El tiroteo en una pedida de boda de la etnia gitana en Porriño llega a juicio

La Fiscalía de Vigo ha solicitado un total de nueve años de prisión para Juan Paulo Giménez, el hermano mayor del autoproclamado “rey de los Gitanos Morones”, Sinaí Giménez, como presunto autor de los disparos que hirieron a dos personas en mayo de 2019 en Porriño. El acusado irrumpió en plena celebración de una fiesta de pedida de mano que organizaba varias familias pertenecientes al clan de los Zamoranos con el que los Morones están enfrentados por el control de los mercadillos y pendiente de juicio por ello.

Según relata el fiscal en su escrito de acusación, en la madrugada del 19 de mayo de 2019, cuando Juan Paulo Giménez, en compañía de Rafael G.F., irrumpió en la fiesta privada que se estaba celebrando en el polideportivo del Ayuntamiento de O Porriño. El primogénito de los Morones empuñaba una pistola de 9 milímetros con la que realizó varios disparos de forma indiscriminada, “con la intención de menoscabar la integridad física de las personas que allí se encontraban”, señala el fiscal.

Juan Paulo Giménez estuvo huido 17 meses hasta que fue detenido, y se encuentra en prisión provisional por estos hechos. Nada más entrar en el polideportivo, se situó en el pasillo de entrada del local y apuntó de forma oblicua hacia el techo y hacia delante. Dos de los proyectiles rebotaron, y fueron a impactar en uno de los jóvenes que participaban en la fiesta, provocándole lesiones en un hombro. También alcanzaron a una menor de edad que sufrió lesiones en la cara, precisando ambos heridos sendas intervenciones quirúrgicas que les ha dejado diversas secuelas y cicatrices.

La Fiscalía considera tanto los dos acusados con autores de dos delitos de lesiones y un delito de tenencia ilícita de armas. Además, señala que en el caso de Juan Paulo Giménez concurre la agravante de reincidencia, ya que en 2014 fue condenado a un año y medio de prisión por un delito de lesiones.

El Ministerio Público pide para cada uno de los acusados una condena de dos años de prisión por tenencia ilícita de armas y tres años y medio de prisión por cada uno de los dos delitos de lesiones, así como la prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas durante un periodo de cuatro años y medio. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a las víctimas del tiroteo con 67.700 euros (33.100 euros para la menor de edad y 24.600 para el joven).

El grave incidente que pudo terminar en una masacre se enmarca en los últimos episodios que derivaron en una extensa una causa judicial en la que está implicado casi todo el clan de los Morones. Un juzgado de Cangas les imputa supuestos delitos de amenazas, coacciones y extorsión a otros feriantes, la mayoría de ellos Zamoranos.

Los enfrentamientos por el control de los mercadillos en la Provincia de Pontevedra se remontan a 2010 y varios episodios acabaron en los juzgados. En 2014 la familia de los Morones llegó a obligar al exilio a los Zamoranos, aunque luego se llegó a un pacto para su regreso y para buscar una convivencia pacífica que nunca se logró.