Velas y crespones negros en la reja de la residencia

Los familiares de los ancianos que no fueron hospitalizados y murieron por covid-19 en las residencias están decididos a dar la batalla hasta el final. Por la vía judicial, con las querellas criminales y las demandas colectivas que están presentando, y en la calle, con manifestaciones como la que tuvo lugar esta semana en Cangas o la gran marcha que está convocada para el próximo miércoles en Santiago. Mientras tanto, fieles a su cita de todos los fines de semana, los parientes de las víctimas del coronavirus en la residecia DomusVi de Aldán (Cangas) han vuelto a concentrarse hoy ante el complejo para colocar velas blancas por los 38 fallecidos y exigir “justicia para los difuntos”. Al acto se han sumado la diputada autonómica Montse Prado, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y varios concejales, también del BNG, de Cangas y Moaña. La semana pasada, las familias ataron 38 crespones negros a la reja. Una veintena de estos ancianos, tal y como recuerda el colectivo Vellez Digna, perdieron la vida sin opción a ser atendidos en una cama hospitalaria.

La manifestación del miércoles que viene “por uns servizos sociais 100% públicos” está convocada por varias asociaciones y partirá a las 12 de la Alameda para desembocar en O Obradoiro. Demandan además una nueva ley de dependencia que “asegure la atención como derecho fundamental y a los dependientes como ciudadanos de primera”, con “todos sus derechos” y unos servicios públicos y de calidad “blindados”.

La marcha cívica del pasado jueves, organizada por el Movemento en Defensa das Pensións Públicas, el colectivo Trega (Traballadoras de Residencias de Galicia) y la asociación de familiares y usuarios de residencias Vellez Digna, pidió “justicia para las víctimas contagiadas y fallecidas” y clamó contra la privatización de los servicios.

“La privatización convierte a los mayores y dependientes en mera mercancía con la que especular”, defendía la marcha en su manifiesto. Con el actual sistema, “los ancianos quedan en manos de empresas cuya única bandera es el dinero y que no dudan en recortar costes en comida, en personal y en cuidados más y más cada año”, aseguraban, “hasta llegar a los actuales niveles genocidas de atención en muchas residencias”.

Según las organizaciones convocantes, en base al número de plazas existentes en Galicia, los recortes provocaron que “una persona mayor tuviera 24 veces más probabilidades” de morir de covid-19 “en una residencia privada (274 muertos en Galicia, al menos 130 sin hospitalizar) que en una pública (un único fallecido)”. Tres centros del grupo DomusVi (Aldán, Barreiro y San Lázaro), sumaron “138 fallecidos, el 65% de los muertos gallegos en residencias”, informa Vellez Digna.