La jueza ordena exhumar los restos de la viguesa Déborah Fernández 19 años después de su muerte

“Mi hermana era la reina del humor negro, no me extrañaría que lleve guardando todo este tiempo ella misma la solución de su propia muerte”, dice Rosa, la hermana de Déborah Fernández-Cervera, portavoz de la familia y motor de la lucha por resolver su supuesto asesinato desde hace 19 años. Los padres y hermanos de la viguesa de 21 años, desaparecida en la tarde del 30 de abril de 2002 cuando salió a correr por la playa de Samil y hallada muerta 10 días después, supieron ayer que el juzgado ordena la exhumación. Solo falta un año para que el delito, de ser asesinato como se sospecha, prescriba para el Código Penal.

Y una de las últimas bazas, aceptada por la actual jueza de Tui (Pontevedra) que instruye el caso, es el raspado de las uñas en busca de ADN del posible culpable. En las pruebas forenses realizadas cuando apareció el cadáver a 40 kilómetros de Vigo (desnudo, supuestamente lavado, colocado en una cuneta, decorado con hojas de acacia y con semen introducido en la vagina para simular una violación), no se llevó a cabo este protocolo habitual. “Apesta por todas partes”, zanja Rosa Fernández-Cervera acerca de este lapsus en la primigenia instrucción de la causa.

Los restos de Déborah serán recogidos del panteón familiar en el que yacen, en el cementerio vigués de Pereiró, el próximo 18 de mayo a las 12, un día después del festivo de las Letras Galegas. La familia ha recibido la orden del juzgado, emitida ayer, con “sorpresa” porque hasta ahora, según la hermana de la víctima, se lo han “denegado casi todo”. En la revisión forense, además del material genético que puede persistir bajo las uñas, sobre todo si luchó por su vida, se buscarán lesiones que no hubieran sido apreciadas por los primeros forenses.

Después de la toma de declaración a varios testigos el mes pasado, la titular del juzgado número 2 de Tui (en el que se lleva el caso por corresponderle el municipio del hallazgo del cuerpo) ha aprobado esta medida y también la entrega del disco duro del ordenador personal de Déborah. La familia espera que la empresa especializada Lazarus Tecnologic, que también participó en el caso de Diana Quer, busque pistas del criminal que pueden permanecer guardadas en la memoria interna. Los abogados pidieron llevar a cabo este peritaje en septiembre de 2020; y el levantamiento de los restos mortales, el pasado febrero. No tomaron esta última decisión hasta que recibieron el informe de un criminólogo y médico forense externo, Aitor Curiel, que descarta la muerte súbita (una hipótesis que llegó a plantearse al principio) y propone como causa la asfixia por sofocación.

“Será un trámite muy difícil [para la familia], pero entendemos que debemos afrontarlo con entereza y resignación”, reconocen los parientes de la víctima. “Estamos esperanzados de que sea la propia Deborah la que tenga la solución a todo este calvario”, insisten. “Como siempre hemos dicho, usaremos hasta la ultima pista para intentar saber la verdad y que el causante de tanto dolor pague por ello”.

La familia ha conseguido a lo largo de 19 años que la investigación se reactivase unas 15 veces. En ese tiempo heredaron el caso media docena de equipos policiales y tres jueces, pero nunca llegó a imputarse a nadie, aunque se investigó a un exnovio y se descartó. El caso se reabrió por última vez en 2019, tras una intensa campaña de recogida de firmas en las redes sociales que pedía “justicia para Déborah”, y prescribirá en 2022 si la jueza no centra el punto de mira sobre un supuesto culpable.

El cuerpo de Déborah Fernández fue hallado 10 días después de su desaparición por una vecina del municipio de O Rosal junto a la carretera que une Baiona y A Guarda (antigua C-550, hoy PO-552), en la localidad de Portocelo. Había sido abandonado días antes y el deterioro de la cara hizo creer que presentaba signos de violencia. Después, los forenses dictaminaron que la chica no presentaba lesiones externas ni señales de violación: el esperma había sido introducido post mortem. De todas las hipótesis de la causa del fallecimiento que formularon los médicos, la que acabó cobrando más fuerza fue la de una sofocación con objeto blando.

Ángel Galán, el comisario de la policía nacional que dirigió durante ocho años las pesquisas de la que fue bautizada Operación Arcano, describía como “una escena teatral” la “colocación” del cadáver por parte del autor. Al lado del cuerpo, se cree que con el objetivo de despistar a los agentes, había dejado un preservativo usado, su funda, un pañuelo de papel y un cordón, posiblemente del chándal que vestía Déborah Fernández-Cervera Neira cuando salió a hacer deporte.