La jueza de la dana investiga a los bomberos que se retiraron del barranco del Poyo antes de la catástrofe

El aciago día de la mayor catástrofe natural que ha arrasado Valencia, la dana que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción el pasado octubre, los bomberos del Consorcio Provincial se retiraron del barranco del Poyo, epicentro de la inundación. Ocurrió a las 15.00 horas. Su entonces jefe, José Miguel Basset, ya jubilado, justificó que se fueron anticipadamente “porque había ganas de comer”. Tras arreciar la bronca política y pedir disculpas, el mando enmarcó la retirada en un descenso del caudal.

Una hora y cuarenta minutos después de la marcha, decenas de llamadas de vecinos de Chiva, donde nace el barranco del Poyo, alertaron al 112 —la centralita telefónica de la Generalitat— del desbordamiento. El agua rabiosa penetró en las casas y brotaba como un manantial por los aparatos de aire acondicionado y enchufes.

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, quiere iluminar las incógnitas de la actuación de los bomberos —que dependen de la Diputación de Valencia— durante el 29 de octubre. Y ha citado a declarar como testigo a un responsable de este cuerpo. En paralelo, ha solicitado al Consorcio Provincial un informe sobre cuándo comenzaron los rescates, cuántas víctimas fueron auxiliadas y el lugar de estas actuaciones. Así lo confirma un auto de la funcionaria notificado este miércoles a las partes de esta causa que indaga los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes.

El movimiento de la instructora se produce después de la declaración como testigo de una jefa de Emergencias de la Generalitat, que esta semana aseguró que no sabía por qué el día de la tragedia se ordenó retirar los bomberos de la rambla del Poyo antes de las 15.00. Y anunció que los efectivos salieron a las 12.48 a controlar esta infraestructura a su paso por los municipios valencianos de Picanya, Paiporta y el río Magro. El operativo quedó registrado en el Cordcom, una suerte de caja negra que refleja todas las decisiones importantes. Para cotejar los datos de este dispositivo, la magistrada ha solicitado a la Conselleria de Emergencias las anotaciones de este registro correspondientes a aquel 29 de octubre.

A petición de la defensa de la exconsejera de Justicia e Interior durante la riada, la imputada Salomé Pradas, la jueza ha preguntado también a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) —que depende del Ministerio para la Transición Ecológica— si existía un punto de control en el barranco del Poyo en pruebas a la altura del municipio valenciano de Massanassa. Y ha requerido un listado de las alertas sobre el río Magro emitidas el día de la dana. También ha instado a este organismo a identificar a los trabajadores del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que controla los caudales.

Desde el inicio de la instrucción, el pasado noviembre, la CHJ se ha convertido en la diana de Pradas, del que fuera su segundo durante la inundación, el también imputado Emilio Argüeso, y del propio president, Carlos Mazón. La jueza, sin embargo, se ha negado a imputar al máximo responsable de este último organismo, Miguel Polo, tal y como solicitaban varias acusaciones populares.

La Generalitat que preside el barón popular ha defendido con vehemencia la tesis de que, si no se actuó antes, fue porque estas instituciones gubernamentales no informaron con suficiente antelación. Un relato que obvia que la centralita del 112, que depende de la autonomía, recibía llamadas de auxilio desde primera hora de la tarde del 29 de octubre que confirmaban la dimensión de la riada. Pese a esto, la administración de Mazón no envió la alerta masiva a móviles hasta las 20.11 horas, cuando se acumulaban los fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. La notificación se ha revelado clave de la instrucción. La jueza sostiene que, de haberse enviado antes y mejor (el texto no pedía subir a las primeras plantas), se habrían salvado vidas.

Para resolver otro de los enigmas de la aciaga jornada, fruto de la refriega partidista, la jueza ha pedido una grabación para acreditar si un funcionario de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) indicó a un responsable de emergencias de la Generalitat que la dana se iría a la Serranía de Cuenca, tal y como sostuvo en el juzgado un técnico autonómico que validó la alerta a móviles.

En su declaración como testigo, en la que tiene la obligación de decir la verdad, el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, negó este hecho. Una idea que sostuvo el president Mazón durante la mañana de la dana. También auguró el popular que el temporal reduciría su intensidad por la tarde —cuando llegó lo peor— y tildó de exagerada la decisión de la Universidad de Valencia de suspender las clases.

En el marco de la causa de la dana, la Fiscalía ha respaldado un recurso de la asociación ultra Hazte Oír para poder personarse en la investigación. Y ha rechazado que se cite a declarar como testigo a los tripulantes del equipo de salvamento marítimo que participaron en los rescates durante la gota fría. Según el ministerio público, las pesquisas indagan sólo a los responsables del Cecopi –el órgano de la Generalitat que coordinó la crisis de la riada- que tomaron decisiones erróneas y pudieron desatar los fallecimientos.

Además, la fiscalía ha desestimado un recurso de la primera organización de afectados por la dana en constituirse, la Asociación de Damnificados Horta Sud. La entidad solicitaba la comparecencia como querellados, entre otros, del presidente de la CHJ, Miguel Polo, y del subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez.