La familia de Déborah se da “por vencida” 21 años después: pide el archivo de un crimen plagado de errores en la investigación

La convocatoria de prensa de la familia de Déborah Fernández-Cervera no daba ningún detalle de lo que se iba a anunciar en la cita del viernes en Vigo. Solo se especificaba la hora y el lugar: en la vía pública, ante el número 98 de la Avenida Atlántida, una larguísima calle con nombre de tierra perdida. En este edificio con vistas al mar vivía la chica de 22 años, y de allí salió para correr por el paseo de la playa la tarde del 30 de abril de 2002. Esa noche no regresó a casa y sus padres no volvieron a saber de ella hasta 10 días después, cuando una vecina de O Rosal, un municipio 50 kilómetros al sur de Vigo, salió a pasear y en el arcén de la carretera general descubrió lo que, en un primer golpe de vista, creyó que era “una muñeca de pelo negro”. El cadáver de Déborah estaba desnudo, posiblemente lavado, con cierto grado de descomposición y con hojas de acacia tapando sus zonas íntimas. En la autopsia se descubrió que alguien le había introducido semen en la vagina de forma artificial. El caso pasó por incontables equipos de la policía nacional y por sucesivos jueces, y se reabrió en 2019 gracias a una sonada campaña de apoyo en redes sociales y al trabajo de la familia de la víctima, que en dos décadas ha gastado una fortuna en peritajes.

En la recta final, cuando el delito de asesinato estaba a punto de prescribir, se imputó a un exnovio de Déborah, hijo de una influyente estirpe de industriales vigueses. Pero la fiscalía y la defensa de este hombre, ahora padre de familia, insisten en la vieja teoría de que Déborah Fernández-Cervera Neira falleció de muerte súbita. Este viernes, en la acera de la Avenida Atlántida, la familia ha anunciado públicamente que se da “por vencida” y, si la jueza de Tui (Pontevedra) “entiende que no hay elementos” para transformar las diligencias en un procedimiento ante el jurado popular, ellos piden el archivo provisional de las actuaciones. Esto “no quiere decir que no se seguirá trabajando. Con la causa cerrada se seguirá trabajando para intentar saber qué pasó con Déborah”, puntualizaron los abogados, “no es un adiós, es un hasta luego”.

El esperma hallado dentro del cuerpo, de ADN nunca identificado, era mucho más reciente que la data de la muerte y la policía zanjó, pasado el tiempo, que era una pista falsa, empleada precisamente para desencaminar las pesquisas. Pero a la hora de determinar las causas del fallecimiento, una de las hipótesis iniciales fue la muerte súbita a la que se sigue aferrando la fiscalía, contraria a que se continúe investigando al único sospechoso. En cualquier caso, aunque la joven hubiera muerto repentinamente, fue necesaria la intervención de otra persona, o varias, en el traslado y la colocación del cadáver.

En junio acudió a declarar al juzgado de Instrucción 2 de Tui el forense Aitor Curiel, contratado por los padres de la víctima, que hace dos años lograron que la jueza autorizase la exhumación de los restos del panteón familiar. Este perito defendió la muerte por asfixia, probablemente por sofocación con un objeto blando. La familia recuerda que, en su turno de preguntas al experto, el fiscal llegó a preguntarle al forense si la gran congestión detectada en la cabeza —algo sobre lo que el investigador llamaba la atención— no podría deberse a que la chica hubiese estado colgada por los pies. “No sé qué pretende sugerir con esto el fiscal”, protesta ahora Rosa Neira, la madre de Déborah: “Mi hija y su grupo de amigas, que ya son madres, eran niñas muy sanas, que no se drogaban. Estaban muy unidas, hacían excursiones, se contaban secretos, como cualquier pandilla de chicas de 20 años. Iban juntas a ayudar a personas que lo necesitaban, hacían obras de caridad”.

La familia reconoce que está cansada, que ha hecho todo lo que ha podido “y más”, y que “eso, si lo puede ver, Déborah lo sabe”. Pero los padres y los hermanos claman contra el “maltrato” de las instituciones, después de dos décadas luchando por aclarar quién mató a la más pequeña de la casa. “Nos damos por vencidos. Es difícil derribar un muro con bolas de papel, por muchas que tiremos. Los familiares ya no quieren soportar más lo que entienden como un maltrato de la Administración de Justicia, del Estado español y del Estado de derecho”, dijo este viernes por la mañana Ignacio Amoedo, que se encarga de la representación legal de los parientes de Déborah junto con su hermano Ramón Amoedo. El pasado lunes recibieron una providencia en la que se les pide que manifiesten su parecer sobre la prórroga del caso, que finaliza en unos días. Han decidido no pedir que se alargue más, porque, tal y como recalcó a continuación Rosa Neira, no pueden “consentir que la instrucción se convierta en una burla a su memoria” y que “maten también su dignidad”.

Desde que el pasado noviembre la jueza denegó el pase a procedimiento de jurado, “carecía de sentido continuar con la instrucción”, concluyen los abogados. “¿Para qué mantener como investigada a persona alguna? ¿Para qué seguir haciendo sufrir a la familia? ¿Para qué hacer gastar dinero a las partes con periciales? ¿Para qué seguir practicando pruebas?”, se pregunta Amoedo. “¿Qué valor tenía el atestado de 2019 de la Policía Nacional, que señalaba a una persona como autora de la desaparición y muerte de Déborah? Si consideraban que era una invención, ¿por qué no se indicó a los agentes que hicieran bien su trabajo?”, lamentó el letrado en su intervención.

“Todos sabemos, todos callamos”

En un acto que se cerró con música, con una foto de familia y con abrazos a los periodistas que durante años se hicieron eco de la causa, la madre de Déborah leyó un texto en nombre también de sus hijos y su esposo titulado “El fin de la vergüenza”. “En más de dos décadas no hemos sentido la protección de la justicia. Hemos sentido su peso, pero no su protección”, lamentó, “la sensación de ser un recuerdo molesto [...] haciendo ruido con la memoria. Mostrando los errores de la investigación y del proceso. Todo tan incómodo... Y ahora la vergüenza de la muerte súbita, en la que tan convenientemente coinciden fiscal y defensa”. Emocionada, Rosa Neira describió la muerte que ellos consideran que tuvo su hija: “Sofocada, asfixiada, privada de aire hasta matarla”. Su marido permaneció durante la lectura sentado junto a ella, en una silla en la acera. “Yo ahora ya no lloro, no me quedan lágrimas”, confesó José Carlos Fernández, el padre de Déborah, al terminar.

A partir de ahora, concluyó Rosa Neira, “viviremos ahogados en la indefensión, deseando que esto no vuelva a suceder. Que ninguna hija, hermana, amiga muera de forma tan cruel y que lo haga sin castigo, gratis”. “Todos sabemos, todos callamos, y este silencio vergonzoso y vergonzante nos pasará factura, advirtió la madre de la víctima: “A todos”. Tras el acto, los parientes de Déborah explicaron que existen testigos, personas que conocen circunstancias de aquellos días que podrían ayudar a esclarecer el caso, que sin embargo callan por temor a complicarse la vida; algunos “porque tienen familia”. Los Fernández-Cervera Neira denunciaron en estos años un rosario de errores, lagunas y hasta misteriosas desapariciones de pruebas en la investigación de aquellos hechos, que golpearon de lleno en 2002 círculos elitistas de la ciudad.

Ignacio Amoedo repasó ayer algunas de las supuestas chapuzas del caso, que fue bautizado por los agentes como Operación Arcano. El abogado recordó que, según los peritos de Lazarus (la misma empresa que en su día trabajó con el teléfono móvil de Diana Quer), el disco duro del ordenador de la joven había sido manipulado en algún momento después de ser entregado a la policía nacional. Sin embargo, la Guardia Civil lo negó. A finales del año pasado, cuando ya el delito de asesinato había prescrito para cualquier nuevo sospechoso que no fuese el único hombre investigado, en las obras de reforma de las dependencias de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) en Canillas (Madrid), aparecieron oficios policiales, fotografías, cintas de vídeo y un móvil vinculados al caso. “No sacaremos nada en limpio de la inspección del teléfono porque dos personas con nombre y apellidos le quitaron la tarjeta SIM cuando lo recogieron”, criticó el abogado.

La autopsia inicial también quedó en entredicho cuando los expertos consultados por la familia descubrieron que al cadáver no se le habían inspeccionado las uñas para recuperar posible material genético. Cuando los restos fueron exhumados, en las uñas aparecieron fibras y pelos, pero estos vestigios ya no llevaron a ninguna parte.