Así fue el tapón a las residencias de mayores de Madrid, hospital por hospital: el 73% de muertos no fueron trasladados a un centro médico
Los datos de la Comunidad desmienten que la mayoría de los residentes fallecidos en la primera ola fueran hospitalizados, contra lo que asegura en campaña Ayuso
Siete de cada diez muertes de mayores de residencias de Madrid en la primera ola de coronavirus se produjeron dentro de esos centros, donde en muchos casos no había medios para curarles ni las condiciones dignas para que tuvieran una buena muerte. Son datos de la propia Comunidad de Madrid y contradicen la cifra que ha repetido durante la campaña del 4-M la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, según la cual siete de cada diez mayores de residencias murieron en hospitales. Realmente fue a la inversa. Murieron 11.389 mayores que vivían en residencias, de los cuales 8.338 (el 73%) no fueron trasladados a un hospital, según los datos de la propia Comunidad de Madrid.
El tapón a las residencias de mayores fue generalizado en los 26 hospitales de la red pública madrileña sobre los que existen datos, según el análisis de la epidemióloga especializada en tercera edad María Victoria Zunzunegui, que se apoya en las bases de datos oficiales disponibles y que ha compartido con EL PAÍS. El estudio comprende las muertes por cualquier causa entre el 8 de marzo y el 7 de julio de 2020, el período para el que existen cifras de fallecimientos centro por centro. Cada residencia tenía asignado un hospital de zona, desde el que un geriatra de enlace filtraba quién tenía derecho a cama y quién no, de acuerdo con los protocolos de triaje que elaboró la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Los documentos, que han sido denunciados por Amnistía Internacional como una grave violación de derechos humanos, buscaban evitar el colapso de los hospitales madrileños.
El Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, y el Infanta Cristina, en Parla, fueron los que aplicaron de modo más estricto el protocolo: el 83% de las muertes en las 28 residencias que dependían de ellos se produjo en esos centros. En el Infanta Cristina es donde fue grabado un vídeo en el que un jefe médico informaba a su equipo de que no estaban siendo admitidos los mayores de residencias. El médico reunió a los sanitarios para avanzarles que el siguiente paso iba a ser negar cama a cualquier persona mayor viniera de donde viniera: “Eso es drástico. Esto es horroroso. Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo”.
El hospital que fue más receptivo con los mayores de residencias fue el Clínico San Carlos: un 61% de las muertes en sus 15 residencias se produjo en los hogares de mayores. De ese hospital depende Monte Hermoso, la residencia que fue noticia el 17 de marzo del año pasado porque se estaban apilando los cadáveres en su sótano tras días de intentos de hospitalización infructuosos.
Es muy probable que estos datos hubiesen mostrado un tapón aún mayor si el período estudiado fuera el comprendido entre el 8 de marzo y el 15 de abril, cuando los hospitales estaban colapsados, pero no existen datos públicos de muertes centro a centro para ese tiempo. A partir de mitad de abril los hospitales volvieron a abrir sus puertas a los mayores y creció el número de derivaciones.
Ayuso ha defendido que se produjeron miles de traslados de ambulancia entre hospitales y residencias, pero estos cayeron bruscamente durante el período del triaje. Además, hay sobradas pruebas de que las ambulancias hicieron el camino inverso: trasladaron a mayores enfermos de vuelta a las residencias, para dejar una cama libre a otros enfermos.
En la recta final de la campaña para las autonómicas madrileñas, Ayuso ha dicho contra la evidencia que el 70% de los mayores de residencias fallecidos murió en un hospital. Eso fue lo que aseguró a EL PAÍS la semana pasada sin precisar a qué período se refería. Este jueves en una entrevista en La hora de La 1, en Televisión Española, volvió a dar el dato, refiriéndose a la primera ola.
La presidenta ha tachado de “insensato” cualquier esfuerzo para investigar la discriminación a los mayores, que ha sido llevada a los juzgados por cientos de familias de las víctimas. “Tengo claro que ir a un hospital no significaba estar a salvo”, respondió la presidenta a este periódico. “Cada geriatra, cada sanitario tomó en su momento sus mejores decisiones. Y hoy, empezar a cuestionar lo que ese geriatra o ese sanitario hizo cuando llegó ese tsunami es por parte de todos algo artificial. Porque no hemos estado ahí para saberlo ni ustedes ni yo”.
Opacidad
El análisis de Zunzunegui se apoya en el cruce de dos bases de datos de la Comunidad de Madrid: la lista de muertes residencia a residencia entre el 8 de marzo y el 7 de julio y la lista de hospitales de referencia para residencias de mayores. La lista de muertes fue conseguida por este periódico en julio del año pasado tras una solicitud de acceso a la información pública, un procedimiento regulado por la ley. La cifra incluye muertos por cualquier causa y en cualquier lugar.
Si nos ceñimos a las muertes por covid-19, todavía hoy siguen siendo un enigma. El Gobierno de Ayuso da un balance incompleto que solo incluye a los fallecidos dentro de las residencias y, por tanto, es desconocido el número de muertos en hospitales. Esta información es esencial para evaluar lo que ha pasado en las residencias de Madrid en la segunda y tercera olas, en las que se siguieron produciendo brotes devastadores.
El Imserso, que desde marzo de 2021 centraliza el balance de muertes en residencias de todas las regiones, ha resaltado el defecto de los datos madrileños en su actualización semanal (los datos están siendo permanentemente revisados). A pesar de que son cifras parciales, “Madrid es la región con más mayores fallecidos en residencias durante toda la pandemia” (6.197).
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