Cientos de personas claman en Santiago contra las muertes en las residencias

Exigen un sistema asistencial 100% público y piden a la Xunta que aclare por qué al menos 130 mayores no fueron hospitalizados. PSdeG, BNG, Galicia en Común y Marea Galeguista critican la privatización de los centros

Pancarta a favor de los servicios públicos, durante la marcha en Santiago contra las muertes por covid-19 en residencias privadas de Galicia.
Pancarta a favor de los servicios públicos, durante la marcha en Santiago contra las muertes por covid-19 en residencias privadas de Galicia.Vellez Digna

No ha sido la primera ni tampoco será la última de las manifestaciones convocadas para restañar heridas y para pedir que lo que pasó, la tragedia de la muerte de al menos 275 ancianos de residencias, no vuelva a pasar. Centenares de personas se reunieron este miércoles en Santiago para pedir un sistema “100% público” de asistencia a la tercera edad, ya que la inmensa mayoría de los fallecimientos por covid-19 tuvieron lugar en centros privados, donde las plazas rondan o superan los 2.800 o 3.000 euros. De todos los mayores fallecidos que van contando las asociaciones que apoyan a los familiares (ya que la Xunta no desglosa estas muertes de su cómputo oficial), al menos 130 lo hicieron dentro de las propias residencias, sin ser hospitalizados. El presidente de la Xunta, sin embargo, declaró la semana pasada que en Galicia no se dio “ninguna vida por perdida” y se hizo todo lo posible por salvar a los ancianos.

La marcha de hoy, que sucede a otras como la que tuvo lugar el jueves pasado en Cangas, estaba convocada por el Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas (Modepen), las Traballadoras das Residencias Galegas (Trega) y asociaciones de familiares de usuarios de residencias como Vellez Digna. La respaldaban, además, partidos como PSdeG, el BNG, Galicia en Común-Anova Mareas y Marea Galeguista, y colectivos como Rede (Federación Galega de Familiares de Residencias e Dependencias). El secretario de Modepen, Gonzalo Balo, ha explicado a los medios antes de salir desde la Alameda para completar su recorrido hasta O Obradoiro que el objetivo es lograr que los partidos lleven en sus programas la defensa de las residencias públicas.


Los participantes en la protesta, que se ayudaron de varas para no agolparse y mantener las distancias de seguridad, corearon lemas este mediodía como “gobierne quien gobierne, lo público se defiende”. Los ancianos recibieron un trato “indigno, totalmente inhumano”, ha denunciado Balo, y murieron con gran sufrimiento, sin poder despedirse de sus familiares. En el centro del huracán, tal y como ha recordado el portavoz de Vellez Digna, Xosé Bernárdez, estuvieron las residencias del grupo DomusVi, el más grande del España y uno de los primeros de Europa. Cuando se disparó el goteo de muertes en su interior, dos de estos centros privados fueron intervenidos por la Xunta (Domusvi Barreiro, en Vigo, y DomusVi Aldán, en Cangas), mientras que el de San Lázaro, en Santiago, que fue el que sumó más defunciones de toda Galicia, siguió bajo el mando de la empresa.

Al concluir la marcha, Bernárdez Solla ha mostrado una foto del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entregando un galardón a la consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández. El representante de Vellez Digna, que tuvo a su padre y ahora tiene una tía ingresada en la residencia de este grupo empresarial en Aldán, ha pedido a los asistentes que se fijasen bien en la estampa, por todo lo que significaba. “Esta foto explica mucho de lo que pasó en Galicia”, ha defendido aplaudido por los asistentes. “Quien le entrega un premio y le rinde pleitesía [a Fernández] es el señor Feijóo. Un premio al maltrato, a la negligencia, al abandono y a la corrupción”. Xosé Bernárdez, que todos los fines de semana asiste a las concentraciones de familiares ante la residencia de la misma cadena en Cangas, ha explicado que el “enriquecimiento” no se puede conseguir a costa de “saltarse la ley, estafar, maltratar” y causar “sufrimiento” a los mayores.

Mientras se van presentando sucesivas querellas criminales por las muertes en las residencias en Galicia, ayer se supo que la fiscalía de Vigo ha archivado en su fase inicial la investigación de la gestión de la pandemia en DomusVi Barreiro. El ministerio público considera que “no concurren indicios de responsabilidad penal ni de otro tipo” en la dirección de la residencia ni en las autoridades de la Xunta de Galicia. Los familiares fían ahora su suerte ante la justicia a las querellas, y a una gran demanda colectiva que preparan para presentar en otoño los servicios jurídicos de Rede y Acouga (Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia). También marcan en su calendario una fecha: el 26 de septiembre. Ese es el día que ha elegido Marea de Residencias (el colectivo estatal que agrupa a cientos de asociaciones de familiares de víctimas) para organizar manifestaciones en las principales ciudades españolas.

“Ni una sola plaza pública” en los 11 años de Feijóo

Durante la manifestación en Compostela, la secretaria de Política Social del PSdeG y cabeza de lista por Ourense, Marina Ortega, ha dicho que el “proceso de privatización” en los 11 años de gobierno de Feijóo “denigró” a los ancianos gallegos. La diputada del BNG y candidata por Pontevedra de la formación, Montse Prado, ha criticado que en todo ese tiempo no se creó “ni una sola plaza pública” en las residencias de mayores gallegas y que este servicio sufrió un “deterioro” que se puso en evidencia con la crisis sanitaria. Prado llama a “terminar con el modelo del PP de privatización y mercantilización” y defiende un servicio íntegramente público, informa Europa Press.

El candidato de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, ha pedido que la cita electoral del 12 de julio sea “un juicio popular a las políticas de destrucción de lo público, corrupción y privatización” de Feijóo, el “prestidigitador de la mentira”. En la misma línea que todos, el líder de Marea Galeguista, Pancho Casal, considera “imprescindible devolver a lo público” los servicios relacionados con los cuidados, porque “no pueden ser un negocio”. Casal reclama además al presidente de la Xunta que explique a las familias de los usuarios de centros de día por qué siguen cerrados.