Las defensas cargan contra la fiscalía y el juez instructor en el cierre del juicio de la Operación Zamburiña

El macrojuicio de la Operación Zamburiña - que iba a llegar hasta finales de febrero con la intervención de 11 abogados de 13 acusados, 109 testigos y 26 peritos- ha quedado visto para sentencia este jueves. En apenas seis sesiones. La causa originada por la investigación ordenada por el juez de instrucción Leonardo Álvarez avalando un anónimo que alertaba de la connivencia entre agentes de la brigada de estupefacientes y narcotraficantes, se desinfló el pasado martes cuando, tras escuchar a las defensas en las cuestiones previas, el tribunal de la Audiencia Provincial anuló las escuchas telefónicas que según Álvarez, probaban la colaboración entre policías y narcos. La supresión de los pinchazos arrastró la de todas las pruebas derivadas: los registros y las drogas incautadas. Los 100 años de cárcel que la fiscalía pedía en total para los acusados quedaron en nada. Este jueves se sentaron en el banquillo, sabedores de su absolución.

“Quiero manifestar mi rabia; ya no me fío de la Justicia, de la fiscalía, porque pensé que para acusar había que demostrar los hechos”, clamó el exjefe de la brigada antidrogas, Antonio R., en el uso del derecho a la palabra concedida a los acusados. Fue el único de los 13 que quiso pronunciarse. Tras pedir perdón a los compañeros de su brigada a los que les fue intervenido el teléfono “solo por tener afinidad conmigo, por ser unos profesionales a los que yo inducía a trabajar fines de semana y noches sin compensación económica”. Y arremetió contra la fiscalía y el juez instructor -contra este último ha presentado hace meses una querella pendiente de admisión- “que consideraron que ser profesional y dedicado al trabajo es un delito”.

Las defensas hicieron hincapié en la base de un anónimo para autorizar las escuchas alertando de la extrañeza de que hubiera tenido conocimiento desde noviembre de 2014 “y no hace nada hasta febrero de 2015”, cuando inicia el seguimiento al exjefe antidrogas. “Rezumaba inquina profesional contra varias personas de la comisaría”. “¿Cómo es posible que el juez de instrucción no abriera una investigación para tratar de saber quién era el señor que ya sabía entonces que habían desaparecido armas de comisaría?”. “¿Cómo Asuntos Internos no quiso saber quién era el anónimo?” que aseguraba que varios agentes habían accedido a la base de datos para obtener información que facilitaban a los traficantes, se preguntaron.

En esta línea afirmaron que si el juez instructor hubiese investigado quién era el autor, “se habría resuelto el robo de armas [del búnker de la comisaría] y se podría haber evitado el fallecimiento de Celso Blanco”, el agente que más tarde aparecería en su despacho de la comisaría con un disparo en la sien realizado con una de las pistolas robadas y una supuesta confesión sobre la autoría de los anónimos. Un hecho inicialmente presentado como un suicidio y que la juez Eva Armesto investiga como posible homicidio.

Pese a la falta de pruebas de cargo, la fiscal mantuvo la petición de los 100 años de cárcel. “Es muy triste que conductas como estas no se castiguen porque se deja que entren grandes cantidades de droga en la ciudad y es difícil luchar contra ello cuando son policías quienes lo permiten“, insistió en su acusación.

La tensión entre la fiscal y el tribunal quedó de manifiesto con la protesta de la representante del Ministerio Público cuando la magistrada le marcó media hora de tiempo para su exposición. Nos lo están poniendo muy difícil; nos podrían haber dicho que no compareciésemos”, se quejó.