Operación Pollo: pagar 15.000 euros para ser esclavo en España

El mayor caso de explotación en granjas de Galicia y León sigue sin castigo 13 años después

Una granja de pollos en Galicia.
Una granja de pollos en Galicia.Oscar Corral

Abdelouahad E.H. llegó de Marruecos en noviembre de 2007. En León lo aguardaba Mohamed Chahidi, un vecino suyo que estaba haciendo las Américas en España como empresario ganadero. Pero su éxito no se lo daban las ovejas y los pollos, sino el lucrativo negocio de engañar a compatriotas desesperados. Al encontrarse, Chahidi, cabecilla de una trama en la que según la Fiscalía estaban compinchadas al menos otras 17 personas, la mayoría ganaderos gallegos, le exigió 10.500 euros. Ese era el precio que había fijado previamente para proporcionarle el permiso de residencia.

Lo había conseguido en la Oficina de Extranjería de Lugo, donde según la Fiscalía tenía “contactos” y donde “desde finales de 2007 hasta principios de 2008″ logró 48 autorizaciones de las 60 que presentó personalmente. Además, el emprendedor le anunció a su víctima que no le daría de alta en la Seguridad Social si no le pagaba otros 4.500. Luego, Chahidi y su supuesto socio español, el empresario del sector agropecuario Carlos Otero, se llevaron a Abdelouahad al pueblo de Cabañas Raras (León). Y lo pusieron a pastorear un rebaño de corderos sin pagarle nada a cambio y sin darle de alta.

Allí coincidió con Said O. Ambos malvivían en una habitación sin cama, sin luz, sin agua corriente, sin alimento y sin la menor posibilidad de higiene, con jornadas laborales de más de 12 horas. El fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, califica esta situación de “semiesclavitud” y asegura que los explotados llegaron a pasar “varios días sin comer nada”. Estaban en los huesos, atrapados por el desconocimiento y el miedo en Cabañas Raras; si lograron subsistir, relata el representante del ministerio público, fue por la ayuda de “algunos vecinos”.

La familia de Said en Marruecos también había hecho lo imposible para pagar los 10.500 euros que exigió esta todavía presunta mafia a cambio de un permiso de residencia para el joven. Dos hermanos menores de Chahidi lo dejaron abandonado en el pueblo leonés y la trama se desentendió por completo de él. Hasta que fue encontrado a finales de marzo de 2008 “con un índice de masa corporal anormalmente reducido” y se precipitó la que fue bautizada como Operación Pollo. En un corto espacio de tiempo, una serie de casualidades dejaron a la luz las actividades de la red y se abrieron diligencias en Ponferrada (León) y en Lugo. El juzgado de Instrucción 3 de la ciudad gallega, entonces dirigido por Estela San José, se quedó con la investigación y llegó a sumar más de 50 imputados (incluido un jefe de Inmigración del Ministerio de Trabajo). Al marchar la magistrada heredó el caso Sergio Orduña, y a lo largo de 13 años la instrucción ha encallado varias veces.

Macrooperaciones

La Operación Pollo inauguró una década de macrooperaciones judiciales en una pequeña, y en apariencia apacible, capital de provincia como Lugo en la que todos los que tenían algo que esconder empezaron a hablar en clave por teléfono por temor a los pinchazos. Pero quedó sepultada por la avalancha mediática que provocaron entre otras la Carioca, la Pokémon, la Campeón, la Cóndor o la Pulpo, con implicaciones políticas y otro tipo de víctimas. Ahora, casi olvidado por las dilaciones y el cambio de juez, el caso (con su medio centenar de tomos y las supuestas implicaciones de Extranjería evaporadas) enfila escuálido y renqueante el camino hacia la Audiencia de Lugo para un juicio aún sin fecha. En el tiempo transcurrido ya ha muerto uno de los ganaderos acusados.

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Mientras tanto, el fiscal ha echado cuentas y pide en conjunto unos 150 años de prisión (y 700.000 euros en indemnizaciones) para los supuestos integrantes de esta maquinaria que se engrasaba con las decenas de miles de euros que pagaban las familias de los inmigrantes vendiendo todos sus bienes en Marruecos. Se sospecha que Chahidi comenzó a enriquecerse con esta actividad en 2006 y que hubo muchas más víctimas, pero a juicio llegan 27 casos de personas originarias de Beni Melal o de Casablanca que rebuscaron debajo de las piedras para reunir los dírhams que les exigía el presunto estafador, una cantidad variable de entre 8.000 y 15.000 euros.

El jefe del grupo organizado, que cumplió prisión provisional de mayo de 2008 a octubre de 2009, lleva años desaparecido, aunque según el abogado de otro de los acusados varias de sus víctimas aseguran que se halla en Marruecos. En marzo de 2015 se decretó su búsqueda sin resultados, y ahora el Tribunal Superior de Galicia explica que no se ordenará de nuevo la localización de este hombre de 50 años hasta que haya que notificarle el momento del juicio. El fiscal exige para él un castigo de 44 años entre rejas, y para su socio gallego, casi 20.

Los otros empresarios ganaderos eran necesarios para dar apariencia de legalidad a las solicitudes de residencia. El escrito de acusación explica que hubiera sido “sospechoso” que Chahidi, titular de Berciana Agrícola, SL, firmase él solo decenas de demandas de empleo para la carga y descarga de pollos. Esto, pese a sus visitas a un supuesto funcionario de la Subdelegación del Gobierno al que alude en las escuchas como El Pájaro. Chahidi se “enriqueció” a cuenta de sus compatriotas, resume el fiscal jefe de Lugo, “abusando de la situación en la que se encontraban y de la expectativa de mejora sustancial que nuestro país podía ofrecerles”.

Piso patera en Lugo

Al llegar aquí, eran destinados a las “labores más penosas” de las granjas por sueldos “mínimos”, de 300 euros, “con jornadas muy superiores a las legales [hasta 16 horas], los siete días de la semana”. Algunos, por esto, no cobraban nada. A otros se les decía que no había trabajo. No era su mano de obra lo que interesaba, sino su pago inicial por el visado. Por cada oferta de empleo falsa que presentasen, calcula Brezmes, los empresarios de la construcción, hosteleros o ganaderos (desde vacuno hasta avícolas) podían llevarse mil euros. La mayoría de las víctimas fueron hombres, pero también hubo mujeres. Y mientras unos acabaron en Cabañas Raras, otros fueron ocultados en un piso patera en el número 48 de la calle Armando Durán, a pocos metros de los juzgados de Lugo.

Los delitos en juego son los de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y estafa continuada. Por las noches, los que trabajaban para las empresas de Chahidi eran llevados en furgoneta a las granjas por los hermanos del líder, Abdelghani y Abdelkarime, para descargar pollos cebados “hasta bien entrada la mañana siguiente”. En ocasiones “carecían de guantes y mascarillas”: se les “negaban los medios más básicos para desarrollar su trabajo en condiciones de higiene y salubridad mínimas”. El fiscal cuenta que llegaban a “trabajar descalzos”.

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