La exconsejera de Mazón investigada en la dana: “Esperamos que Vilaplana cuente toda la verdad”

Salomé Pradas, la exconsejera de la Generalitat Valenciana investigada en la causa de la dana, confía en que la instrucción de la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra aflore toda la verdad sobre la riada que dejó 229 muertos en 2024. El entorno de esta exdirigente explica a EL PAÍS que espera que los testimonios de los testigos que desfilarán próximamente por el juzgado —ya han pasado más de 350— ayuden a reconstruir qué ocurrió durante la mayor catástrofe natural del siglo en España.

Entre ellos, figura Maribel Vilaplana, la periodista que almorzó con el president Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro durante casi cuatro horas (15.00-18.45) mientras se inundaba parte de la provincia de Valencia. La informadora comparecerá como testigo el próximo lunes. “Esperamos que Vilaplana diga toda la verdad, que cuente todo lo que sabe, como cualquier otro testigo. Tampoco sabemos hoy qué pasó en esa comida, no comida... Y eso que no creemos en las teorías de la conspiración, ni siquiera en las que nos interesan”, indican en el entorno de esta exdirigente, que fue destituida por el barón popular cuatro semanas después de la tragedia.

El círculo de Pradas defiende que la que fuera consejera de Justicia e Interior de la Generalitat es la primera interesada en conocer qué ocurrió durante la aciaga jornada. “Queremos que se sepa toda la verdad. Lo hemos dicho desde el principio. De ahí, no vamos a salir. Hemos elegido el camino de decir la verdad, pese a que muchos digan que se miente. No es así”, señalan las mismas fuentes.

La extitular de la cartera responsable de Emergencias ―según su círculo más próximo― niega haber incurrido en cambios en su relato. Cuando declaró el pasado abril como investigada —una condición que no le obligaba a decir la verdad— aseguró a la instructora que no dirigía nada, descargó su responsabilidad en los técnicos y exculpó a Mazón. Unas imágenes ocultadas por la Generalitat a la jueza durante once meses mostraban a la exconsejera repartiendo turnos de palabra en el Cecopi. Desde este órgano de la Generalitat que coordinó la tragedia se envió el mensaje masivo a móviles Es Alert, que se coló en los teléfonos cuando la mayoría de los desaparecidos había muerto. “No ha mentido en ningún momento. Una cosa es mentir y otra tener lagunas. Se ha intentado aportar todo al juzgado, aunque nos hayan dado una transcripción muy mala de 20 páginas”, explica el entorno de Pradas.

Para esclarecer la verdad, relatan estas fuentes, Pradas ha pedido a la jueza de Catarroja que cite a una batería de nuevos testigos. Uno de ellos es quien fuera su asesor de asuntos generales, Marco Presa, que supuestamente grabó unas imágenes en el centro de coordinación de emergencias en las que aparece la exconsejera y que son clave para las pesquisas de la jueza Ruiz Tobarra. “Es injusto cómo la han tratado. Se ha documentado bien, como demostró en el juzgado”, valoran.

El círculo de Pradas indica que la exmandataria reportó a la cúpula de la Generalitat las decisiones clave de la gestión de la tragedia. “Se informó a Presidencia, nos ratificamos”. En el juzgado, la exconsejera relató que habló con Presidencia del Consell, con el secretario autonómico de Presidencia, con el gabinete de Mazón y con el propio president”. También dijo ante la jueza que el retraso en el envío del Es Alert obedeció a que el sistema de mensajes a teléfonos era provisional. “Estaba en pruebas y había muchas circunstancias concurrentes que había que valorar. No teníamos toda la información. No sabíamos ni que el barranco del Poyo se había desbordado. Nadie estaba esperando a que se diera el visto bueno a la medida”, relató a la instructora.

Las llamadas desde El Ventorro

Mazón se comunicó cinco veces con Pradas desde El Ventorro. Y, tras abandonar el restaurante, a las 18.45 horas, volvió a llamar a la exconsejera a las 19.43 horas y a las 20.10, un minuto antes del envío del Es Alert. “[Pradas] no llamó para hablar con Mazón de qué se iba a hacer el fin de semana [ironiza sobre la gravedad de los temas abordados]. No le preguntó [al jefe del Consell] absolutamente nada, sólo le trasladó información. En el Cecopi se habían tomado decisiones. [La exconsejera] no esperó a que nadie diera el visto bueno. Si lo llega a hacer, igual estábamos todavía esperando [en alusión al envío del mensaje masivo a móviles]”.

El entorno de Pradas afirma que a Mazón no se le echó en falta en el dispositivo que coordinó la crisis en L’Eliana (Valencia), donde el barón desembarcó a las 20.28 horas, tras el envío de la alerta (20.11). “Vamos a ser justos, no hubiera cambiado nada [la llegada anticipada del president]. Pradas estuvo en su sitio desde antes de tener la dirección institucional del plan, por la mañana”, zanjan las mismas fuentes.

La exconsejera defiende, incluso, que asumió responsabilidades que no le correspondían en el centro de coordinación de emergencias, donde acudió tras declararse las alertas hidrológicas por el río Magro y el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento desató la catástrofe en municipios como Paiporta o Catarroja, donde la riada se llevó 56 y 25 vidas, respectivamente.

“Pradas era el mando único a partir del nivel 2. Se decreta a partir de las 15.00 horas para la zona de Utiel y Requena; a las 18.45 paras las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baja y, a partir de las 19.00, para toda la provincia”, indican estas fuentes.

La exmandataria considera que, gracias a las recientes declaraciones judiciales de testigos, como la de Inmaculada Piles, la jefa de la centralita telefónica de la Generalitat 112, que reveló que el Gobierno central le propuso enviar la alerta a los móviles las 18.35 horas, se demuestra que “el Ejecutivo central también estuvo en la ecuación”.

La magistrada de Catarroja, sin embargo, ha desmontado en decenas de autos la denominada teoría del apagón informativo, que apunta a que, si la Generalitat actuó tarde el 29-O fue porque organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, avisaron con retraso de la magnitud de la tromba. En distintos autos avalados por la Audiencia Provincial de Valencia, se ha negado a imputar a los responsables de estos organismos o a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé.

“El aniversario fue horrible”

El entorno de Pradas relata “la tristeza” que sufrió la exconsejera durante el aniversario de la catástrofe, que se conmemoró este miércoles con un funeral de Estado laico en memoria de los 237 fallecidos tanto en Valencia como en Castilla-La Mancha y Andalucía y en el que Mazón fue insultado por las víctimas al grito de ¡asesino!”, “¡fuera!” o “sinvergüenza”. “Pradas pasó un día horrible, pensando en las víctimas. Ellas se merecen la verdad. Esperamos que se haga justicia. Queremos que se conozcan los protocolos y qué es lo que pudo hacer cada administración. Las víctimas siempre van a tener a Salomé a su lado”, apuntan.

La jueza de Catarroja imputó a Pradas el pasado marzo por los presuntos delitos de lesiones y homicidios imprudentes, que están castigados con hasta tres y cuatro años de prisión, respectivamente. Junto a ella, también está investigado el que fuera su número dos durante la riada, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso. La instructora ha propuesto a Mazón en tres ocasiones declarar como investigado de forma voluntaria. El dirigente se ha negado. Al ser aforado, el president sólo puede ser citado como imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la exposición razonada de la jueza.

La magistrada rechazó en octubre archivar la causa contra Pradas al estimar que existían “indicios abrumadores de conducta negligente”. “Esa ilusoria incapacidad de decisión de la consellera encargada de la emergencia, en la peor inundación desde la riada del 57 [catástrofe que causó 81 muertos en Valencia], bajo la que se parapetó la defensa [...] se ha mostrado absolutamente incierta", alegaba la instructora para justificar su decisión. Pradas ha recurrido la resolución.