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La jueza de la dana pide a Las Cortes el listado de llamadas de Mazón

“Resulta igualmente preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios del ‘president’”, razona la magistrada

Joaquín Gil

Cerco a las llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la mayor desgracia del siglo. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha pedido a las Cortes Valencianas el listado de comunicaciones que mantuvo el día de la tragedia el barón popular. La magistrada da un día al Parlament para que remita esta información, que maneja la comisión de investigación de esta cámara sobre la desgracia que dejó 229 muertos en Valencia en 2024, según un auto notificado este lunes.

El movimiento de la instructora llega una semana antes de que la periodista que comió con el jefe del Consell el día de la desgracia, Maribel Vilaplana, declare ante la magistrada de Catarroja como testigo. Una condición que le obligará a decir la verdad sobre el almuerzo en el céntrico restaurante El Ventorro que compartió durante casi cuatro horas (15.00-18.45) con el barón popular mientras se inundaba parte de la provincia de Valencia tras el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la inundación que arrolló municipios como Paiporta o Catarroja, donde la riada dejó 56 y 25 muertos, respectivamente.

La instructora considera “pertinentes” las llamadas de Mazón para analizar cómo evolucionó el Cecopi —el órgano de la Generalitat que gestionó la desgracia— y el envío de la alerta, el mensaje masivo a móviles que remitió la Generalitat a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los 229 desaparecidos había muerto.

La jueza rastrea el cruce de comunicaciones entre Mazón y la principal imputada en las pesquisas, la consejera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas. Y trata de comparar esta relación con las comunicaciones recogidas en un informe pericial aportado por la exdirigente. Mazón llamó en cuatro ocasiones a Pradas desde el restaurante. Y, tras abandonar esta casa de comidas, a las 18.45 horas, el barón popular volvió a comunicar con la exconsejera a las 19.43 horas y a las 20.11, un minuto antes del envío del ES Alert, una notificación que, si se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas, según la magistrada, que concibe este mensaje como la piedra angular de las pesquisas.

En opinión de la jueza, “resulta igualmente preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios que pudiera haber hecho el president sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban sus participantes y por qué se actuó del modo en el que se hizo", indica la instructora. Alude Ruiz Tobarra a un auto de la Audiencia de Valencia de la semana pasada que obliga a la magistrada de Catarroja a citar como testigo a Vilaplana, que comparecerá el próximo lunes en el juzgado.

La Audiencia advirtió el pasado 16 de octubre que Mazón “ostenta la máxima condición de la Generalitat [...] y puede impartir instrucciones a los miembros del Consell”.

La relación de llamadas que solicita la magistrada fue facilitada el pasado 15 de octubre por el Gobierno autonómico a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas que indaga la desgracia. Se trata de un documento elaborado por la Generalitat sin validez legal que no se corresponde con una factura. El listado no detalla la duración de las comunicaciones ni si las llamadas son entrantes o salientes. Tampoco recoge las no atendidas o perdidas. Y arranca a las 17.37 horas, cuando el barón popular contactó por primera vez con la exconsejera Pradas, mientras se encontraba con Vilaplana en El Ventorro.

Al solicitar esta relación, la jueza no vulnera el secreto de las comunicaciones. “El listado de llamadas que se pretende recabar es un documento público, que ha sido remitido por Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación de la dana de las Cortes”, alega la instructora.

El listado apunta que el jefe del Consell contactó en dos ocasiones con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la noche del 29-O, a las 21.27 y 21.31 horas, pese a que el responsable nacional de la formación aseguró que había estado en contacto “en tiempo real” con el president desde la noche del día anterior a la tromba.

También mostraba la relación que Mazón se comunicó con el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras el envío de la alerta masiva a móviles y tras desembarcar en el edificio del Cecopi de L’Eliana (Valencia), a las 20.28 horas. A partir de entonces, el popular telefoneó a la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; y a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Ejecutivo. El president también marcó cuatro veces —entre las 21.33 y las 22.37 horas— el número del entonces presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

A vueltas con los vídeos ocultados por la Generalitat

En su batería de pesquisas, la jueza quiere incorporar a la investigación todos los vídeos propiedad de la Generalitat sobre los momentos clave de la crisis, como la reunión en el centro de coordinación de emergencias de L’Eliana -donde la mañana del 29O se gestionaron las alertas hidrológicas por el río Magro y el Poyo- o el encuentro del Cecopi. El movimiento llega después de que la instructora descubriera que el Ejecutivo de Mazón ocultó durante once meses material audiovisual capital para desgranar responsabilidades en momentos como el envío de la alerta.

La jueza Tobarra pregunta otra vez a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), que depende de la Generalitat, si hay otras grabaciones del día de la dana. Y pide, de nuevo, a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias que remita los vídeos originales de las grabaciones que forman parte de las pesquisas.

Las imágenes de la discordia muestran a la exconsera Pradas dando instrucciones en el Cecopi. Un comportamiento que esta investigada negó en el juzgado, cuando declaró el pasado abril. “Yo no dirigía nada”, llegó a decir entonces.

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Sobre la firma

Joaquín Gil
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.
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