La jueza de la dana mantiene la imputación de Pradas ante los “indicios abrumadores” de “negligencia”

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, mantiene la imputación de la principal ex alto cargo de Mazón investigada, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas. La instructora estima que existen “indicios abrumadores de conducta negligente” para tenerla bajo el foco de las pesquisas por su papel en la gestión de la inundación que causó 229 muertos y un reguero de destrucción en Valencia, según un auto notificado este viernes.

Pradas, que figura como investigada desde el pasado marzo por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, había solicitado esta semana a través de su abogado el sobreseimiento. Esgrimió para ello la tesis del apagón informativo, que sostiene que, si la Generalitat actuó mal, fue porque organismos estatales, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no informaron a la administración autonómica a su debido tiempo. Un principio que la jueza desmonta en cada auto.

La magistrada carga ahora contra esta estrategia de defensa. Y destaca que las razones por las que imputó a Pradas se encuentran intactas. “Esa ilusoria incapacidad de decisión de la consellera encargada de la emergencia, en la peor inundación desde la riada del 57 [catástrofe que causó 81 muertos en Valencia], bajo la que se parapetó la defensa [...] se ha mostrado absolutamente incierta", replica la instructora. Y critica que Pradas no conociera el funcionamiento del sistema Es Alert, que permite enviar mensajes masivos a móviles para avisar a la población. Y que fue determinante para evitar muertes, según la jueza. La notificación que ordenó enviar la exdirigente -que fue destituida por Mazón cuatro semanas después de la tragedia- llegó tarde, cuando la mayoría de los 229 víctimas mortales ya habían fallecido o se encontraban desaparecidos. “Alerta que, como se ha expresado en previas resoluciones, inexplicablemente se envió con un retraso que, dada la posición de garante que ocuparía [Pradas], llevaría a la atribución a la investigada de dicha negligencia con resultado mortal”, razona la jueza.

La magistrada recuerda que la CHJ y la Agencia Española de Meteorología (Aemet), que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, avisaron con antelación. Este último organismo, incluso, emitió una alerta roja a las 7.36 horas, la máxima en la escala, el día de la desgracia y ocho días antes vislumbró el riesgo a través de avisos.

“La declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no puede en ningún caso exonerar de responsabilidad a la investigada”, alega la jueza en alusión a la reciente comparecencia como testigo del responsable de este organismo estatal, Miguel Polo. Una declaración a la que se aferró Pradas para justificar su petición de archivo.

La instructora, además, critica con dureza la tesis que esgrimió la exmandataria durante su declaración el pasado abril como investigada, una condición que le permite no decir la verdad. La exconsejera se desmarcó en el juzgado de la toma de decisiones relevantes, descargó su responsabilidad en los técnicos y exculpó a Mazón. “¿Por qué si la investigada, que afirmaba no tenía conocimientos en materia de emergencias, daba específicas órdenes sobre el mensaje? Es una pregunta que, obviamente, no ha tenido respuesta en la causa", expone Ruiz Tobarra en su demoledor auto.

Junto a Pradas, se encuentra imputada en la causa quien fuera su número dos durante la tromba, Emilio Argüeso. Ambos están siendo investigados desde marzo por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.