortandad”, se calculan entre 50 y 60 fallecidos durante la pandemia—, o la Reina Sofía. Y entre los centros ocupacionales, pone el ejemplo de la Residencia y Centro de Día de Getafe, “donde 70 de los 224 trabajadores las usaron”.

La paradoja es que las mascarillas fueron a parar a los lugares más críticos: “Se suponía que tenían que garantizar la inmunidad, así que las soltaron en esos centros. Que para que nadie lo olvide, el índice de muertos en residencias es un tercio de los muertos en Madrid”. Según los últimos datos, desde el 8 de marzo han fallecido en estos lugares 5.272 residentes mayores, con enfermedad mental o discapacidad en relación con la pandemia; de ellos, los que no fueron testados 4.435, no cuenta en el balance oficial de víctimas.

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“Estamos mandando a los trabajadores al matadero”, espeta Moral, que explica que las Galaxy, como los nuevos monos que llegaron, “se están dando a los trabajadores que están en zona roja, los que se considera que tienen el virus, que son positivos seguro”, aunque no se les ha hecho ninguna de las pruebas para comprobarlo. “Tampoco se les ha impuesto ahora, tras usar las mascarillas, ninguna medida, están trabajando como cualquier otro y es más, a veces se necesita apoyo en otro módulo o tienen que colaborar con algo y se mueven por la residencia sin problema”, denuncia.

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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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