El futuro Gobierno de Castilla y León sigue en el aire tras los primeros contactos entre partidos

La gobernabilidad de Castilla y León sigue atascada. La insuficiente victoria en las elecciones autonómicas adelantadas del 14 de febrero, con 31 de los 81 procuradores en las Cortes, coloca a Alfonso Fernández Mañueco (PP) ante la disyuntiva de convertirse en el primer dirigente de su partido en gobernar en coalición con Vox o apoyarse en el PSOE para neutralizar a la ultraderecha. La alternativa, un Gobierno del PP en minoría respaldado por partidos pequeños, necesitaría que PSOE o Vox se abstengan en la votación de investidura, algo casi imposible. Una crisis política nacional, la del liderazgo de su propio partido, y un conflicto internacional, la invasión rusa sobre Ucrania, devuelven a Mañueco al segundo plano, donde, dicen quienes lo conocen, se mueve mejor para decisiones de calado, como aliarse con Vox. De fondo, una repetición electoral a la que el PP teme y a la que el hoy presidente en funciones se cierra.

“Estaré al frente de un Gobierno que no sea xenófobo, racista o machista”, ha señalado este lunes Mañueco, quien comenzó la semana pasada la primera ronda de contactos para la investidura, unas conversaciones que han terminado este lunes. El propósito de Mañueco de gobernar en solitario es tan firme como complicado a la vista de los resultados del 14-F. El mandatario pide abstenciones que traigan cuatro años más que sumar a los 35 que el PP lleva en el poder. Pero este planteamiento no avanza porque los socialistas, con 28 procuradores, se ofrecen solo si el PP rompe cualquier relación con Vox en cualquier lugar de España, lo que supondría renunciar a su apoyo externo en Andalucía o Madrid. Por su parte, el partido de extrema derecha, el gran triunfador de los comicios, con 13 procuradores, exige entrar por primera vez en un Gobierno autonómico, el de la Junta de Castilla y León.

La alternativa pasa por un acuerdo del PP con las distintas fuerzas minoritarias de las Cortes. Sin embargo, este no alcanzaría la mayoría absoluta requerida para la investidura en primera vuelta de Mañueco y requeriría abstenciones o socialistas o de Vox para lograrlo en la segunda. La Unión del Pueblo Leonés (UPL), con tres procuradores, prefiere un Ejecutivo en solitario del PP y “consensuar acuerdos” durante la legislatura a que se forme una coalición estable PP-Vox. Soria ¡Ya!, el otro gran triunfador del 14-F y bandera de la plataforma España Vaciada, brinda sus tres escaños para “apoyar gobernabilidades”, con un “grupo de trabajo” acordado con el PP en el que examinen puntos coincidentes de ambas formaciones. Ciudadanos, que pasó de 12 asientos a solo el del exvicepresidente, Francisco Igea, propone un “Gobierno de amplia base” y alianzas “a lo Merkel” —de conservadores, liberales y socialdemócratas— contra la ultraderecha. Unidas Podemos dispone de un solo procurador y reitera que Mañueco y Vox se aliarán. Por Ávila, con otro parlamentario, ni se ha visto con el PP porque Mañueco no iba a acudir al encuentro con esta escisión de su partido.

La búsqueda de liderazgos para el PP nacional ha propiciado una reunión en la tarde de este lunes entre el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, los miembros de la junta directiva nacional de la comunidad y Javier Maroto, portavoz del partido en el Senado. Mañueco fue de los últimos dirigentes del PP en anunciar que retiraba su apoyo al aún presidente popular, Pablo Casado, y se ha posicionado a favor de una candidatura “de unidad” que recupere la estabilidad en la formación. Sobre Alberto Núñez Feijóo, lo ha ensalzado como “autoridad moral” y “moderado”, sin llegar a posicionarse a favor de que el presidente gallego se presente para encabezar el partido pero sí alabando su recorrido político.

El escenario de negociaciones fallidas en Castilla y León arrastraría a una repetición electoral que el PP rehúye y que podría dañar a la formación dada su actual crisis interna. El partido celebrará a principios de abril un congreso extraordinario para elegir a un nuevo presidente nacional que sustituya a Casado, que se ha mostrado poco inclinado a un pacto con la extrema derecha. Vox aprieta pero no ahoga: sabe que tiene la llave y que el PP no quiere urnas, pero no forzará para gestionar cargos tras tres años de crecimiento electoral sin ocupar despachos.

El cortejo a Juan García-Gallardo, líder de Vox en Castilla y León, desagrada a parte del PP autonómico. Fuentes del partido reacias al pacto asumen que este se consumará “cuando acabe el paripé”. Mañueco rechaza tildar de “extrema derecha” a Vox; los considera leales al Estatuto de autonomía, pese a que plantean acabar con las comunidades autónomas, y evita pronunciarse sobre las afirmaciones homófobas de García-Gallardo. La “escenificación fallida” de conversaciones con el PSOE —Mañueco apenas aguantó 15 minutos sentado con el socialista Luis Tudanca y se levantó de la mesa cuando este le mencionó la corrupción— muestra la voluntad del presidente en funciones de pactar con Vox, afirman fuentes populares contrarias a este acuerdo.

La brevedad de la conversación con el PSOE contrastó con la hora y media de diálogo entre PP y Vox. Los de Santiago Abascal aseguraron que el PP había visto “razonables” sus pautas programáticas, pero Mañueco repuso que esa había sido una parte mínima de la conversación y reivindicó la Ley de Igualdad o de Memoria Histórica que Vox quiere derogar. García-Gallardo catalogó de “políticas de izquierdas” las de 35 años de mandatos populares, algunas acordadas por referentes de la derecha como el expresidente del Gobierno José María Aznar en su etapa en Castilla y León (1987-1989) o Juan Vicente Herrera (2001-2019). Este firmó la norma autonómica contra la violencia de género en 2010 o la de memoria histórica en 2019, que agiliza las exhumaciones en un territorio con 526 fosas comunes identificadas.

Tras estos días de discursos infructuosos y acercamientos discretos, el 10 de marzo Mañueco afronta su primer hito: la composición de la Mesa de las Cortes, que evidenciará si hay entente PP-Vox. Después, hasta el 31 de marzo, se abre un periodo para proclamar candidato y, a partir de que se postule uno, dos meses como máximo para votarlo en pleno. De ahí podría salir el primer Ejecutivo regional de España que incluya a la extrema derecha.