Unidas Podemos exige a Industria que cumpla el acuerdo con la plantilla de Alcoa para mantener la producción

“Madrid escucha, A Mariña está en lucha’”y “la solución, una intervención’ han sido algunas de las consignas coreadas este lunes por los trabajadores de Alcoa ante la entrada a la fábrica de Cervo, en A Mariña de Lugo, mientras quemaban neumáticos, en la jornada de protesta que marca el inicio de la huelga indefinida. El malestar de la plantilla, que esperaba la intermediación de la SEPI u otro organismo equivalente, es comprendido desde Unidas Podemos que exige al PSOE, su socio de Gobierno, que cumpla el acuerdo alcanzado con los trabajadores para mantener la producción de aluminio. Fuentes de esta organización aseguran que el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha pedido al Ministerio de Industria que el Estado garantice a través de la SEPI la continuidad de la producción y del empleo “cumpliendo el compromiso alcanzado con los trabajadores” el pasado mayo.

“Que se dejen de tan buenas palabras y mentiras y se pongan a vender la fábrica [en alusión a la multinacional] y el Gobierno que empiece a comprarla”, ha reclamado este lunes en la protesta a pie de fábrica el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, de CC OO. El representante sindical ha asegurado que Alcoa tiene previsto despedir el 20 de octubre a parte de la plantilla “por la decisión que tome a partir de ese día el Tribunal Supremo sobre el ERE que la compañía quería llevar adelante y que la justicia tumbó en primera instancia”.

Zan ha acusado además al Gobierno de no estar cumpliendo con lo que pactó “tanto el Congreso de los Diputados como el Parlamento gallego sobre la intermediación de la SEPI u otro organismo equivalente”, motivo por el que ha llamado a los trabajadores a “seguir luchando”. Fuentes de Unidas Podemos destacan que Enrique Santiago trabaja desde hace meses en la interlocución con los trabajadoras de Alcoa, las direcciones sindicales y las Administraciones para “llegar a una situación que permita que se mantenga la producción de aluminio en España y se respeten los derechos laborales de los trabajadores de la planta, tal y como mandata el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Trabajo Decente de la Agenda 2030″.

Estas mismas fuentes sostienen que desde la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 se considera “imprescindible” que España acometa una transición industrial que incluya al sector del aluminio y que proteja a sus trabajadores “cuyas reivindicaciones apoya”.

El pasado mes de junio la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional condenó a Alcoa a indemnizar y recolocar a los trabajadores de sus antiguas plantas en A Coruña y Avilés. El juzgado entendió que es responsabilidad de la compañía cumplir con esta alternativa, al considerar fallido el proceso de venta de las fábricas al grupo suizo Parter, y después a Grupo Riesgo dado que no tenían el perfil de comprador serio y solvente que se exigía en el acuerdo de 2019 con el comité de empresa.

La sentencia imputaba a Alcoa la decisión de completar el proceso de venta con Parter y que ese traspaso no haya tenido las mínimas garantías prometidas a los trabajadores. “Al contrario, lo que resulta palmaria es la contribución de ambos [Parter y Grupo Riesgo] a la situación de desolación en que se encuentran las plantas y sus trabajadores”, destacaba la sentencia. Además, explicaba que la puja por las fábricas había sido protagonizada por Grupo IR, Parter y Liberty, la empresa que ahora es un potencial comprador de la planta de San Cibrao, cuyo futuro está en el aire desde hace más de un año.