La Generalitat redobla la presión sobre Renfe a las puertas de las elecciones

El Gobierno catalán está dispuesto a demostrar que no va a dejar pasar ni un fallo a Renfe, y menos en plena campaña electoral. Y que cada incidencia tendrá su respuesta en un momento en el que los independentistas se han fijado el traspaso total y efectivo de la red de Cercanías como máximo objetivo. La última incidencia fue la del pasado jueves, cuando las máquinas expendedoras de billetes no funcionaban y se vivieron largas colas en las estaciones de usuarios que necesitaban adquirir los bonos gratuitos del segundo cuatrimestre. La consejera de Territorio, Ester Capella, se apresuró a anunciar que había pedido una reunión de la comisión mixta Generalitat-Renfe para tratar esta incidencia. Pero cuando no habían pasado ni 24 horas, la Agencia Catalana de Consumo decidió sancionar a la compañía con una multa de 900.000 euros, esta vez por la avería de la línea R2 del mes de mayo del año pasado.

Las incidencias en Renfe hace tiempo que son un arma arrojadiza que usa la Generalitat para presionar al Gobierno central y lograr el traspaso integral del servicio. También es el argumento habitual de los independentistas para culpar a “España” de todo lo que no funciona en Cataluña. El último avance en cuanto al traspaso se logró el pasado noviembre, cuando el presidente Pedro Sánchez se comprometió a iniciar este traspaso, a cambio de que ERC le apoyara en su investidura. Hace dos meses se reunió la comisión que trabajará en ello, aunque es un proceso limitado y progresivo, que empezará por unas cuantas líneas.

La gestión de la red de Rodalies finalmente ha aparecido en la campaña para las elecciones catalanas del 12 de mayo de la mano de los problemas con el software de algunas máquinas de autoventa que provocaron este jueves largas colas de clientes -según denunciaron los clientes por las redes sociales y pudo comprobar este diario en varias estaciones- que querían adquirir los abonos gratuitos del segundo cuatrimestre del año. Renfe informa desde ayer que, para evitar que los clientes esperen, entregarán un título de forma gratuita de diez viajes para que realicen sus desplazamientos hasta que se normalice la situación.

La reacción de la consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, no se hizo esperar y anunció por la tarde que había convocado una reunión de la comisión mixta Generalitat-Renfe para el próximo lunes. Capella incidió en los constantes problemas del servicio. “La excepción es que Rodalies no tenga una incidencia. Cuando no es un fallo informático es que el tren no sale a la hora porque faltan maquinistas o porque el tren que ha de ir con las horas punta es un tren sencillo cuando debería ser un tren doble; cuando no, hay árboles que caen a la vía; cuando no, les han robado el cable”. La consejera aseguró que Rodalies está “obsoleta” y apuntó como responsable al Gobierno central por una falta de inversión.

De momento, el problema persiste, aunque desde Renfe lo minimizan. “La situación sigue igual. Los técnicos están intentando resolverlo lo antes posible. Creemos que no se han formado colas significativas. Si bien se ha podido aglomerar gente en estaciones como plaza Catalunya o Sants, habrá sido un momento puntual y no de manera continuada, ni masiva”, asegura una portavoz de Renfe, que también resalta que durante los dos primeros días de mayo se han vendido 60.000 abonos “con la mitad de máquinas en funcionamiento”.

Pero el Govern también ha sacado pecho de apretar las tuercas a la compañía haciendo pública este viernes la multa de 900.000 euros por las afectaciones a los clientes a raíz de la avería en la R2 Sud de Rodalies justo hace un año. El 2 de mayo de 2023, miles de usuarios de esta línea se vieron afectados por el incendio de un cuadro de señalización en Gavà, que inhabilitó el sistema de señalización entre las estaciones de El Prat de Llobregat y de Castelldefels y que causó restricciones de circulación de los trenes que unen la capital con Tarragona.

Esta no fue una avería menor, ya que tuvo una fuerte afectación en las instalaciones y su reparación se prolongó durante tres semanas. Y su gestión también generó polémica y confrontación entre gobierno estatal y autonómico, precisamente a las puertas de otras elecciones, en este caso las municipales del 28 de mayo. En un primer momento, el ministerio achacó el incendio a un rayo, pero el servicio meteorológico de Cataluña (Meteocat) lo cuestionó, asegurando que ese día no se registraron tormentas eléctricas en la zona de Gavà. Asimismo, la Generalitat acusó a Adif de no permitir una inspección de las instalaciones. Finalmente, la investigación del gestor de infraestructuras ferroviarias concluyó en septiembre que un hilo roto de la catenaria provocó una sobrecarga eléctrica que no pudo ser contenida, ya que el sistema de tierra no funcionaba por un acto vandálico.

Entonces, la Agencia Catalana de Consumo abrió un expediente a Renfe por supuestas “prácticas comerciales desleales” y por incumplir con sus obligaciones de atención a los consumidores, unas infracciones que podían tipificarse como muy graves y que podían traducirse en multas de entre 100.000 y un millón de euros. Durante su investigación, la Agencia detectó “prácticas comerciales desleales”, como no informar a los viajeros si compraban billetes para la línea averiada, alteraciones de los horarios y de los transportes alternativos, puntos de atención a los clientes cerrados y trenes anunciados como directos que después se paraban en todas las estaciones.

Tras las indagaciones, la Agencia ha decidido interponer a la compañía una multa de 900.000 euros, casi el máximo de lo contemplado por la ley. La sanción fue aprobada en la reunión semanal del Govern el pasado martes, pero curiosamente, el Ejecutivo no informó de este acuerdo, a pesar de su relevancia. Fuentes de agencia justifican que Renfe todavía puede recurrir la decisión y por eso no se había hecho público.

Por su parte, Renfe asegura que todavía no ha recibido ninguna notificación sobre la multa, pero cuando la tenga dice que agotará “todas las vías administrativas” para evitarla. Asimismo, desde la compañía acusan al Govern de hacer un “uso electoralista” de la sanción.

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