Infierno laboral para las mujeres en el juzgado de violencia machista de A Coruña

Gritos, “humillaciones”, “actos hostiles”, “actitud autoritaria y prepotente”, “vigilancia constante”… Así describen las trabajadoras del Juzgado de Violencia contra la Mujer de A Coruña el clima laboral que llevan varios años sufriendo y que, según denuncian, es provocado por el comportamiento del letrado judicial de este órgano. Las funcionarias, todas mujeres, han elevado quejas al Ministerio de Justicia y a la Xunta, pero ninguna institución ha tomado medidas. Los sindicatos CSIF y CIG explican que el hostigamiento que relatan estas empleadas ha caído en tierra de nadie dentro del engranaje de la Administración y las autoridades se escudan en eso para mirar hacia otro lado: el acusado es un funcionario que depende del Gobierno central y las denunciantes son personal autonómico. “El letrado depende del ministerio y por encima tiene al secretario de gobierno y a los letrados coordinadores provinciales, pero estos cargos no suelen ir en contra de ellos por corporativismo [ambos son letrados de Justicia también]. Ni más ni menos”, explica Áurea Fernández, responsable de Justicia del CSIF en Galicia.

Las quejas de las seis trabajadoras afectadas por la “actitud de prepotencia, menosprecio, ninguneo y acoso”, que se repiten desde 2022, han sido remitidas también a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y a la Fiscalía. Ellas acusan al funcionario, que no es titular de la plaza sino sustituto, de perturbar y obstaculizar el trabajo del juzgado y de generar a sus compañeras “cuadros de ansiedad y estrés”. “Las vigila constantemente y controla para que no puedan moverse de su puesto de trabajo” y “entorpece el trabajo rechazando la firma de diligencias, oficios y otras resoluciones judiciales por motivos absurdos”, relató el CSIF en las denuncias elevadas a las autoridades. De los pocos hombres que han pasado por este órgano ninguno se ha quejado del trato que recibe, subrayan las representantes de la plantilla. “Es una mezcla de machismo, prepotencia y situación de poder”, diagnostica Chelo Rodríguez, del sindicato CIG.

En el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños (PSOE) fue la Subdirección General para la Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal la encargada de abordar las quejas. Este departamento pidió un informe al secretario de gobierno del TSXG. Este cargo solicitó a su vez sendos informes a la coordinadora provincial de letrados judiciales y al funcionario señalado, quienes rechazaron “frontalmente” las acusaciones, las atribuyeron a un “contexto laboral de máxima exigencia por la carga y tipología del trabajo” o las matizaron “de forma coherente y convincente”. Basándose en esas alegaciones, el ministerio respondió el 8 de marzo del año pasado que no había razón para imponerle medidas disciplinarias al letrado judicial y que, al igual que reitera a consultas de este periódico, la competencia para activar el protocolo de acoso laboral es de la Consellería de Xustiza de la Xunta.

Pero en la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes que encabeza Diego Calvo (PP) también se lavan las manos. El asunto fue abordado en reuniones del Comité de Seguridad y Salud, un órgano dependiente de la Dirección Xeral de Xustiza ante el que se denunció la situación por escrito. Los responsables autonómicos, cuenta el CSIF, respondieron verbalmente lo mismo que el Gobierno central, pero dándole la vuelta: alegaron que no pueden actuar contra el denunciado porque al ser letrado judicial no es personal de la Xunta, sino del ministerio. Fuentes oficiales de esta consejería repiten a este periódico ese argumento. “Esto impide que se pueda adoptar medida alguna en esta materia y mucho menos si se tiene en cuenta que no consta en el registro de la Dirección Xeral de Xustiza denuncia alguna contra el letrado”, añade el Gobierno gallego.

El portazo final del ministerio a las trabajadoras del Juzgado de Violencia contra la Mujer de A Coruña llegó hace un mes. Justicia, tras recibir una nueva denuncia, reduce el relato de las funcionarias a “afirmaciones abstractas de hostilidad” que el letrado acusado rechaza, “negando determinados incidentes que se le imputan y justificando determinadas diferencias sobre la forma o manera de entender el funcionamiento de la oficina judicial”. El juzgado, prosigue el Gobierno central, está “notablemente sobrecargado” y pueden “producirse situaciones de tensión” y “fricciones” sin que pueda deducirse que “las decisiones del letrado sean adoptadas por la posible animadversión que pudiera sentir” hacia sus compañeras. El funcionario señalado ha declinado ofrecer su versión a este periódico.

La sindicalista de la CIG asegura que conoce más casos en los que letrados judiciales aprovechan esta “impunidad” y el “miedo a denunciar” para abusar de su posición. Rodríguez coincide con Fernández, la representante del CSIF, en que la solución es que se apruebe un protocolo de actuación coordinada contra el acoso laboral que implique a las administraciones central y autonómica y proteja al personal sea quien sea el denunciante o denunciado. El problema, esgrimen, se repite en todas las comunidades con las competencias de justicia transferidas.

En el caso del juzgado de violencia machista de A Coruña, dos de las afectadas presentaron sendas denuncias penales por acoso laboral que fueron archivadas el pasado julio porque no se apreciaron indicios de delito. Los jueces concluyeron que los hechos relatados no merecen reproche penal, pero que sí podrían dar lugar a responsabilidades en el ámbito laboral, por lo que fueron remitidas a la coordinadora provincial de los letrados judiciales, la misma que ante la consulta del Ministerio de Justicia descartó tomar medidas.

Al funcionario señalado en las denuncias sí le ha abierto Justicia un expediente disciplinario, según confirman varias fuentes conocedoras del proceso, pero no por su comportamiento con las citadas trabajadoras, sino con otra mujer: una jueza. El incidente provocó la intervención de la policía, que ya ha acudido a ese juzgado también por altercados del denunciado con sus compañeras, informa el CSIF. En este caso, Justicia sí actuó. Y eso pese a que la jueza, al igual que las funcionarias del juzgado que se sienten acosadas, tampoco es personal dependiente del ministerio.

Trabas para compensar horas extra o coger vacaciones

El letrado judicial es el encargado de distribuir la tarea en los juzgados. De él depende, por ejemplo, el reparto de las vacaciones o que se validen las horas extra del personal para que le sean compensadas. Las últimas quejas presentadas el pasado enero por las trabajadoras del órgano especializado en violencia de género en A Coruña señalan que este funcionario “se niega categóricamente” a expedirles las certificaciones de las jornadas que prolongan por asuntos urgentes. Tampoco firma a tiempo la concesión de vacaciones o días libres, critican.

El infierno laboral de este juzgado espanta a los funcionarios. Solo hay dos trabajadoras titulares (una de ellas denunció sin éxito por lo penal), ya que el resto optan por huir en comisión de servicio en cuanto pueden, explica el CSIF. “Nadie quiere ir ahí por la carga de trabajo, el estrés y la distribución de tareas que hace este señor”, esgrime Fernández. “Hemos llegado a tener interinos de interinos: el primero coge una baja y se nombra otro interino sustituto”. El personal ha llegado a prolongar su jornada hasta las diez de la noche pese a que a partir de la una del mediodía los casos pasan al juzgado de guardia, denuncia este sindicato. “Que esto ocurra en un juzgado de violencia contra la mujer es muy sangrante”, concluye Fernández. El ministerio asegura que el letrado denunciado abandonará el puesto en ese órgano el 13 de marzo por la reincorporación de la titular de la plaza.