Investigado por acoso laboral el letrado mayor de las Cortes de Castilla y León

Una trabajadora de las Cortes de Castilla y León ha denunciado al letrado mayor y secretario general del Parlamento autonómico, Marcos Herrero, por acoso laboral. El alto cargo institucional declarará este jueves en un juzgado de Valladolid por ese presunto maltrato profesional a una funcionaria, jefa de servicio de Gestión Administrativa hasta que fue apartada al poco de entrar Herrero en su puesto. La mujer expone que desde entonces se la ha vejado laboralmente para humillarla y aislarla. Esta persona se encuentra de baja laboral por depresión. La denuncia llegó a la Fiscalía, que la remitió a un juzgado de instrucción para evaluar un posible delito de acoso laboral. El acusado ha declinado pronunciarse sobre el tema y defiende su inocencia.

El caso lo dirime el juzgado de instrucción número 4 de Valladolid, donde acudirá el letrado mayor y secretario general, posición clave en las Cortes como responsable del personal de la institución parlamentaria y la toma de decisiones sobre los calendarios o cuestiones jurídicas propias del desarrollo cotidiano de la Cámara. Él participa en los plenos, en las reuniones de la Mesa de las Cortes y en la Junta de Portavoces de los grupos con representación. Marcos Herrero, contactado por EL PAÍS, ha rechazado hacer declaraciones y remite a que reivindicará su inocencia en el juzgado. El investigado, vallisoletano de 33 años, ostenta el cargo desde el 28 de marzo de 2022 como sucesor de Carlos Ortega, que renunció al puesto que ocupaba desde agosto de 2015.

Herrero formaba parte del cuerpo de letrados de las Cortes de Castilla y León desde marzo de 2019, tres años antes de ascender al máximo puesto de la institución parlamentaria. Las Cortes de Castilla y León carecen de protocolo antiacoso o una normativa a la que las posibles víctimas pudieran acogerse en caso de encontrarse en escenarios similares. Tampoco existen inspecciones o sindicatos que puedan proteger a la plantilla.

La funcionaria ha acusado al alto cargo de que fue depuesta de su posición laboral como jefa de servicio de Gestión Administrativa y que el investigado se lo comunicó por teléfono cuando ella se encontraba de vacaciones, tal y como informa Europa Press. Según ella, tras esa medida empezó a perder permisos de acceso a aplicaciones informáticas, certificados de firma electrónica o unidades de red así que ni siquiera recibió la resolución de cese el 26 de mayo de 2022, que le fue enviada vía correo electrónico.

La denunciante afirma que Herrero buscaba humillarla y someterla a aislamiento laboral y sociolaboral mientras le provocaba agravios profesionales, además de privar de funciones y competencias al único cargo al que ella puede acceder en las Cortes de Castilla y León. Esto implica un salario inferior y menores responsabilidades respecto a otros compañeros del área. La denuncia recoge que Herrero intentó impedir que accediera a puestos del ámbito administrativo o la contratación pública al modificar las convocatorias con exigencias clave para que esta mujer no pudiera postularse.

Sentencias a favor de la denunciante

La víctima de este presunto acoso laboral cuenta con sentencias a su favor desde que comenzó su batalla judicial con el letrado mayor. Hace unos meses recurrió, con resultado positivo, que se revocara su nombramiento. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León resolvió en abril de este año que esa intervención era improcedente porque se dictó por un órgano incompetente, fuera de procedimiento legal, sin justificación y que “vulneró los derechos a la dignidad personal y profesional de la recurrente atendiendo a las circunstancias y modos en que se ha llevado a cabo”. El investigado también tuvo una decisión anulada por la Justicia en cuanto al cambio en la Relación de Puestos de Trabajo, que perjudicaba a la mujer, porque “con su proceder (que hemos dicho supone una represalia ante la actuación previa de la actora), ha vulnerado su derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad”.

La posición de Herrero en las Cortes puede quedar comprometida porque, según recalca la denuncia, el artículo 54.2 del Estatuto de Personal de la Cámara establece que se puede suspender temporalmente a quienes se encuentren en procedimientos legales como estos. Procuradores autonómicos como Francisco Igea (independiente, ex de Ciudadanos) han reclamado esa suspensión provisional para “preservar la integridad y buen nombre de la institución así como de proteger a los denunciantes y posibles testigos del caso”.