Investigado por presunto acoso laboral el director de la radio y televisión gallega que llegó al cargo con Feijóo

El largo conflicto laboral que se libra en el seno de la CRTVG (Corporación de Radio e Televisión de Galicia) sube de temperatura y regresa a los juzgados con la querella presentada por una trabajadora. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, Ana López-Suevos, ha citado a declarar a la presunta víctima y ha notificado a ocho cargos de la directiva para que designen un abogado como investigados “por la posible comisión de un delito de acoso moral y de un delito contra los derechos de los trabajadores”. Entre los querellados está el propio director general de la compañía pública, Alfonso Sánchez Izquierdo, en el cargo desde 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta. Sánchez Izquierdo, que lleva 14 años en el cargo, también ha sido presidente de la Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) en 2009, 2015 y 2021. Junto a él, según avanza en su escrito con fecha del 29 de mayo, la jueza que ha abierto diligencias previas, serán citados a declarar en calidad de investigados otro siete responsables: el director del Área de Innovación y Negocio; el jefe de servicio de Planificación Informativa; la jefa de Xestión Operativa de Programas da Radio Galega; la coordinadora de personal de la radio; la jefa de Seguridad y Salud y de Relaciones Laborales de la CRTVG; la directora de Recursos Humanos y el responsable de Seguridad y Salud Laboral de la corporación.

La presunta víctima de acoso laboral está citada para testificar el próximo 28 de septiembre. La jueza ordena que, “para evitar su victimización secundaria”, “la perjudicada declare acompañada por la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima mediante el sistema de videoconferencia”. También acuerda librar oficio al Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) para que el equipo psicosocial “emita informe acerca de si la querellante presenta daño psíquico compatible con los hechos denunciados”. La fecha de la declaración en calidad de investigados será fijada después de que preste testimonio esta denunciante por la vía penal. En su auto, la jueza ordena, por último, solicitar documentación a la CRTVG y “todos los expedientes tramitados” a la Valedora do Pobo con relación al caso de esta trabajadora, que antes de llegar al juzgado buscó amparo en esta institución autonómica, equivalente al Defensor del Pueblo en España.

Fue allí, en la oficina de la Valedora, donde, según explica una persona próxima a la presunta víctima, en el año 2020 le recomendaron acudir a los tribunales por lo “denso” de la situación denunciada en su queja. El caso también fue tratado por la Comisión de Acoso de la propia CRTVG, pero, según esta fuente, la mitad de sus integrantes, “representantes de la empresa”, “no lo vieron”. La supuesta situación de acoso, materia de la querella presentada por la empleada, se habría producido a lo largo de los años y después de que la profesional, que durante un tiempo trabajó en Radio Nacional y que en la Radio Galega ejercía sus labores en el departamento comercial desde 2004, fuese trasladada en 2018 a Informativos.

Según el relato de la misma fuente, a la trabajadora se la “cambiaba de turno continuamente” o se le “negaban los días de asuntos propios”, hasta el punto de recibir una sanción en febrero, cuando tuvo que viajar a otra localidad gallega desde Santiago para atender a su padre enfermo, en el momento en que este precisó ingresar en una residencia de ancianos. EL PAÍS no ha tenido acceso al grueso de la querella, pero sí al auto judicial que la jueza ha ordenado notificar a los querellados y a la corporación de radio y televisión autonómica. Un portavoz oficial de la CRTVG asegura a este periódico que este documento judicial todavía no había llegado a sus destinatarios este lunes al mediodía y que, por lo tanto, oficialmente no tienen constancia.

A la espera de recibir las correspondientes notificaciones y a la vista de lo que ha trascendido en medios de comunicación, el mismo portavoz de la corporación pública comenta que se trata de “una réplica de acciones previas ya juzgadas”, aunque estas otras fueron por la vía civil. “La secuencia de los hechos es la siguiente”, describe la CRTVG: “En el año 2018, este trabajador [esta trabajadora] presentó una denuncia ante el Juzgado de lo Social por un cambio de ubicación de puesto de trabajo, cuyo fallo fue favorable a la corporación. La sentencia es firme”. “En el año 2019, este mismo trabajador presentó una queja ante la Valedora do Pobo, quien determina que esa institución no es competente para valorar los hechos”, prosigue la respuesta oficial enviada por correo electrónico. “En el año 2020, este trabajador presentó una denuncia contra directivos de la CRTVG ante el Juzgado de lo Social por vulneración de derechos fundamentales”. La sentencia, dictada ese mismo año, “desestimó íntegramente todas las pretensiones” y fue “ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2021″.

“A nivel interno se abrieron dos procedimientos para activación del protocolo de prevención contra el acoso por denuncias” de la funcionaria”, añade la corporación: “Las comisiones están formadas por dos miembros de la empresa y dos de la parte social”. “En ninguna se concluyó que existiesen indicios de conductas compatibles con supuestos de acoso laboral”, zanja la nota de la CRTVG, que considera que la actual querella radica en “hechos ya juzgados y desestimados íntegramente en sendas resoluciones judiciales firmes”.

Huelga desconvocada el 28-M

La noticia coincide en el tiempo con el recrudecimiento del conflicto laboral que se libra en la CRTVG y que ya ha dado lugar a varias jornadas de huelga y sentencias contra la empresa por diversas causas; también a una reciente protesta ante el Senado, el día del careo de Feijóo y Pedro Sánchez. El último paro convocado, el 28-M, día de las elecciones municipales, no llegó a celebrarse. Según denunció el Comité Intercentros en la nota en la que anunciaba la desconvocatoria de huelga, “la dirección decretó servicios mínimos inéditos”, por “abusivos y desproporcionados”, con el objetivo de “reventar” la protesta en ese día clave.

Fuentes de este comité que representa a los trabajadores explican que el “clima laboral irrespirable” y los “traslados forzosos” de personal, al que se cambia de funciones y de medio (radio, internet y televisión) a modo de “represalia”, han dado lugar a varias “demandas por vulneración de derechos fundamentales” y “juicios a finales de junio en los que van a tener que ir a declarar” responsables de la corporación. El pasado día 7 de junio, la magistrada de lo Social número 3 de Santiago, Sandra Iglesias, dictó sentencia firme contra la CRTVG y a favor de otra trabajadora que demandó a la empresa. La jueza estima de forma parcial su demanda sobre derecho de conciliación personal, familiar y laboral y obliga a la compañía a facilitarle los medios técnicos necesarios para teletrabajar, con una jornada de lunes a viernes y un horario fijo. El malestar que denuncia el comité sale a la luz todos los viernes con una concentración de trabajadores vestidos de negro que se repite desde hace 264 semanas. Son los “viernes negros”, convocados por la plataforma Defende a Galega.

Como consecuencia de la investigación abierta por López-Suevos, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), primera fuerza de la oposición en el Parlamento autonómico, exigió este fin de semana “el cese inmediato” de la actual dirección de la CRTVG. En un audio remitido a los medios, la diputada Olalla Rodil calificaba el hecho de “gravísimo” y añadía que “no es la primera vez que pasa”. Rodil hacía referencia a dos condenas contra la CRTVG “por vulnerar los derechos de conciliación de dos trabajadoras”, a la condena por “perseguir políticamente” a un periodista conocida hace un año y a una investigación abierta por el Consejo de Cuentas “por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de contratación pública de las conexiones en directo”.

A esto, la representante del BNG sumaba que trabajadores de los medios públicos gallegos “llevan años denunciando la manipulación y las represalias que soportan por parte de una dirección que puso a la CRTVG al servicio de los intereses del Partido Popular”. “Están llevando a los medios públicos de Galicia a una situación insoportable”, reprochaba Rodil en su audio, “y deben ser cesados de inmediato, comenzando por el director general, que se mantiene en el cargo en contra de lo que dice la ley solo por seguir haciendo de la TVG y de la Radio Galega la terminal de propaganda del PP”.