La jueza de la dana expulsa de la causa a una víctima que pidió encarcelarla y vinculó la riada con “poderes satánicos”

La jueza de Catarroja que indaga la dana ―la catástrofe natural que dejó 229 muertos en Valencia el pasado 29 de octubre― ha expulsado de la investigación a una víctima de la colosal riada. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra estima que esta damnificada, que perdió a un familiar, ha actuado “en alineación total” con los intereses de uno de los dos exaltos cargos de Carlos Mazón imputados en la causa, el exdirector general de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso.

La instructora acusó a este exdirigente de haber instigado una “campaña difamatoria” contra ella para apartarla de las pesquisas. Y, como si de una sincronizada estrategia se tratara, considera que la actuación de la víctima implica un “abuso de derecho” y “fraude procesal”. “Defiende a un investigado”, zanja la jueza.

En un auto notificado este jueves, Ruiz Tobarra recuerda que la víctima participó en una manifestación en Madrid el pasado 29 de junio donde gritó: “Nuria [Ruiz Tobarra] debería estar en la cárcel y, de hecho, si no cambia la instrucción y sigue las directrices de los que mandan, vamos a ir a por ella”. “El pueblo entero va a ir a por ti”, clamó.

A juicio de la magistrada, el hecho de que la víctima se haya querido personar en la pieza separada para determinar si sanciona disciplinariamente al abogado de Argüeso, José María Bueno Manzanares, (la instructora le atribuye ser el ideólogo de una “campaña difamatoria” para apartarla) revela la supuesta estrategia sincronizada entre el defensor del exalto cargo de la Generalitat y la damnificada.

“Ritos satánicos y masonería” tras la riada

En su resolución, la magistrada también recuerda que la víctima ha participado en vídeos de YouTube que alientan la teoría de la conspiración. Y sostienen que la colosal gota fría fue causada por oscuros poderes. En uno de ellos, titulado “No llovía: provocado todo”, la damnificada se expresa así sobre los presuntos ideólogos de la dana: “Sí, lo tenemos clarísimo. Son gente satánica. Son masones. Son el poder oscuro”.

En su alocución, elucubra también sobre la jornada de la tragedia (29 de marzo de 2024). “Las fechas están pensadas desde hace mucho tiempo y todas coinciden. Son satánicas. Quieren crear miseria. Nos quieren destruir. Con la muerte ganan ellos”.

La víctima también alienta el denominado bulo del aparcamiento del centro comercial Bonaire, una instalación de dos plantas inundada tras la riada en el municipio valenciano de Aldaia donde, según las teorías de la conspiración difundidas en las rede sociales, murieron un centenar de personas. Un dato que se reveló falso. “Se han ocultado cadáveres. Se han visto furgones desde el aparcamiento de Bonaire que salían por la noche con matrículas quitadas [...]. Es un plan de la agenda 2030. Somos conejillos de indias”, indicó. También sostiene la víctima que se han manipulado los certificados de defunción de los cadáveres.

En su exposición para sostener la expulsión de la acusación particular que representa a esta damnificada, la magistrada concluye: “No es en este lugar donde se deben investigar los bulos de miles de asesinados. N tampoco donde se me investigue a mí, como pretende su cliente”.

De nuevo, en su resolución de este jueves, la jueza retoma la idea de la existencia de una campaña para desprestigiarla y apartarla de unas pesquisas que pueden acabar con la imputación del president Mazón, que, al ser aforado, solo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la exposición razonada de la instructora.

Desde que arrancó la investigación judicial, hace diez meses, Ruiz Tobarra ha recibido duros reproches sobre supuesta parcialidad, sectarismo y politización. Las invectivas llegaron del entorno de los dos exdirigentes de la Generalitat investigados, que han denunciado la supuesta injerencia en las pesquisas del marido de la funcionaria, el también magistrado Jorge Martínez. La presunta intromisión fue divulgada por medios como Ok Diario, que llegó, incluso, a publicar que la pareja de la funcionaria interrogó a una víctima de la inundación. La jueza reveló, además, que un abogado personado en la causa tomó fotos de su hija menor.

Junto a Argüeso, en la causa también se encuentra imputada la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas, que, como su compañero, fue destituida cuatro semanas después de la tragedia. Ambos se enfrentan a unas pesquisas que indagan los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.