Las ascuas políticas del incendio del verano en Ávila calientan las urnas

Aún huele a humo. Han pasado casi seis meses desde que se apagase el fuego que calcinó 22.000 hectáreas de la sierra de Ávila —fue el tercer peor incendio en la historia de España—, pero para estos pueblos sigue pareciendo que fue ayer cuando las llamas arrasaban sus picos. Las casas se libraron por la labor popular, que suplió con tractores y sudor la descoordinación de las administraciones al principio del desastre, que duró una semana. Peor suerte corrieron muchas instalaciones agrarias o toneladas de paja que ardieron en segundos. Las negras cenizas sobre unos terrenos de Sotalbo (200 habitantes) lo acreditan. El olfato tampoco engaña junto a esa evidencia de que la catástrofe sigue muy vigente en Ávila en lo visual y emocional. También en lo político.

El propietario de esas naves, Emilio Torrubia, de 59 años, mira al monte como si el fuego pudiese irrumpir de nuevo y reabrir la pesadilla. Su ganado se salvó, pero no así aquellos miles de pinos que, de chaval, ayudó a plantar por 600 pesetas diarias como jornal. Aquel legado botánico ya es historia. El hombre mira a las elecciones del 13-F en Castilla y León y expresa su indignación hacia los políticos. Sostiene que la falta de infraestructuras y el desconcierto entre entidades públicas provocó que el motor recalentado de un coche acabara en catástrofe medioambiental. “Yo quitaba a los políticos y las elecciones, y que vinieran a sembrar el monte”, dice.

Fotogalería | El humo del incendio de verano llega a las elecciones de febrero

La zona de Ávila que ardió en agosto recuerda la dejadez institucional y le abre el espacio electoral a Vox

Eso mismo han pensado los partidos, pero al revés: han sembrado sus discursos de menciones a Ávila en busca de que el fuego se convierta en argumento electoral en una zona proclive al PP. Fuentes de esta formación temen que esta tragedia, que ha generado múltiples críticas al papel de la Diputación y la Junta (PP), empuje al electorado hacia Vox.

Fuentes de Vox confirman algo que los populares ya manejaban: los líderes de la formación ultra han acudido regularmente a estos pueblos, casi a título personal y sin dejar rastro en redes sociales o medios de comunicación, para canalizar este enojo hacia su candidatura en Castilla y León.

Agricultores y ganaderos comparan esas briznas verdes que ya cubren parte del manto tiznado de 84 kilómetros de perímetro con las promesas de invertir en el servicio de extinción: de poco sirven algunos brotes cuando el horror ya ha ocurrido. Dos representantes del personal antiincendios asisten a este recorrido por la sierra de Ávila, donde los árboles negros y los prados marrones evidencian lo acontecido. Juan Carlos Prieto y Juan Ignacio García, de la plataforma de bomberos profesionales de Castilla y León, lamentan la devastación. “La gente no ve que lo primero es prevenir y tener servicios útiles”, explican.

Ellos no estuvieron aquellos días de infierno, pero hablan en nombre de los compañeros que siguen acusando el trauma. García, que luce el casco y la chaqueta de su gremio, critica que la provincia no cuenta con bomberos profesionales y que la legislación de 1985 recoge que la competencia recae en los Ayuntamientos, salvo que sean pequeños. En ese caso entra la Diputación, que no tiene un parque profesional pese a las grandes extensiones boscosas de sus dominios.

El presidente de la Diputación, Carlos García, aseguró en verano, ante la denuncia de los bomberos, que no hubo “dejación de funciones” y que el ente lleva “dos años trabajando en mejorar el servicio de prevención y extinción de incendios con la construcción de nuevos parques”. Esas palabras, replica Prieto, “son un brindis al sol” porque no constan tales parques: “No hay nada”. El pasado noviembre, la Diputación publicó una memoria económica que incluye 3,3 millones de euros de gasto para incorporar a 91 nuevos profesionales, entre bomberos (82) y personal administrativo.

Prieto y García señalan el punto de la carretera nacional donde comenzó el fuego, muy cerca de unos chorretones de agua ahora helados. “Los presupuestos de la Junta para 2022 tenían 13.000 millones y solo contemplaban 30 para los servicios de extinción”, sostienen. La lenta administración de ayudas y la cuantía económica de todo lo calcinado enfada a Torralba, que calcula en más de 500.000 euros las pacas de paja quemadas y los aperos dañados, o a Piedad Martín, de 55 años: “He llamado a la Junta tres veces, dicen que están desbordados”.

Caminar por el cercano Robledillo (160 habitantes) tizna las botas de ceniza, aún perenne en el suelo. El ganadero Jesús Baterna, de 48 años, rememora esa madrugada del sábado, 14 de agosto, cuando tuvo que saltar de la cama y subirse al tractor para crear cortafuegos que protegiesen el municipio. “Yo ya veía que a mi vecino le cogía”, cuenta Baterna, que agradece la labor de los profesionales que batallaron durante horas. Emilio Torralba valora también la labor de los bomberos, pero censura la tardanza que supuso el caos. “Hay que tener memoria porque se dijo mucho, pero se ha hecho poco. Hasta que no tenemos una desgracia no se actúa. Todo es política”, protesta.