Juzgan al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil por prevaricación y cohecho

Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, y exconcejal socialista de Lugo, se sentará este martes en el banquillo, acusado de los delitos de prevaricación y cohecho por supuestas irregularidades en la concesión de hasta 40 contratos públicos. Liñares se enfrenta a una condena de cinco años de cárcel solicitada por la fiscalía, al igual que otros nueve procesados que se beneficiaron de las adjudicaciones de obras y servicios entre 2009 y 2012.

Los supuestos delitos fueron cometidos durante su etapa al frente del organismo público, encargado de la gestión de las cuencas del interior gallego, pero el fiscal sostiene que el expolítico, entre 1999 y 2008, “tejió una red de intereses económicos” desde su puesto de concejal en el Gobierno local de Lugo durante los mandatos del regidor socialista José López Orozco. Argumenta que lo hizo a través de la adjudicación de contratos, puestos de trabajo o gestión de servicios públicos a cambio de sobornos con los que aumentó su patrimonio.

El caso, que se juzgará en la Audiencia Provincial de Lugo, se espera que quede visto para sentencia el viernes 26 de febrero. Un juicio que procede de una pieza separada de la macrocausa conocida como Operación Pokémon, que llegó a tener un centenar de imputados, entre políticos y empresarios, y que se fue desinflando con el paso del tiempo. La instructora de la causa, Pilar de Lara, terminó sancionada y apartada del juzgado por dilaciones en este proceso.

Las presuntas irregularidades de Fernández Liñares se remontan a un período entre finales de 2009 y febrero de 2012. Durante ese tiempo, siempre según las conclusiones del fiscal, el expolítico continuó con las prácticas que había mantenido en sus años de responsable local, valiéndose de su puesto para conceder contratos a sociedades y empresas a cambio de dinero u otros supuestos favores.

Incide la acusación pública que Fernández Liñares adjudicaba supuestamente los contratos al precio más bajo para la confederación, de tal forma que los empresarios se turnaban para repartirse los contratos simulando las ofertas con precios ligeramente superiores. Una de las empresas adjudicatarias llegó incluso a renunciar a un contrato para que este fuese a parar a otra de las sociedades implicadas en segunda convocatoria.

En total, se contabilizan 40 adjudicaciones supuestamente irregulares por importes millonarios. Un dinero que, según el fiscal, Liñares desvió a sus intereses empresariales. Fundamentalmente a la compra de inmuebles y a la participación en sociedades mercantiles. El blanqueo de estas cantidades sigue siendo investigado en otras piezas de la Pokémon y por las que están implicadas las firmas Doal, Cechalva y Artenosa.

El uso del vehículo oficial es otra irregularidad en la que se centra la acusación. Según esta, Liñares cerró un contrato con una empresa dedicada a los servicios de ingeniería para prestar el de transporte oficial con chófer. Esta empresa, que había sido adjudicataria de un contrato por valor de más de 800.000 euros, asumía el salario del conductor, que había sido propuesto por el propio acusado.

El Ministerio Público sostiene que el vehículo “no fue en realidad destinado a la finalidad contratada”, sino que se empleaba para los desplazamientos personales del principal acusado. Así, el chófer hizo viajes fuera de sus funciones, “en interés exclusivo de los negocios y asuntos particulares” de Liñares, como conducir hasta Lleida para entregar una partida de angulas a un alto cargo de un ministerio.