De triunfar como empresario a morir acribillado a balazos en Filipinas: tres años para limpiar el nombre del gallego Diego Bello

El coruñés Diego Bello murió acribillado a disparos el 8 de enero de 2020 en la puerta de su casa de la isla filipina de Siargao. Fue asaltado por tres agentes del orden. Las autoridades del país asiático difundieron el tiroteo como un éxito de la policía en su lucha contra el narcotráfico, pero la versión oficial acabó desmoronándose. El capitán Wise Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcon Pazo y Nido Boy Esmeralda Cortes aseguraron que el surfista y empresario hostelero de 32 años era en realidad un poderoso capo de la droga que se había resistido a tiros a su detención y que lo habían abatido “en defensa propia”. Desde el pasado 6 de febrero, los tres duermen en una prisión de Manila tras pasar casi un año en busca y captura.

Panuelos, Pazo y Cortes están acusados de asesinar a Bello y manipular las pruebas para hacerle pasar por lo que no era. Su familia lleva tres años luchando para que se haga justicia y se limpie el nombre del joven, que gestionaba varios negocios de hostelería y comercio en Siargao, paraíso turístico en Filipinas para los amantes del surf. “Nunca pensamos que llegaríamos hasta aquí, pero por fin tenemos esperanza de que el caso llegue a juicio”, celebra Francisco Lafuente, tío de Bello y portavoz del movimiento Justicia para Diego, que no ha dejado de presionar a los gobiernos de España y Filipinas para que el crimen no quede en el olvido.

Bello emigró a Filipinas desde A Coruña en 2017 y se ha acabado convirtiendo en la única víctima europea de la turbia guerra contra el narcotráfico que impulsó el expresidente Rodrigo Duterte en 2016 y que, según organizaciones de defensa de los derechos humanos, se cobró unas 30.000 vidas. Los policías ahora imputados no solo mataron a Bello, sino que ensuciaron su nombre con acusaciones “absurdas”, lamenta Lafuente: “Quisieron hacernos creer que mi sobrino era un gran capo que también trapicheaba en la puerta de su casa. Dijeron que habían ido a por él después de tres meses preparando la operación, pero en ese tiempo ni investigaron sus cuentas corrientes ni registraron su casa o sus negocios”.

La presión internacional ha sido clave para arrojar luz al caso. Una investigación interna de la policía filipina confirmó en 2021 las sospechas y denuncias de la familia y de colectivos de defensa de los derechos humanos: la escena del crimen de Bello había sido manipulada. Tras analizar la colocación de los casquillos, se declaró inverosímil el relato de los policías, que aseguran que aquella noche el empresario intentó huir disparando una pistola contra ellos. El 25 de marzo de 2022 el juez dictó una orden de arresto contra ellos que, sin embargo, no se pudo ejecutar: estaban en paradero desconocido.

Panuelos, Pazo y Cortes han aguantado en busca y captura casi un año. El Ministerio de Justicia de Filipinas anunció por sorpresa que los tres se habían entregado a las autoridades el 6 de febrero pasado. Su fuga no ha estado exenta de polémica. Cuando el juez del caso los mandó a buscar a la comisaría para comunicarles los graves cargos que pesaban contra ellos, descubrió que, justo antes, sus superiores les habían otorgado a los tres policías un permiso retribuido para no ir a trabajar. Nadie admitió saber dónde se escondían.

La inesperada reaparición de los agentes se produjo solo 10 días después de que el Tribunal Penal Internacional anunciara la reapertura de su investigación a Filipinas por los muertos en la guerra contra las drogas. Tras su entrega, los tres protagonizaron una insólita comparecencia ante un cargo del Gobierno. Esposados, se entrevistaron con el secretario general de Justicia, Jesús Crispin Boying Remulla, que les informó de “la gravedad del caso” y de la importante “atención internacional” que ha suscitado, según se detalló en un comunicado. Ellos insistieron en que actuaron en defensa propia. “No puedo prometerles nada más que un juicio justo”, les replicó el político a los imputados. “La decisión del fiscal se basa en las pruebas”. Finalizado el encuentro con los acusados del montaje policial que segó la vida de Bello, Remulla declaró: “Ahora podemos seguir adelante y hacer justicia en un caso que ha trascendido fronteras”.

Así se destapó el montaje

Los primeros en destapar el montaje policial contra el empresario gallego fueron los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del país asiático. Solo unos días después del asesinato, cuando en A Coruña la familia y los amigos de Bello no daban crédito a los supuestos vínculos del surfista con el narcotráfico, la entidad reclamó una “investigación independiente”. Envió al lugar de los hechos a sus propios investigadores y concluyó en un informe que la excusa de los policías de haber actuado en defensa propia contra un traficante no se sostenía. La desmentían los resultados de las dos autopsias que se le practicaron a la víctima (una en Manila y otra en Madrid), los testimonios de los testigos y la ausencia de nexos de Bello con la venta de estupefacientes.

En septiembre de 2021, la Oficina Nacional de Investigación, equivalente a la Fiscalía, apuntaló las sospechas de farsa policial. El empresario fue tiroteado a las 1.35 de la madrugada, cuando acababa de llegar de trabajar en el local de hostelería que regentaba. Los agentes ahora imputados alegaron que acudieron a su casa para tender una trampa al que consideraban el número uno del tráfico de estupefacientes en la región de Caraga. Según su versión, se habían citado con él en la puerta para comprarle droga, pero el gallego se dio cuenta del engaño y la emprendió a tiros mientras corría utilizando un arma que guardaba en una riñonera junto a 10 gramos de cocaína.

La Oficina Nacional de Investigación de Filipinas concluyó que los casquillos de la pistola de los policías y de la que supuestamente blandió la víctima estaban tan cerca unos de otros que resulta inverosímil que Bello fuese el único herido si él también hubiese apretado el gatillo. El rastro de las balas del arma adjudicada al gallego no coincidía con el movimiento de huida; tampoco las manchas de sangre y los daños en el lugar de los hechos. La supuesta pistola de Bello está desde hace 20 años a nombre de una empresa de Manila sin nexos con el empresario coruñés.

Detrás del fin de la fuga de los presuntos asesinos de Bello están los esfuerzos del nuevo Gobierno de Filipinas por desmarcarse de la cruenta guerra antidroga del expresidente Duterte. Las autoridades del país admiten que aquella sanguinaria campaña estuvo plagada de abusos de poder y ejecuciones extrajudiciales ajenas a su supuesto objetivo. Para favorecer que se haga justicia en el asesinato del joven coruñés, su familia ha solicitado el traslado de la instrucción judicial a un juzgado de Manila, lejos de las presiones de la isla de 100.000 habitantes donde ejercían su poder los policías imputados. El 1 de marzo se celebrará una vista para decidir si se acepta su demanda, que el juez ya ha calificado de razonable. También se prevé que se les abra juicio a los agentes, explica el abogado de la familia, Guillermo Mosquera.

Un precedente de calado internacional

La familia no ha recibido ninguna explicación sobre dónde han estado los agentes imputados durante todo este tiempo. Según su portavoz, Francisco Lafuente, ni siquiera tienen claro si los acusados han sido apartados de la policía o siguen cobrando su sueldo. No piensan bajar la guardia en su lucha por un juicio con todas las garantías porque saben que el asunto es espinoso para el Gobierno filipino: “Tememos que la policía hará todo lo posible por evitar una condena. Si se demuestra que asesinaron a Diego, ¿cuántos expedientes [de la guerra contra la droga] se les vendrán encima?”, se pregunta el tío de Bello sobre las consecuencias del caso.

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas coincide en que el caso de Bello puede ayudar a castigar las numerosas denuncias de abusos policiales disfrazados de “defensa propia” que han salpicado la lucha contra el tráfico de drogas en el país. “Llevar casos como este a los tribunales ayudará a demostrar que nadie está por encima de la ley, incluidos los encargados de hacerla cumplir”, señala la entidad.

Parientes, amigos y ciudadanos que ni siquiera lo conocían llevan tres años manteniendo viva la memoria de Diego Bello. Han celebrado concentraciones hasta en la Embajada de Filipinas en Madrid, han impulsado iniciativas en parlamentos y plenos municipales, y se han reunido con autoridades españolas y del país asiático. La costosa acción judicial a 18.000 kilómetros de A Coruña la financian comercializando ropa por internet con el lema Justicia para Diego y bajo la marca Mamón, que creó el empresario asesinado jugando con el nombre de una isla del archipiélago asiático. Para reunir dinero también han organizado colectas y no han faltado las donaciones anónimas.