Liñares dice que “inventó” su confesión porque sufrió “amenazas y coacciones” en una detención de “96 horas”

Nadie dudaba de que Francisco Fernández Liñares apuraría al máximo su última palabra como acusado. Tampoco de que el resto de los procesados, los nueve empresarios que supuestamente le pagaron al expolítico socialista decenas de miles de euros en comisiones a cambio de obras públicas, callarían. El primer vástago de la macrocausa Pokémon que llega a juicio ha quedado visto para sentencia esta tarde a las seis y media en la Audiencia Provincial de Lugo. El fiscal José Luis Álvarez mantiene para el que fue primer presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil entre 2009 y 2012 su petición de cinco años de prisión por los delitos continuados de cohecho y prevaricación, pero ha rebajado sustancialmente las penas que solicita para casi todos los empresarios, ya solo un año y tres meses que se saldarían con una multa. Ocho de estos contratistas gallegos reconocieron el martes, en la primera sesión, las mordidas que pagaban a Liñares para hacerse con las adjudicaciones y acorralaron al excargo público, que sin embargo sigue negando. Si un día de 2012 confesó ante los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, ha dicho esta tarde en su postrero minuto para defenderse, fue por “presiones, amenazas y coacciones”.

“No le deseo a nadie la experiencia que viví”, ha dicho Fernández Liñares. Se refería al arresto de aquel mes de septiembre que, según el expresidente de la CHMS, duró “96 horas”. Según él, si confesó fue porque después de la primera jornada de registros domiciliarios ya estaba “hecho un trapo” y había sido sometido a todo tipo de “presiones, amenazas y coacciones”. Los agentes de Aduanas “me pusieron delante una lista de empresas y me obligaron a poner al lado unas cantidades que yo inventé”, ha narrado ante los magistrados del tribunal. “Me encontraba sin tomar la medicación de la diabetes y sin dormir”, ha asegurado. “Y esas mismas cantidades que yo escribí absolutamente enajenado son las que trae a juicio el ministerio fiscal”. Aquella confesión, efectuada y rubricada por Liñares mientras cenaba con los investigadores en un bar de Santa Comba (A Coruña) se ha convertido a lo largo de las sesiones en una pieza clave del proceso, una vez que la Audiencia ha decidido anular las posteriores declaraciones ante la juez instructora porque tuvieron lugar sobrepasadas las 72 horas que puede durar una detención.

Esa confesión realizada sin la presencia de su abogado fue, según declararon los agentes en la segunda sesión del juicio, “espontánea” y “voluntaria”, sin que mediase ningún tipo de presión (de esas que dice Liñares que sufrió), y además ocurrió en el momento en que el arresto no había sobrepasado ningún límite legal. Para el fiscal del caso, tiene valor probatorio, y recuerda que así lo ha considerado en otros casos semejantes el Tribunal Supremo “siempre que estas confesiones no sean buscadas o forzadas”. Sin embargo, el defensor de Liñares, Evaristo Nogueira, insiste en que “no es un indicio, y mucho menos una prueba”, porque no existe ya la necesaria ratificación en sede judicial. Esta confesión llevada a cabo por el expresidente de la Hidrográfica ante la juez Pilar de Lara, en una declaración que se prolongó 10 horas y ya con asistencia letrada, es como si nunca se hubiera producido porque aconteció después del tiempo máximo de arresto que marca la ley.

El fiscal tiene en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas (el caso ha llegado a juicio más de ocho años después de estallar) y de confesión para los ocho empresarios que al verse en el banquillo optaron por alinearse con la tesis de la acusación. Para el contratista que sigue negando haber pagado una mordida de 15.000 euros a Liñares, ha reducido menos la pena: reclama tres años de prisión. No obstante, Álvarez ha admitido hoy que la prueba contra este procesado, J.F.C., es “mucho más endeble” que contra los otros. Los nombres de estos responsables de firmas que supuestamente pagaban por conseguir contratas de acondicionamiento, limpieza, desbroce o tratamiento fitosanitario en las márgenes de los ríos cuando azotaba la crisis en España aparecían en aquella confesión del bar de Santa Comba. Y no solo ahí.

En el registro de la casa de Liñares en Lugo salieron a la luz diversos documentos manuscritos en los que, tal y como ha descrito hoy un guardia civil, se pudo comprobar lo “meticuloso” que era con las cosas del dinero. Igual que durante el juicio se ha visto al acusado tomando notas en un papel, tanto en su dormitorio como en un arcón de su salón los agentes de Aduanas se incautaron de documentos, cuentas, facturas, presupuestos corregidos (“inflados”, dice el fiscal) y una serie de abreviaturas que los investigadores identificaron con los nombres de los empresarios imputados. “Anotaba todos los gastos, lo mismo la compra de una caja de puntas que de una fregona”, ha asegurado esta mañana ese guardia civil que durante años trabajó en los casos de Pilar de Lara. Liñares también hacía listados con los supuestos regalos que recibía, desde “botellas de champán” hasta “licor café o pollos”, ha ejemplificado José Luis Álvarez. Lo debía de hacer, ha comentado, “en plan paso lista a ver quién me falla”.

Hay anotaciones que “demuestran las cantidades que percibía”, ha acusado el fiscal en sus conclusiones definitivas. Lo hacía, sostiene el ministerio público, a cambio de contratar a esos empresarios para las obras que tenía que asumir la Confederación Hidrográfica recién creada para Galicia por el Gobierno de Zapatero. Si no eran documentos de su puño y letra y estaban en su casa, aquellos “tejemanejes” por decenas de miles de euros “tendrían que haberle escandalizado”, ha expuesto Álvarez.

Esta documentación, no obstante, jamás fue sometida a una pericial caligráfica. Los agentes han relatado en el juicio que no se hizo porque se consideró que la escritura era idéntica a la de otros papeles de Liñares, como su propia agenda, y porque en sus confesiones (esas que ahora son nulas por tener lugar durante su detención y prisión irregular) él mismo no las puso en duda. Pero ahora Liñares y su abogado lo niegan. “No es la letra de mi representado, y no soy yo quien tiene que probarlo”, ha dicho en su alegato final Evaristo Nogueira. “Es quien acusa quien tiene que hacerlo, y ha tenido ocho años”, ha reprochado en referencia a De Lara, que fue hasta el año pasado titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo.

A los presuntos cobros a cambio de adjudicaciones, la fiscalía suma otros dos elementos para moldear la calificación de delitos continuados de cohecho y prevaricación. Uno es el empleo de una trabajadora a nómina de Tragsatec que desempeñaba las labores de responsable de prensa y web en la propia sede de la Confederación Hidrográfica. Pese a que le constaba una prohibición expresa del Ministerio de Medio Ambiente para que este tipo de personal tuviese acceso a claves y datos del sistema, según la acusación la empleada llegó a asumir ”labores de secretaria” de dirección. Además, Fernández Liñares utilizaba con funciones de coche oficial un Citroën C5 con chófer que ponía la empresa Proyfe.

Esta compañía estaba contratada en realidad para realizar las asistencias técnicas de las numerosas obras que asumía en aquella época la Hidrográfica, incluidas las del Plan E, en buena parte de Galicia y algunas zonas de Zamora, El Bierzo y Asturias. Con este coche y este chófer, el socialista iba y venía a diario entre su domicilio en Lugo y la sede de la Confederación en Ourense. Pero también viajaba a Madrid, a Valladolid o a Oporto, tal y como ha ratificado esta mañana aquel conductor. En una ocasión, Liñares lo mandó a Salceda (Pontevedra) a buscar una caja de angulas que luego tuvo que transportar en el maletero del C5 hasta Barcelona para agasajar a un secretario general del Gobierno. La misión del chófer consistió en entregar la caja a la madre del alto cargo y regresar a Galicia.

Para el fiscal Álvarez es “escandaloso” que un funcionario como Liñares usase el vehículo con estos fines que “escapan totalmente del objeto de contrato de Proyfe”. Y tampoco comprende, ha dicho en esta última jornada de juicio, que “la Administración tuviese que asumir el gasto que suponía viajar 200 kilómetros diarios” en coche oficial solo porque Liñares “no quería dormir en Ourense”, donde estaba su puesto de trabajo. Esta, sin embargo, es una práctica generalizada entre los cargos políticos desde tiempos remotos y nadie parece fiscalizarlo.