Un informe jurídico plantea que el Gobierno debe indemnizar al palangre por el veto a la venta de tiburón
El estudio encargado por la Xunta concluye que la retención de hasta 90 toneladas de capturas en congeladores es “arbitraria” y “contraria al ordenamiento jurídico”
La flota del palangre podrá reclamar indemnizaciones al Gobierno central por el veto a la comercialización de 90 toneladas de marrajo o tiburón azul derivado de las directrices internacionales que protegen a esta especie en peligro de extinción. Esta es una de las conclusiones que recoge un informe jurídico encargado por la Consellería do Mar a expertos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), al considerar la medida “arbitraria” y “contraria al ordenamiento jurídico”.
El dictamen sostiene que el veto decretado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico es una actuación administrativa que ha ocasionado importantes daños económicos a la flota, por ello abre la puerta a posibles indemnizaciones. “Existe la posibilidad de que los afectados reclamen una responsabilidad patrimonial -daños y perjuicios- a la Administración General del Estado por su actuación”, sugiere el informe.
De hecho, tanto armadores como el sector de transformación han evaluado las pérdidas en más de un millón de euros tras la suspensión de las autorizaciones para desembarcar y vender marrajo dientuso del Atlántico Norte en 2021. La decisión fue acordada en diciembre en una reunión de las autoridades científicas europeas del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y ha bloqueado en los congeladores de los puertos las capturas desde el pasado año.
El sector ha solicitado la intermediación de la Consellería do Mar y hace dos semanas logró el apoyo unánime del Parlamento gallego para que el Gobierno central levante el veto a las capturas de tiburón paralizadas. El análisis emitido por la USC pretende dar respuesta, “a las incertidumbres en las que se encuentra la flota de palangre”, que no puede comercializar el producto congelado al carecer de los certificados que debe emitir el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico”, ha explicado la conselleira Rosa Quintana.
El marrajo dientuso o azul (Isurus oxyrinchus) es un tiburón catalogado en peligro de extinción por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN), muy apreciado por su carne y, sobre todo, por sus aletas. La prohibición para la flota solo afecta a las poblaciones del Atlántico Norte donde faenan 120 buques gallegos que dan empleo a unos 850 tripulantes y que genera un volumen de exportación de 125 millones de euros anuales para la industria transformadora.
La flota gallega es la que más capturas realiza de este animal en el Atlántico Norte, que supone el 90% de las realizadas en toda Europa, mientras el otro 10% corresponde a Portugal. En la reunión del pasado diciembre de las autoridades científicas del Convenio CITES de los distintos países europeos se aprobó suspender las autorizaciones para los desembarcos de esta especie en todo 2021, lo cual ha puesto en pie de guerra a un sector pesquero muy castigado por la pandemia, debido al cierre de la hostelería. La situación se volvió rocambolesca cuando en una reunión posterior de los ministros de Pesca europeos se aprobó una cuota de 500 toneladas para el Atlántico Norte, sin tener en cuenta la decisión adoptada unos días antes por el Convenio CITES.
