El juez ve indicios de delito en la millonaria trama urbanística de la Iglesia madrileña que afecta a cientos de familias

Cerca de 200 familias que viven de alquiler, más de 100 ancianos y casi una veintena de monjas de una residencia de mayores fueron los grandes perjudicados de la trama inmobiliaria de la Iglesia en Madrid, destapada por EL PAÍS hace tres años. Estas tres enajenaciones forman parte de la venta de un total de 18 edificios propiedad de fundaciones tuteladas por el arzobispado de Madrid. Las operaciones se realizaron entre 2019 y 2021 por un monto superior a los 100 millones de euros. Con ese capital, la Iglesia pretendía comprar un solar para construir una Ciudad de la Misericordia al suroeste de Madrid, una especie de mini Vaticano con residencias para mayores y varios colegios católicos. Una quimera. El Vaticano se enteró de estas noticias y envió a un abogado para asesorar al cardenal Carlos Osoro (titular del arzobispado madrileño) ante este mayúsculo escándalo. El enviado de Roma encargó a un bufete de Madrid revertir todas las operaciones ante el acecho de la justicia. Todas las operaciones están ahora mismo suspendidas en los tribunales. Y, tres años después, el titular del Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid, Jaime Serret, ha emitido un auto abreviado de 17 páginas donde propone juzgar a 10 de los implicados en esta trama. El juez ve indicios de delito continuado de estafa agravada, administración desleal y corrupción entre particulares. ¿Quién es quién en esta trama?

David López Royo. Presidente de la Delegación Episcopal de Fundaciones de Madrid de 2016 a 2019. Nació en Zaragoza hace 66 años. De joven estuvo vinculado a la Iglesia. Se diplomó en Filosofía y licenció en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Entró en Cáritas en los años noventa como director de Cooperación Internacional, donde coordinó, por ejemplo, la ayuda humanitaria del huracán Mitch. En 2014 fue nombrado director del periódico El Correo de Andalucía. No había ejercido como periodista en su vida. “¡No tenía ni idea de Sevilla! Su gestión derivó en portadas vergonzosas”, cuenta un exredactor.

Su fulgurante ascenso en las instituciones vinculadas a la Iglesia llegaría meses después. López había conocido al arzobispo Carlos Osoro en Asturias y Galicia, cuando trabajaba para Cáritas. En marzo de 2016, la Iglesia madrileña se apoyó por primera vez en dos pilares laicos. Uno de ellos era Royo, como delegado de Fundaciones, y el otro, Julio Lage, como interventor de las cuentas de la diócesis. Royo aseguró a este periódico que trabajaba de manera altruista para la Iglesia. Pero según ha podido comprobar ahora este diario, tenía un contrato con el arzobispado cercano a los 40.000 euros al año. En una entrevista con el semanario católico Alfa y Omega en 2017 dijo: “La sociedad nos exige transparencia, pero Osoro la impulsa por convicción”. Dimitió en 2019 tras las publicaciones de EL PAÍS.

Julio Lage. Interventor de las cuentas de la Iglesia de 2016 a 2020. Según su currículum, ha formado parte de las cúpulas ejecutivas de entidades financieras de referencia como Santander, La Caixa y Banco Español de Crédito; de consultoras de la talla de Arthur Andersen; de grandes grupos empresariales como consejero asesor y de instituciones como la Fundación I+E Innovación España. Natural de Orense, es ingeniero de Telecomunicaciones y doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Ingeniería del Conocimiento. Osoro le encomendó en 2016 supervisar las cuentas de la Iglesia. Royo y Lage se conocían de otras etapas anteriores. Durante su etapa como interventor de la diócesis madrileña trabajó de manera altruista. Varios curas de Madrid aseguran que dentro le llamaban “el dios del dinero”. Dimitió del cargo ante estas publicaciones.

Manuel Fernández Clemente. Ha sido el secretario de las tres fundaciones que están siendo investigadas: Fusara, San Celedonio y Molina Padilla. En San Celedonio entró como secretario en 2012, durante la época del anterior cardenal, Antonio María Rouco Varela. Su despacho, Fernández Clemente Abogados, está especializado en urbanismo. Presume de ser “multidisciplinar”. Clemente fue abogado asesor de urbanismo para la Comunidad de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre.

El abogado Clemente cobraba un salario de 3.000 euros al mes en las tres fundaciones. Y un contrato como asesor en una de ellas cercano a los 30.000 euros al año. Algunas fuentes eclesiásticas apuntan a que intentó llegar a un acuerdo económico con el arzobispado tras el escándalo de las ventas, pero Osoro se negó. Ha ejercido de secretario en, al menos, seis de las 64 fundaciones.

Antonio Naranjo Fabián. Otro de los hombres clave. Fue director médico de la Fundación San José. De ahí da el salto a las fundaciones de la Iglesia. Está presente en las tres entidades investigadas como gerente y como delegado. Como gerente cobraba un salario de, al menos, 1.500 euros. Durante la pandemia estuvo al frente de la gestión de la fundación San Celedonio, que gestionaba una residencia donde convivían más de 100 ancianos. Durante los meses más duros de la pandemia fallecieron más de 35. “Se lleva muy bien con el abogado Clemente”, cuentan varios patronos que han trabajado con él.

Bufete Chávarri Abogados. Antonio y Raúl Chávarri, Jesús Merino, José Prado, Daniel Hidalgo Pitado. Todos trabajan en este despacho de abogados. Es el principal bufete con el que ha trabajado el arzobispado en los últimos cuatro años. Se define como “un despacho de referencia para las instituciones religiosas, no solo por la atención profesional y técnica, sino también por su identidad y valores”. El bufete cuenta con una fundación en la que han trabajado dos de los nombres clave: el delegado de fundaciones, Royo, y el interventor de las cuentas, Lage. Según fuentes de este despacho, se han producido comisiones millonarias en las ventas de los inmuebles de las fundaciones de la Iglesia. El propio bufete ha hecho de intermediario en las tres operaciones. Solo con la venta de la Fundación San Celedonio se han repartido unas comisiones de 1.850.000 euros, según los documentos a los que ha accedido ahora EL PAÍS. Por la venta de la fundación Fusara cerca de 3.700.000 euros y por la compra de unos terrenos de Metrovacesa en Valdebebas (Madrid) ―solar donde la propia Iglesia quería construir oficinas con la venta de las tres fundaciones― más de 900.000 euros.

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