En-Colectivo impulsa una recogida de firmas para que se anule la concesión de la AP-9 a Audasa

La batalla judicial emprendida hace dos años por la asociación de consumidores En-Colectivo contra las tarifas abusivas de Audasa en la autopista AP-9, y que ha desembocado en la reciente denuncia de la prórroga de la concesión, se suma ahora una nueva iniciativa de recogida de firmas entre los usuarios para solicitar al Gobierno que se revoque la prórroga a la concesionaria que tiene vigencia hasta 2048 para que sea gratuita en 2023.

El punto de inflexión ha sido la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa por parte de la UE en la concesión de la AP-9 al considerar esta prórroga ilegal, por lo que la asociación considera que el Ejecutivo de Sánchez tendrá que asumir los costes de las irregularidades contempladas en esta medida de gracia que concedió a Audasa el Gobierno presidido por José María Aznar en 2000.

Esta vía de comunicación es utilizada cada día por 25.000 conductores y cuenta con las tarifas más elevadas de España, mientras otras autopistas de pago del Estado acaban de ser liberadas o están a punto de hacerlo. Pero el inesperada dictamen de la Comisión Europea acaba de abrir una posible vía para que esta autopista sea gratuita en 2023.

Las autoridades comunitarias sostienen que la prórroga del contrato con Audasa por 25 años ha vulnerado las normas comunitarias de la competencia porque se adjudicó sin licitación pública. Bruselas ha dado un plazo un plazo de dos meses a España para que presente alegaciones. En caso de que el dictamen de Bruselas se hiciera firme y España no lo acatase, el conflicto pasaría al Tribunal de Justicia de la UE para su resolución.

A través de su página web (www.en-colectivo.com), la asociación demanda el apoyo a toda la sociedad para conseguir que el Estado “deje de aislar a Galicia” y que “los costes de los errores que se produjeron en las prórrogas de la concesión de la AP-9 no tengan que ser asumidos y sufragados por todos los gallegos”.

La asociación ha criticado la posición que ha tomado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al considerar que “será complicado” recuperar los importes ya cobrados en los peajes de la AP-9 y que el objetivo es “proteger el interés público del Estado y de los contribuyentes para que esto no suponga un perjuicio económico de resarcimiento a la concesión”.

Ante esta respuesta, En-Colectivo pide a los gallegos que “se unan con su firma” para solicitar al Gobierno que “no obligue a seguir asumiendo los costes de utilizar una autopista que lleva amortizada desde el año 2013 y que debería ser gratuita”. “No podemos permitir que la única vía de conexión entre el norte y el sur de Galicia sea una autopista de pago que tiene un coste anual para los gallegos, turistas y empresas de transporte y logística de más de 140 millones de euros”, sostiene Diego Maraña, presidente de En-Colectivo y abogado.

“Esperamos que el Gobierno nos escuche y que, en lugar de intentar justificar lo injustificable ante Bruselas, asuma los errores cometidos y actúe en consecuencia, anulando la concesión y dando los pasos necesarios para que la AP-9 se convierta en una autopista gratuita lo antes posible”, ha esgrimido Maraña, según informa Europa Press.

La campaña de recogida de firmas estará activa hasta que acabe el plazo de dos meses concedido por la Comisión Europea al Gobierno de España para que dé una respuesta a su carta de emplazamiento, es decir, hasta el próximo día 23 de noviembre. Para la asociación, el objetivo es recoger 500.000 firmas en esta campaña a través del enlace www.en-colectivo.com habilitado en su web.