Jaén y las consecuencias de décadas de ninguneo

En marzo del año pasado miles de vehículos marcharon en caravana hacia Despeñaperros en la movilización más importante en la provincia de Jaén desde que, a finales del pasado siglo, las calles se poblaron de agricultores clamando contra la reforma de las ayudas comunitarias al olivar. En una marcha que congregó a una docena de plataformas ciudadanas, los jiennenses quisieron visibilizar en la puerta de entrada a Andalucía el “ninguneo y maltrato institucional” que, según dijeron, está detrás de la aguda crisis socioeconómica en la que está instalada la provincia desde hace décadas.

El detonante de esa protesta masiva había sido, semanas antes, la decisión del Gobierno de la nación (con el apoyo de la Junta) de llevar a Córdoba la base logística del Ejército, Colce, “una afrenta a Jaén”, en palabras del alcalde jiennense, el socialista Julio Millán. Y es que en Jaén todo el mundo daba por hecho que esa inversión estatal (1.600 millones y 3.000 empleos) se quedaría en tierra jiennense, como una manera de resarcirla de tantos años de agravio inversor. “Desde luego en Jaén no ha habido una discriminación positiva, a pesar del evidente atraso relativo; este sería un momento más que adecuado para que esta provincia reivindicara un trato más equitativo y redistributivo por parte de las administraciones públicas, en especial en el ámbito de las infraestructuras”, indica Antonio Martín Mesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén.

Pero ¿cuáles son los indicadores que explican la situación de atonía de la economía provincial y también el malestar de los jiennenses? Por un lado, Jaén viene ocupando casi de forma permanente los últimos lugares de renta per cápita. En 2019 (último año publicado) la renta disponible media era de 17.375 euros por habitante, mientras que la media andaluza se situaba en 19.682 y la española en 23.185. Jaén es, asimismo, una de las provincias con mayor nivel de paro de España (20,4%, según la EPA de 2021), siete puntos porcentuales por encima de la media del país, con la agravante de que el mercado laboral soporta una de las más altas tasas de temporalidad (del 97%).

Un indicador retrata especialmente el compromiso de las administraciones con la provincia: la licitación pública. Atendiendo a la superficie, la inversión pública en Jaén fue durante el año 2021 de algo más de 12.000 euros por kilómetro cuadrado, frente a los 37.000 euros de media en Andalucía y los 47.000 en España, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan). “Claro que necesitamos una discriminación positiva de las administraciones o, por lo menos, que no sea negativa”, afirma Inmaculada Herrador, directora del II Plan Estratégico de Jaén.

No todas las instituciones tienen igual comportamiento. Más del 40% de las obras civiles las han contratado los entes locales, gracias al empuje de la Diputación Provincial. Sin embargo, la Junta de Andalucía, que es el organismo sobre el que recaen la mayor parte de competencias, apenas licitó el año pasado el 47,9% del total, un porcentaje inferior al que ya presentaba a principios de este siglo. Y peor aún fue la inversión procedente del Estado, de apenas el 11,7%, lo que ha provocado las quejas generalizadas del Consejo Económico y Social (CES) de la provincia.

Planes de inversión fracasados

Para corregir los desequilibrios, los agentes sociales llevan años demandando, sin éxito, un plan especial de inversiones para Jaén. Lejos queda ya el Plan Activa Jaén, aprobado en 2006 de la mano del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, dotado con 1.300 millones de inversión suplementaria hasta el año 2009. La iniciativa acabó diluyéndose poco después y, desde entonces, la provincia está instalada en un declive demográfico. En la última década se han perdido más de 40.000 habitantes, siendo Jaén la única provincia andaluza que ha visto disminuir su censo en el último medio siglo.

Los principales proyectos de desarrollo se evaporan, y las promesas de las distintas administraciones se eternizan. La autovía A-32 para la conexión de la provincia con el Levante, proyectada a finales de los años noventa, es la obra pública que mejor simboliza el maltrato político e institucional a la provincia que denuncian los colectivos locales. Tres décadas después ni siquiera se ha completado la mitad del trazado previsto. También el tranvía de la capital jiennense está en dique seco desde 2011, tras una inversión pública de 120 millones de euros. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, justificó hace unas semanas el retraso en su puesta en marcha en las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, dado que los efectos de la inflación habían dejado desiertas varias licitaciones necesarias para la contratación del tranvía.

La última “afrenta” a la provincia ha llegado con el nuevo sistema de financiación de las universidades públicas andaluzas propuesto por la Junta de Andalucía. “Es un modelo perverso que penaliza a la Universidad de Jaén con un recorte de más de ocho millones de euros, y un modelo antisocial porque no se valora el papel de la UJA fijando la población al territorio”, se lamenta el catedrático Alberto del Real, coordinador de la plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén, colectivo que ha resucitado las protestas de la sociedad civil jiennense.

Fernando Calahorro, un histórico del PSOE de Jaén que fue subdelegado del Gobierno entre 2004 y 2012, asume sin ambages que Jaén “ha sido históricamente una provincia olvidada” por los distintos gobiernos. Eso sí, establece dos periodos que según él fueron la excepción a la norma: la primera etapa del Ejecutivo de Felipe González y la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). “Llegó la crisis de 2008 y empezaron a decaer los planes y las inversiones hacia Jaén, y desde entonces se ha mantenido la misma tónica de un cierto agravio inversor”, sostiene Calahorro.

El profesor Antonio Martín Mesa considera fundamental contar con una línea ferroviaria de altas prestaciones Jaén-Córdoba para unir a la provincia con el AVE. Además del ferrocarril —que vive una situación de ocaso desde 1992―, apuesta por la mejora de las infraestructuras de banda ancha y la cobertura de telefonía móvil, todavía muy deficientes en determinadas áreas de la provincia, así como la construcción un centro logístico en el norte de la provincia, “que permitiera rentabilizar nuestra estratégica posición geográfica”.

Y aunque en Jaén ya casi nadie habla del fiasco del Colce, Martín Mesa cree necesaria la instalación en la provincia de una gran industria en el ámbito de la transición energética. “En esta subasta de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, Jaén debe y puede conseguir que se instale en la provincia una gran empresa industrial tractora. Los gobiernos central y autonómico tienen la responsabilidad de discriminar positivamente a Jaén y los jiennenses y sus representantes la obligación de reclamarlo”, concluye el economista jiennense, que es director de la Cátedra de Planificación Estratégica de la UJA.