Miles de multas de Madrid Central abren un nuevo frente en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid entiende que la acumulación de multas sobre miles de residentes por circular por Madrid Central es un problema heredado del anterior equipo de Gobierno. Las autoridades pusieron el verano pasado miles de sanciones de 90 euros cada una a los vecinos a pesar de que estos aseguran que tenían en vigor permiso para circular con sus vehículos por las zonas conocidas como APR (Área de Prioridad Residencial). El PSOE cree que deben anularse y Más Madrid culpa al PP de la revocación de los permisos de los vecinos.

En referencia a esta polémica, el Consistorio va a poner “todos los medios” para subsanar los “errores e ineficiencias de Madrid Central”, uno de los planes estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena, que el actual primer edil, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de “chapuza”.

Un grupo que representa a unos 75 afectados que acumulan unos 100.000 euros en multas solicitó ayer que las sanciones sean condonadas y alertan de que algunas cuentas están siendo embargadas. Explican que la revocación de sus permisos para circular por la zona partió del equipo de Carmena y que, ya bajo el nuevo Gobierno municipal, se publicó en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid pero no se notificó personalmente a los vecinos.

Ante los medios han comparecido en una sala forrada con las notificaciones de las sanciones Ángeles Navarro, vecina de Letras, con 35 multas y una deuda de 3.150 euros; Ángel Cobos, de Tres Peces, con 45 multas y una deuda de 4.050 euros; Carlos Santos, de Lavapiés, con 39 multas y una deuda de 3.510 euros, y Ana Rojo, de Letras, con 9 multas y una deuda de 810 euros. Más que todos ellos acumula otra afectada, Encarnación García, con 57 sanciones que suman 5.130 euros, como contó ayer EL PAÍS.

“Esto es una estafa del Ayuntamiento”, se queja Cobos, al tiempo que considera un “robo” tener que pagar más de 4.000 euros en multas. Navarro señala que a ella no le llegaron las notificaciones hasta el mes de noviembre. “No sé cómo piensan que podemos pagar”, añade. “Soy afortunada”, ironiza Rojo por tener “solo” nueve sanciones ante lo que considera un “abuso” por parte de la autoridad municipal.

“Los problemas los estamos viendo ahora. Los hemos heredado y nosotros queremos dar la cara a los ciudadanos y decirles que hay multas que se imponen por ineficiencias que no son achacables a ellos”, señaló Almeida. El alcalde pidió una moratoria de tres meses, entre julio y septiembre de 2019, para que no se multara a los coches que accedían a esa zona de bajas emisiones de Madrid Central, pero los tribunales echaron atrás esa medida que se había aprobado bajo el mandato de su predecesora. Así, el Ayuntamiento retomó la multas el 8 de julio.

Esa fecha empezó lo que estos vecinos califican de “calvario” burocrático porque afirman que tanto en el Gobierno municipal como en la oposición escuchan sus lamentos pero nadie les da una solución.

La línea de defensa de los afectados que han acudido a abogados gira en torno a la infracción continuada, que impide las multas sistemáticas; la vulneración del principio de confianza legítima, pues el Ayuntamiento no informó a cada afectado y la propia fecha de los permisos. Lo resume Vicente Ynzenga, del departamento jurídico de Pyramid Consultig, un despacho madrileño que lleva miles de reclamaciones de Madrid Central y que ya ha ganado casos con la APR de Ópera. Ynzenga entiende en todo caso que el lío salpica a los dos equipos de Gobierno.

Los afectados no se enteraron de que estaban siendo multados hasta tres meses después, que es cuando la administración les empezó a notificar las infracciones. De ahí la acumulación de sanciones. Las notificaciones siguen un “sistema complicado”, afirman desde fuentes de la Delegación de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, que recuerdan que el equipo de Gobierno actual se ha limitado a multar según la ordenanza municipal algo que dan a entender no estaba haciendo el anterior equipo. El plan alternativo de Almeida al de Carmena es Madrid 360, que espera presentar este jueves en Bruselas.

“Espiral” de sanciones

Más Madrid señala al Partido Popular como responsable de la revocación de los permisos y de la “espiral” de multas por no avisar a los vecinos. El anterior Gobierno dejó listas cartas para enviar a los afectados que, en el cambio de equipo municipal, se quedaron sin mandar, denuncia la portavoz de medios de esta formación, Rita Maestre, que formaba parte del Gobierno de Carmena.

La solución es “sencilla”, apunta el concejal socialista Alfredo González, recordando cómo en 2016 se anularon las sanciones de la APR de Ópera. Entiende, además, que la publicación del Ayuntamiento podía dar lugar a dudas y que se tenía que haber notificado de manera individual la revocación a los afectados. El PSOE llevará el asunto de las multas al pleno del distrito Centro del próximo 11 de marzo.

Las autorizaciones para circular por las APR revocadas estaban expedidas antes de la entrada en vigor de Madrid Central desde el 30 de noviembre de 2018. El equipo de Manuela Carmena diseñó una moratoria de siete meses, hasta el 30 de junio. En ese periodo, perdieron la alcaldía. Cada permiso tenía una duración diferente y algunas de las personas consultadas las tienen con validez hasta 2023.

Los vecinos aseguran que desde el Ayuntamiento les dicen que les harían “un favor” si fueran a los tribunales. Pero insisten en que son los políticos los que han generado esta situación en medio del cambio de gobierno al frente del Ayuntamiento y de ellos debe salir la solución.

“Las personas empadronadas en el Distrito Centro que hubieran obtenido autorización de acceso para sus vehículos a cualquiera de las APR existentes antes del día 30 de noviembre, podrán acceder a partir de dicha fecha a Madrid Central con dichos vehículos”, respondieron el 18 de noviembre de 2018 desde una cuenta municipal de Twitter a Carlos Santos, uno de los afectados. Eso mismo, afirma, le informaban desde el teléfono de información 010.

El vendaval de multas amainó cuando empezaron a llegarles las notificaciones por decenas y, alertados, acudieron a regularizar un permiso que entienden seguía estando en vigor. Mientras tanto, algunos han pagado las multas, otros no. Unos han alegado con ayuda de abogado, otros no.