Libertad educativa, PAU y censura literaria: la cruzada del PP contra el valenciano

La primera medida de la cruzada del PP contra el valenciano fue la mal llamada Ley de Libertad Educativa. Una ley que ha servido en realidad para instalar un retroceso lingüístico masivo en los centros valencianos. El resultado es un rosario de situaciones injustas: aulas descompensadas, cambios de matrícula de un centro a otro. A pesar de que la consulta dio un resultado ajustado a favor del valenciano, en las zonas castellanohablantes ni siquiera se respeta ya el mínimo del 25% que antes se garantizaba en ambas lenguas. Todo el alumnado, hayan votado una opción u otra, recibe hoy menos valenciano que el curso pasado, y especialmente lo sufren los de las zonas de predominio lingüístico castellano.

En este contexto se inserta la siguiente ocurrencia de Mazón: permitir que en la PAU el alumnado pueda elegir examinarse solo de castellano o solo de valenciano, en lugar de hacerlo de ambas lenguas oficiales como marca la normativa estatal vigente desde 1992. Él mismo sabe que esa propuesta no saldrá adelante, porque ningún gobierno va a suprimir el castellano de las pruebas de acceso a la universidad. Pero también sabe que, si llegara a aplicarse, la inmensa mayoría del alumnado optaría por el castellano. Es la lengua con más presencia social y la que les ofrece mayor seguridad. El resultado sería evidente: el valenciano quedaría reducido a una opción residual y perdería aún más peso en el sistema educativo.

Si realmente le preocupa que el alumnado obtenga peores notas en valenciano, la solución no es suprimir exámenes sino reforzar su enseñanza. Hace falta más profesorado, ratios más reducidas, actividades de refuerzo y apoyo en todos los centros. Además, si ya hoy hay alumnos que obtienen peores resultados en valenciano, en el futuro la situación será mucho peor: la propia reducción del valenciano, sobre todo en las zonas castellanohablantes, hará que todavía se obtengan peores calificaciones en las próximas PAU. Con su Ley de Libertad Educativa, Mazón está creando las condiciones para perjudicar directamente a ese alumnado y será responsable de las consecuencias que esto tenga en su acceso a la universidad.

Si la Ley de Libertad Educativa crea el marco y la reforma de la PAU mina el futuro, la supresión de los autores catalanes sería el golpe simbólico definitivo. Mazón ha propuesto eliminar toda referencia a escritores catalanes del currículo de Valencià, reservando el espacio literario exclusivamente a autores valencianos. Esta medida revela una lógica alarmante: que la lengua y la cultura sean instrumentos de propaganda en lugar de vectores de educación y convivencia. Suprimir a Rodoreda, Espriu o Monzó del programa literario no es reforzar lo valenciano, sino empobrecer lo cultural. Sería algo equivalente a que México prohibiera a los autores españoles, como Cervantes, para “fortalecer su identidad nacional” o que en España se vetara a García Márquez por no ser español.

Más grave aún, supondría que la Administración decide qué autores merecen ser leídos en el aula y cuáles no, usurpando una competencia del profesorado y del ámbito cultural. Es una censura ideológica disfrazada de “reforma cultural” que rompe con la práctica habitual: el actual decreto de Bachillerato no menciona autores, solo orienta a leer obras representativas, y es el profesorado quien decide.

La suma de esos tres golpes tiene ya consecuencias concretas. Se está produciendo una reducción real del valenciano en todos los centros y, al mismo tiempo, se produce un desprestigio cultural del valenciano, al aislarlo de la literatura catalana y privarlo del contexto compartido que le da sentido y lo enriquece. Esta separación artificial rompe con siglos de tradición común y empobrece la formación del alumnado. También se ve intervenido el profesorado a quien se le recorta la libertad curricular mediante la imposición de qué obras deben leerse en clase. Y el gran perjudicado es el alumnado, que queda privado de una educación completa: menos exposición a literatura universal, menos diversidad lingüística y menos pensamiento crítico. Todo esto se inscribe en un curso ideológico del currículo que, si hoy elimina autores catalanes, mañana puede borrar obras críticas u otras que no convengan al poder de turno.

Frente a este ataque, la respuesta no puede ser solo simbólica: debe ser estructural, educativa y social. Hace falta un rechazo político y ciudadano que explique con claridad lo que hay detrás, porque no se trata de un asunto menor ni de un simple ajuste técnico, sino de una reforma profunda de la educación. Es imprescindible garantizar la libertad curricular real, de manera que los departamentos puedan decidir autores y obras sin imposiciones partidarias. Y allí donde se vulneren derechos lingüísticos consagrados por la Constitución, el Estatuto y la normativa autonómica, debe activarse la acción jurídica para frenar los retrocesos. Por último, conviene fomentar una movilización cultural sostenida: que el valenciano no se defienda solo desde lo institucional o lo comunitario, sino también desde la cultura, la literatura y la vida cotidiana, como lengua de todos y para todo.

Lo que podría parecer un conjunto de medidas aisladas, la Ley de Libertad Educativa, la reforma de la PAU y la eliminación de los autores catalanes del currículo es, en realidad, la expresión de una estrategia coordinada y persistente para debilitar el valenciano desde la base normativa, pedagógica y simbólica. No estamos ante simples ocurrencias personales de Mazón o Rovira, sino ante la hoja de ruta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, decidido a librar una auténtica cruzada contra nuestra lengua hasta reducirla a la mínima expresión en las aulas y en la sociedad.

Miguel Soler es secretario de Educación de la ejecutiva del PSPV-PSOE