La singularidad madrileña: el misterio de los aviones y la rendición de cuentas

A estas alturas ya nadie duda que estamos ante una de las crisis más difíciles que hemos tenido que afrontar como país. El virus representa una amenaza compleja para nuestro sistema por muchos motivos, entre ellos porque para derrotarlo no bastan las soluciones individuales; solo pensando y actuando colectivamente, comprometiéndonos con el de al lado, podemos generar las condiciones para superar la pandemia.

A la responsabilidad ciudadana se une la de colectivos específicos cuya eficacia en el desempeño de sus funciones es estratégica. Seguiremos agradeciendo cada tarde desde los balcones la labor de nuestros profesionales sanitarios, de las fuerzas de seguridad, de las profesoras que hacen lo imposible por no dar por perdido el curso, de transportistas y dependientas que garantizan que la cesta de la compra se sigue llenando. Sin embargo, en medio de tanto sacrificio social, es lógico que la gente se pregunte si el Gobierno de Díaz Ayuso está haciendo también su parte del trabajo y con qué eficacia.

Desde el siglo XVIII sabemos que el poder de los monarcas absolutos debía ser limitado para no convertirse en tiranía. Cualquier democracia mínimamente aceptable ha incorporado límites y control a los gobiernos y quienes no comparten estos principios sencillamente han dejado de ser considerados demócratas. Esto, que viene a ser el parvulario del parlamentarismo, ha pasado a mejor vida en Madrid con la crisis del Coronavirus. La suspensión de los plenos de la Asamblea ha sido aprovechada por el Gobierno para hacer y deshacer a su antojo, sin que nadie pueda conocer el alcance de algunas sus decisiones y sin un mínimo de fiscalización. Afortunadamente para España, esta no es la tónica habitual ni a nivel nacional ni en la mayor parte de las comunidades. Podríamos llamarlo la singularidad madrileña que describe la situación insólita de una región en la que quien dirige la nave se niega a rendir cuentas bajo el pretexto de una supuesta persecución personal.

¿Es aceptable que una presidenta autonómica se niegue a explicar qué ha pasado con los 23 millones que se enviaron a China para comprar un material que debía haber llegado hace dos semanas? ¿Es tolerable que, en una situación tan comprometida, el Gobierno ni confirme ni desmienta que hayan sido víctimas de una estafa? ¿Tiene derecho una presidenta a no realizar ruedas de prensa y a no someterse a ningún control parlamentario mientras en Madrid estamos viviendo una crisis sin precedentes? Ciertamente no y denunciarlo es un ejercicio de responsabilidad. Aprovechar la lealtad institucional de la oposición como una carta blanca para convertir la Comunidad de Madrid en un reino medieval sin control, es añadir el problema del deterioro institucional a la ecuación de la crisis del COVID-19. Si no queremos reeditar tiempos pasados, no podemos permitir que el Gobierno de Díaz Ayuso se emancipe del parlamento.