Figueres, el laboratorio catalán de las extremas derechas

Figueres, una ciudad de casi 50.000 habitantes de Girona, capital de la comarca del Alt Empordà, tuvo el 12-M un 22% de voto para la ultraderecha. La mitad de estas papeletas fueron para un partido ultra y nacionalista español, Vox (que ya había cosechado un 10% de papeletas en las autonómicas de 2021); y la otra mitad, para Aliança Catalana, la extrema derecha islamofóbica e independentista que ha entrado en el Parlament de Cataluña con dos diputados. Con un salto del 5% al 29% de población extranjera en solo diez años, una gran desigualdad, un indicador socioeconómico de los más bajos de Cataluña, inseguridad y población autóctona marchándose de la ciudad, Figueres es caldo de cultivo para la ultraderecha. En conjunto, el pasado domingo los partidos de derechas sumaron un 57,7% (un 25,8% para la primera fuerza, Junts; y un 9,9% para el PP, quinta). Junts arrasó en las elecciones municipales con un alcalde que prometía orden y mano dura, Jordi Masquef, que tiene mayoría absoluta en el pleno.

Las voces consultadas coinciden en que la situación se torció en 2008, cuando estalló la crisis del ladrillo. Atraídos por el frenesí constructivo, entre el año 2000 y 2010, llegaron a Figueres 11.000 vecinos nacidos en el extranjero, sobre todo del Magreb pero también del África subsahariana y Latinoamérica, que se instalaron en pisos del centro histórico —envejecido— o de polígonos del tardofranquismo. La población de esta ciudad, históricamente pequeñoburguesa y comercial, pasó de 34.000 a 44.000 personas y en los últimos años ha crecido hasta casi 48.000. La crisis paralizó la economía y de un día para otro parte de esta población se encontró sin empleo, con baja cualificación y una economía basada en los servicios que no ofrecía alternativa. Ni la llegada del AVE en 2013 recondujo la situación de la localidad, ubicada en el centro del rico Empordà, entre la Costa Brava y el interior de la comarca, próxima a la frontera con Francia de La Jonquera.

Según los valores de 2020 con los que el Idescat elabora el Indicador Socioeconómico, la población ocupada es del 58%, los trabajadores de baja calificación son un 18%, la población con estudios básicos un 21%, y la que no tiene postobligatorios es la mitad. El último dato de renta familiar disponible por habitante es de 13.663 euros en Figueres, muy por debajo de la media catalana (18.356). El índice socioeconómico de la ciudad es de 76, por debajo de un valor medio de Cataluña de 100 (el último dato, de 2020). Y empeora, porque en 2015 el índice era más próximo a la media: 88,5.

El economista y exalcalde socialista Joan Armangué (1995-2007) explica que desde la crisis “Figueres sufre una fuerte segregación urbana, desigualdad y empobrecimiento, en un territorio con una economía de servicios y de poco valor añadido (turismo, comercio, campo), y donde las clases medias se han marchado a los municipios del entorno”. “Este cambio poblacional interno”, concluye Armangué, “tiene un resultado político”. Y lo ilustra: “En el caso de Vox obedece a unas coordenadas identitarias de nacionalismo español entre sectores populares; y, en el caso de Aliança Catalana, al racismo se le añade el clasismo ante la pobreza por parte de sectores de catalanes de clase media o acomodada que no digieren el cambio de geografía humana de las últimas dos décadas”. El exalcalde lamenta que la primera oleada de migrantes se integró y la segunda no. “Con las oleadas de migrantes procedentes del resto de España en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, pese a que se les llamara charnegos, hubo plena integración, el ascensor social funcionó y muchos de sus hijos tienen una buena cualificación educativa y laboral; pero el ascensor se frenó con la crisis de 2008, hoy no hay ascensor y la población empobrecida lo tiene mucho más difícil”, resume.

En Figueres llama la atención la situación de las escuelas e institutos. El 40% son Centros de Alta Complejidad, según la calificación del Departamento de Educación de la Generalitat. Muy por encima de la media catalana, del 15% de centros. El abandono escolar es del 17%. Y se produce un fenómeno que aumenta la segregación: muchas familias de Figueres escolarizan a sus hijos en los centros concertados o en los pueblos del entorno, que no están a más de diez minutos en coche.

La Fundación Sant Vicenç de Paül creó hace casi 20 años el proyecto Ksameu [una reproducción fonética de la expresión “en casa”, en catalán] que atiende a niños y adolescentes de familias migrantes y vulnerables (madres que no hablan ni castellano ni catalán, falta de espacio para estudiar en casa, viviendas sobreocupadas) por las tardes, después del cole. El 72% de los menores del centro que estudian secundaria cursan estudios adaptados por el Departamento, y que consisten en un currículum menos exigente: “No se entiende que tantos niños nacidos en Cataluña tengan estudios adaptados”, se escandaliza Maria Solés, la directora de la fundación, que por las mañanas también atiende a alumnos expulsados de los institutos y consigue que un 80% retome su formación.

Pero incluso entre los migrantes con empleo y situaciones socioeconómicas estables, llega un día que sufren racismo. Amina tiene 19 años y se crio en un pueblo de la comarca donde no había más extranjeros que su familia. Ha estudiado bachillerato en Figueres y recientemente quiso trabajar de dependienta. “Mandé el currículum, me llamó la propietaria supercontenta, me pidió hablar en persona por la tarde y cuando me vio, dijo que tenía mucho trabajo y que ya me llamaría. Pero nunca más supe”, explica la joven con un cerrado acento ampurdanés. Amina es muy crítica: tanto con la Ley de Extranjería como con los migrantes que a su juicio “no se esfuerzan y no respetan las normas”.

El incivismo de algunos jóvenes que se reúnen de noche en el centro, el tráfico de drogas (el cultivo y tráfico de marihuana es un gran problema en la zona) y la inseguridad son otros factores, que han provocado que haya vecinos que eviten determinadas zonas. Los datos del Ministerio del Interior muestran que la criminalidad aumentó entre 2019 y 2023: un 21,3% entre antes de la pandemia y 2022; otro 21% al año siguiente y un 4,3% entre 2022 y el año pasado. El actual alcalde, Jordi Masquef, de Junts, rozó la mayoría absoluta en las municipales de 2023 prometiendo orden. “Es cuestión de derechos y deberes, es un discurso duro porque creemos que es la receta ante el buenismo de la izquierda”, defiende. En 2018 no se mordía la lengua y se declaraba en las redes “harto de la chusma que campa por las calles”, tras la detención de cinco jóvenes por robar en el mercado de Navidad.

Tras la aplastante victoria de hace un año, ha fichado a un mando de los Mossos como jefe de la Guardia Urbana y, el jueves, preguntando en el mercado, varias voces convenían que la situación está más calmada.Hay que se más visible y próximo al ciudadano en las zonas conflictivas y poner orden”, celebra. “En Figueres y otros municipios de Junts, del Maresme o les Garrigues, hace tiempo que hablamos de forma desacomplejada de cuestiones que los partidos de izquierdas han evitado o han tratado con buenismo. Hay ciertos debates que se pueden afrontar con madurez, como la inmigración o la seguridad”, defiende.

El alcalde cree que los votantes de Vox en el municipio son “personas receptivas a mensajes fáciles de gente de orden que no ha tenido responsabilidades de Gobierno y creen que hay soluciones fáciles a problemas difíciles”. En el caso del voto a Aliança Catalana, lo vincula “al desencanto de votantes independentistas con los partidos tradicionales, personas incómodas con los problemas de delincuencia, ocupaciones, multirreincidencia o el retroceso del uso del catalán”. Masquef lamenta “el desborde de los servicios sociales” de la ciudad y el “abandono por parte de las administraciones supramunicipales” ante la “hemorragia que supone tanto la fuga de gente como una llegada que no puedes gestionar y digerir”. Y es muy crítico con los que se marchan de la ciudad: “Saltar del barco es lo fácil, luego vienen para utilizar equipamientos que no hay en los pueblos, como los deportivos, el instituto o la piscina”.

El geógrafo de la Universidad de Girona y figuerense Javier Ruiz lamenta que Figueres no tenga “instrumentos de área metropolitana para gestionar dinámicas de una población mediana que son de área urbana”. Tiene claro que quien ha votado a Vox pueden ser “hijos o nietos de las oleadas migratorias de los 50 y 60 con un componente identitario español”. Y los que han optado por Aliança, “la clase media local que no se ha podido marchar, identitaria y clasista”. “El cambio en la ciudad no se ha asumido, siempre hemos pensado que el Empordà era estupendo, sin poner atención ni recursos para gestionar la brecha tan bestial que se ha formado”.

El jueves, en una agencia inmobiliaria del centro, Miquel resumía lo que le ha ocurrido a Figueres: “Se ha convertido en un pueblo con problemas de ciudad: llegada de inmigración, personas sin techo, drogas”. Convenía que quienes han votado a Vox o Aliança son personas mayores que no reconocen al nuevo vecindario o tienen miedo por los conflictos que se han producido, personas que piensan que los migrantes les quitan el trabajo, o población (autóctona e independentista, o más identificada con el discurso españolista) que ha asumido mensajes fáciles que les han entrado al móvil por las redes sociales. En la inmobiliaria han sido testimonios de la marcha de vecinos “de rentas medias y altas, los que se lo han podido permitir” a poblaciones del entorno. Y comentan uno de los temas de conversación en la ciudad: el posible cierre y traslado del único Zara que hay en la ciudad al centro comercial que se ampliará en La Jonquera. Una mala señal para Figueres que el Ayuntamiento está intentando frenar dialogando con Inditex.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal